 Los políticos de San Juan últimamente han estado discutiendo sobre la manera en que la administración Calderón conduce la economía.
La gobernadora debería impulsar la Sección 30-A en lugar de las enmiendas a la Sección 956 por ella propuestas, sostiene una posición. ¿Porqué está perdiendo tiempo intentando hacer negocios con los vecinos pobres, como la República Dominicana, cuando debería concentrarse más en el mercado estadounidense, afirma otra.
A esta altura los políticos saben -¡es la economía, estúpido!- qué es lo que le importa a los votantes. Pero pocos parecen dispuestos a ocuparse de las cosas fundamentales que realmente podrían llevar a un cambio económico.
El debate sobre si es mejor la 30-A o la 956 es irrelevante, y sugerir que la administración no debería intentar crear negocios en la región es absurdo.
Por cierto que existen algunas diferencias entre las dos tasas de crédito propuestas.
La Sección 30-A, un crédito basado en los salarios podría vincularse de manera más directa a la creación de empleo, y el Partido Nuevo Progresista apoya su extensión más allá de su eliminación gradual programada para 2006. Pero el argumento contrario -según el cual las industrias con más probabilidades de beneficiarse con dicho esquema, las que emplean mano de obra intensiva, se van de la isla hacia destinos con costos más bajos porque los créditos fiscales no compensan la diferencia- también es válido.
También lo es el argumento que sostiene que la Administración Rosselló ha intentado, infructuosamente, extender la vigencia (de la Sección 30-A) todos los años desde 1996. No hay ambiente para que el Congreso se ocupe del tema ahora.
Por otra parte, también exageran aquellos que alaban las virtudes de las enmiendas a la Sección 956, por las que las corporaciones extranjeras podrían repatriar ganancias a sus compañías hermanas en los Estados Unidos a tasas preferenciales.
En lugar de ser la maquina generadora de empleo elogiada por algunos funcionarios de la administración, es más probable que tenga el benéfico efecto de hacer que las empresas de alta tecnología y altas ganancias ya instaladas permanezcan en la isla.
Para ser justos, es una idea "brillante", tomando prestada una frase del Secretario de Desarrollo Económico y Comercio Ramón Cantero Frau. En lugar de una exención impositiva directa, la enmienda propuesta para la 956 "alentaría" a las CFC que operan en Puerto Rico a enviar sus ganancias de vuelta a casa al imponérseles un impuesto de apenas el 10 por ciento de las ganancias.
Eso podría convertirse en una promesa de dólares verdaderos para el Tesoro estadounidense, en lugar de los millones imaginarios que recibe de la revocación de la Sección 936, cuando las firmas optaron por reincorporarse como CFC o enviar sus ganancias a las compañías hermanas en ultramar en vez de pagarle al Tío Sam con sus ganancias puertorriqueñas.
Y la Administración Calderón ha conseguido el apoyo de una impresionante lista de congresistas demócratas y republicanos, a pesar de que su trámite no está nada claro.
Pero la verdad es que la 956 y la 30-A distan de ser el botón mágico que los políticos pintan.
La verdad es que, cuando se trata de economía, no existe un botón mágico.
Eso es así porque los problemas económicos de Puerto Rico son mayormente internos y no externos, y necesitan ser resueltos desde adentro.
Fomentar las exportaciones de productos y servicios profesionales puertorriqueños en la región es parte de esta solución.
No hay nada errado en el intento de Calderón por estimular los negocios con la República Dominicana. Aunque los intentos de la administración de formar parte de cuerpos políticos tales como la Asociación de Estados Caribeños Orientales parece una distracción innecesaria en Washington y una perdida de tiempo y recursos.
El ex gobernador Pedro Rosselló pasó un montón de tiempo emprendiendo misiones comerciales en el Caribe y América Latina, y jamás nadie lo acusó de perder el tiempo o de actuar políticamente.
Además, el mensaje que la gobernadora Calderón está llevando a la región es esencialmente el mismo que el de su predecesor: con una cultura latina y el know-how americano para los negocios, Puerto Rico representa un puente con los Estados Unidos para el Caribe y Latinoamérica.
Pero poner en orden la casa económica de Puerto Rico va mucho más allá de esos ostentosos viajes. Y todos los políticos lo saben porque lo tienen frente al rostro.
Hay una sobredimensionada burocracia gubernamental y regulaciones laborales asfixiantes. Con esto se relaciona el alto costo y la ineficiencia de los servicios públicos, la doble imposición que tiene lugar cuando los contribuyentes son forzados a contratar servicios privados -tales como educación y seguridad- porque los que provee el gobierno son tan ineficientes que no representan una opción viable.
Nadie quiere que los trabajadores puertorriqueños sean explotados, y nadie defiende las suspensiones masivas en las agencias del gobierno.
Pero se necesita desesperadamente un plan sustentable para la reforma del gobierno y la reforma de la ley laboral, así como un monitoreo continuo de ambos. La energía que sería liberada del sector privado como resultado impulsaría la actividad económica mucho más que una exención impositiva no viable o un viaje de negocios.
La administración Rosselló hizo progresos al vender empresas de propiedad estatal que competían con empresas privadas. Pero los problemas más difíciles, como reducir el empleo en el sector público y la liberalización de las leyes laborales, fueron eludidos.
Pero además de esos fracasos, uno de los legados de Roselló fue el conceder la sindicación a los empleados públicos que ya tenían 30 días de vacaciones, abundante tiempo para licencia por enfermedad y unos 20 días feriados pagos anualmente.
El intento más visible para fomentar la eficiencia en el gobierno ha sido uno año de prueba del horario extendido de operaciones que tienen que ver con el público. Aunque el programa es un éxito con los clientes que pagan impuestos, les está costando más.
La administración aseguró a los líderes laborales que el plan sería voluntario, y pocos trabajadores se ofrecieron, forzando a la administración a contratar nuevos empleados para trabajar en los turnos marginales.
En el futuro, el plan podría resultar efectivo, ya que como recién entrados los empleados deben trabajar las horas marginales. Pero claramente se necesita algo más.
Recuero una conversación con un ex colega, que nunca reveló dónde estaban sus lealtades políticas. ""Deberíamos prepararnos para la independencia en orden de ganar la estadidad o mejorar el ELA", dijo.
Un Puerto Rico industrioso, eficiente y autodependiente, preparado para todo, ¿quién podría discutir eso?
Excepto, por supuesto, los políticos de San Juan.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
