 El comité Blue Ribbon creado por la gobernadora Calderón como un arma contra la corrupción ha estado bajo fuego desde que un juez federal declaró que había violado el debido proceso en dos casos: el del ex Director de Presupuesto Jorge Aponte y el relacionado con el Secretario de Recursos Ambientales Daniel Pagán.
La cuestión legal que considera la sentencia -que fue objeto de una apelación presentada esta semana por el ELA- es si las actividades del panel constituyen un procedimiento "judicial" o "adjudicativo" .
Pero la pregunta que la mayoría de la gente se hace es si Comité Blue Ribbon es una versión moderna de la inquisición española usada para atacar a los oponentes políticos de la gobernadora o una herramienta legítima para combatir la corrupción en el gobierno.
La respuesta honesta es que el panel probablemente tenga un poco de ambas cosas, pero la manera en que el público juzga su accionar refleja en definitiva la opinión que éste tiene de la administración Calderón en su conjunto.
Cuando se la llamó a atestiguar en el juicio iniciado por Aponte y Págan contra el panel Blue Ribbon, Calderón no negó que a menudo sus objetivos eran miembros del Partido Nuevo Progresista que habían servido bajo la administración del ex gobernador Pedro Roselló. Expresó que la creación de la comisión se generó en la promesa electoral de lanzar un ataque frontal a la corrupción en el gobierno.
Oficialmente denominado Comité Independiente de Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales, sus investigaciones se centraron sin lugar a dudas en los ocho años de la administración Rosselló. Aunque el comité tiene libertad para investigar lo que le plazca, era de esperar que bajo la presidencia de David Noriega, ex candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, se estudien las privatizaciones realizadas por la previa administración de Rosselló.
La declaración es injusta, ya que refleja el prejuicio de Noriega, quien como independentista piensa que la privatización es mala porque representa una enajenación del "patrimonio nacional". Ninguna de las privatizaciones más importantes de Rosselló -como ser las ventas de la empresas estatales de teléfonos, las íneas de transporte marítimos y los hoteles- fue empañada por la corrupción. Por el contrario, los casos de corrupción se produjeron porque servidores públicos carentes de ética entraron en turbios negocios con empresarios deshonestos.
Los abogados del ELA, en una apelación presentada esta semana ante la Primera Corte de Apelaciones de Boston, argumentaron que la sentencia del Juez de Distrito estadounidense José Fusté estaba equivocada porque el comité no es un cuerpo judicial que pueda presentar cargos criminales contra alguien.
Pero parece que para Fusté y muchos otros observadores el comité luce, huele y se siente como un cuerpo judicial, aunque carezca del poder final para presentar cargos judiciales.
Si bien técnicamente el panel sólo reúne información y emite informes y recomendaciones a la gobernadora, el resultado de sus investigaciones ha sido ampliamente publicitado mediante conferencias de prensa.
Tácticas tales como ocultar evidencia a las personas sometidas a investigación y rehusar que los testigos tomen nota o registro de sus procedimientos refutan la pretensión del comité de que se trata de un inocente grupo de ciudadanos que busca indagar los hechos. Un experto legal del Partido Popular Democrático expresó a los periodistas que los procedimientos del comité Blue Ribbon le recordaban los de un "tribunal napoleónico.
Sin embargo, la sentencia de Fusté está lejos de otorgarle una victoria total a Págan y Aponte. El Juez desestimó la denuncias de que ellos estaban siendo perseguidos políticamente y defendió el derecho del poder ejecutivo a crear este tipo de comité.
El panel, que incluye individuos respetados como la ex controladora Ileana Colón Carlo y Carmen Rita Vélez Borrás, ex jueza y secretaria de justicia de la administración del ex gobernador Carlos Romero Barceló, ha estado trabajado a brazo partido y presentó cuatro informes este año. Todos fueron entregados a la gobernadora y al Departamento de Justicia para su potencial prosecución.
Un informe acusó a Págan de interferencia indebida en el otorgamiento de un contrato de reciclado y por destrucción ilegal de documentos. El contrato le costó millones a los contribuyentes, pero tuvo pocos resultados tangibles según la comisión.
También acusó a Págan y Aponte de "negligencia grave " por permitir a sus subordinados comprar un edificio que costó $ 8 millones por encima de su valor real. El inmueble, que alberga al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, le habría costado a los contribuyentes un total de $43 millones.
La cuestión de la corrupción fue probablemente la causa de la victoria de Calderón el pasado noviembre, y se puede argumentar que dicha comisión era necesaria por la gran cantidad de casos de corrupción gubernamental que ha estado saliendo a la luz, en su mayor parte a través del trabajo de fiscales federales.
Incluso agencias del gobierno local que han estado entregando resultados, tales como la Oficina de Controlador y el Departamento de Justicia, parecen estar obteniéndolos a un ritmo demasiado lento, presentando informes o cargos sólo después de que los responsables de los delitos abandonaron sus funciones. El controlador presentó más de 50 informes este año, la mayoría sobre alcaldes de la isla, ante el Departamento de Justicia para su potencial prosecución. Pero muchos de ellos ya han dejado sus puestos, y pocas investigaciones fueron completadas. La sobrecarga de trabajo en el sistema de rastreo de contratos del gobierno de la Oficina del Controlador también obstruyó las investigaciones de los periodistas locales.
De modo que la celeridad del trabajo efectuado por el panel es refrescante. Y los fiscales del ELA han presentado evidencia sobre un supuesto fraude con fondos para limpieza tras un huracán, cometido por el alcalde de Hormigueros, Francisco Javier Rivera Toro -del propio partido de Calderón, el PPD- ante la Oficina del Fiscal Independiente Especial para determinar si se deben presentar cargos contra él. Esta es una señal de que la administración está dispuesta a perseguir a sospechosos de corrupción de todas las banderías políticas.
Pero la punta de lanza de ese esfuerzo, el comité Blue Ribbon, podría minar la lucha contra la corrupción, aunque se den por descontadas la buenas intenciones de la gobernadora en esta cuestión.
Desde el comienzo, el controlador Manuel Díaz Saldaña y el jefe de la Oficina de Etica del Gobierno, Hiram Morales, expresaron su preocupación acerca del panel. Por un lado, por tratarse de simples particulares, sus miembros están exentos de las regulaciones que afectan a los empleados públicos, tales como la obligación de presentar declaraciones financieras anuales o la prohibición de hacer contratos con otras agencias del gobierno.
El controlador también argumentó que se duplicaban funciones de otras agencias del gobierno, tales como la suya propia, e investigaciones iniciadas por la Legislatura. Entretanto, los legisladores quieren que el comité explique su presupuesto de $ 800 mil.
Las celosas críticas entre Noriega y Díaz Saldaña han llegado actualmente a un nivel -ambos se acusan entre sí de partidismo político- que amenaza con socavar totalmente el concepto de "transparencia en el gobierno" que todos los involucrados se esfuerzan duramente por subrayar.
A pesar de esto, Calderón ha dado señales de que está preparada para encarar estas preocupaciones mostrando flexibilidad sobre la materia. Aunque peleará la sentencia en la corte, manifestó esta semana que consideraría la reconstitución del comité mediante la aprobación de legislación que disponga su creación y convierta a los miembros de la comisión en oficiales públicos.
Lo que quizás sea más significativo, es la promesa de los miembros del Comité de cambiar los procedimientos para continuar operando conforme lo dispuesto por la sentencia de la corte federal que ordenó garantizar los derechos al debido proceso establecidos por la 14ª Enmienda sobre testigos.
Y allí yace el problema.
Si garantizanesos derechos -que incluyen la revelación de evidencia- se pondrían en peligro las futuras acciones judiciales al quedar los defendidos en una injusta ventaja mediante la "divulgación prematura" u otros medios, un punto argumentado en la apelación presentada por el gobierno contra la sentencia de Fusté.
El pretendido "proceso rápido" contra la corrupción no es una mala idea, pero el Comité Blue Ribbon está demostrando ser demasiado peligroso. El mayor desafío para ésta, o cualquier administración, es la modernización de las agencias gubernamentales existentes para que puedan luchar efectiva y eficientemente contra la corrupción, y los recursos del gobierno deberían ser encausados a tal fin.
Creado a través de una orden ejecutiva, el Comité Independiente de Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales ya tiene fecha de vencimiento. Resta ver si llegará a cumplirla.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
