 En una medida histórica, el Congreso estadounidense aprobó esta semana el plan para incrementar escalonadamente los fondos para el Título 1 de Educación que Puerto Rico recibirá hasta obtener el mismo tratamiento que los 50 estados en 2008.
El plan podría traer a Puerto Rico un adicional de $ 300 millones en los próximos seis años, una buena noticia para un sistema público de educación en el que no sólo escasean las computadoras sino también los libros. La paridad se alcanzará gradualmente pasados los seis años, incrementando la participación de Puerto Rico en el programa desde los actuales $269 millones a unos $ 550 millones anuales en 2007. "Es un día maravilloso para los niños de Puerto Rico", dijo entusiasta la gobernadora Sila Calderón en una conferencia de prensa realizada en Washington, DC, para anunciar el plan.
Durante años, los funcionarios de Puerto Rico -de todos los signos políticos- hicieron lobby en el Congreso a fin de lograr la paridad en la asignación de fondos para la educación, limitados a causa del status de Estado Libre Asociado (ELA) de la isla. Otros programas a los que se aplicaron topes son Medicaid, la asistencia nutricional y el ingreso suplementario de seguridad.
Los partidarios del ELA probablemente usarán la victoria para promover el actual status político en San Juan. Su argumento será: ¿si es posible la paridad de financiamiento federal bajo el ELA, quién necesita la estadidad? Pero, considerando un contexto más amplio, la paridad de financiación del Título 1 forma parte de una tendencia del gobierno federal a tratar a Puerto Rico como un estado en vez de cómo una jurisdicción "separada" que opera bajo reglas particulares.
En principio, si bien la isla obtendrá la paridad en la financiación de la educación, también quedará bajo el escrutinio federal de pruebas obligatorias requerido por la ley de reforma educativa del presidente Bush. Las pruebas podrán hacerse en español, pero el ELA tiene al menos 4 años para planear la manera en que los estudiantes alcanzarán los estándares nacionales de competencia en un período de 12 años.
Sin embargo, el otorgamiento de la paridad del Título I a Puerto Rico va más allá de la educación. La tendencia a tratar a Puerto Rico como un estado se está convirtiendo en un esfuerzo bipartidario en el continente.
El presidente Bush fue el único candidato presidencial que apoyó la estadidad para Puerto Rico en lugar de la autodeterminación, y dada esa postura, sería razonable esperar que el otorgamiento de la paridad con los estados en los programas federales forme parte planes más amplios.
No obstante, fue el Senado -controlado por los demócratas - el que dio ímpetu a este esfuerzo para que Puerto Rico alcanzara la paridad en su financiación educativa. Aunque la administración Clinton oficialmente siempre dijo que respaldaba la "autodeterminación" de Puerto Rico, uno de sus últimos actos fue ordenar que el Departamento de Justicia federal emitiera una opinión formal sobre las opciones de status en Puerto Rico, como parte de un plan de largo plazo para resolver el dilema del status político de la isla. El informe, dado a conocer en enero último, estableció que el problema del status de Puerto Rico realmente reside en su actual status, o al menos en la definición de ELA propagada por el Partido Popular Democrático: un pacto bilateral, modificable sólo por consentimiento mutuo, entre Puerto Rico y los Estados Unidos. "Los términos de la Constitución no contemplan otra opción que no sea la independencia soberana, la estadidad o el status territorial", precisó el informe.
Eso significa que el ELA es una colonia, completamente sometida a la voluntad del Congreso de los EE.UU. y que Puerto Rico no tiene autoridad final sobre sus propios asuntos. El poder del Congreso se puso de manifiesto de otro modo esta semana: su acción sobre Vieques, que desbarató un acuerdo ideado por el ex presidente estadounidense y el ex gobernador de Puerto Rico y canceló una fecha firme para la salida de la Marina.
Los opositores locales al ELA, están prontos a culpar por su construcción al Partido Popular Democrático, pero su creación también le debe mucho a los Estados Unidos y la Guerra Fría. Dadas las recientes acciones de los demócratas y los republicanos en lo que respecta al status, el PDP podría encontrarse sin un interlocutor dispuesto a escucharlo en Washington, a menos que esté dispuesto a discutir los particulares de la libre asociación. Irónicamente, a pesar de la renuencia del Congreso a involucrarse en los asuntos de Puerto Rico, Washington, DC, podría mostrarse más enérgico que San Juan al impulsar el debate del status.
Aquí en San Juan, el status puede ser parte de la discusión diaria, pero la gente está más interesada en la economía y en la eliminación del crimen y la corrupción pública.
Es en Washington donde acabará produciéndose el debate real, especialmente si los políticos de Puerto Rico de todas las banderías continúan, como lo han venido haciendo por años, presionando para lograr la paridad en los programas de gasto federal. En parte, esto obedecerá al hecho de que los congresistas están siendo ganados por el decente sentimiento de garantizar la paridad en los programas sociales a todas la áreas de los Estados Unidos.
Pero si la actual tendencia continúa, la discusión final acabará siendo sobre impuestos y representación.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
