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Cámara toma conocimiento de renuncia de Misla Aldarondo

Senado investigará a Maribel Rodríguez

Calderón utilizaría ingresos no recurrentes para cuadrar el presupuesto del año fiscal 2003

Radican querellas contra miembros del comité "Blue Ribbon"

PIP afirma tribunal federal tiene agenda con posible encarcelamiento, niegan jurisdicción federal

11 Oficiales fueron arrestados en Puerto Rico


Cámara toma conocimiento de renuncia de Misla Aldarondo

January 14, 2002
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SAN JUAN (AP) - A tan sólo una hora de tener que abandonar su oficina legislativa, el representante novoprogresista Edison Misla Aldarondo expresó confianza en que "hay un mañana que va a brillar, quizás con más intensidad que el día de hoy".

Misla Aldarondo escuchó desde su oficina el primer día de la tercera sesión ordinaria de la Decimocuarta Asamblea Legislativa, que advinó en conocimiento de su dimisión.

"Consumado está", dijo el veterano legislador cuando el presidente cameral, Carlos Vizcarrondo, informó al pleno la renuncia, efectiva este lunes.

Desde el Hemiciclo, el portavoz novoprogresista Aníbal Vega Borges informó a la Cámara que ya esa colectividad realiza los trabajos conducentes a llenar la vacante de Misla Aldarondo, quien se desempeñó como presidente cameral el pasado cuatrienio.

Con su renuncia, Misla Aldarondo, quien estuvo 25 años en la Legislatura, evita el inicio de una investigación cameral de la Comisión de Etica que podría resultar adverso al proceso que el legislador enfrenta en el foro federal.


Comisión de Etica investigará a Maribel Rodríguez

14 de enero de 2002
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SAN JUAN (AP) - La Comisión de Etica del Senado determinó este lunes que hay mérito para investigar a la senadora popular Maribel Rodríguez por alegadas irregularidades en su viaje al Desfile Puertorriqueño de Nueva York el año pasado.

También se investiga una querella radicada por la delegación novoprogresista en la que se alega que la Senadora depositó fondos políticos en su cuenta bancaria personal y no lo informó a la Comisión Estatal de Elecciones.

La Comisión de Etica del Senado decidió consolidar las dos querellas en contra de la legisladora, informó el presidente del comité, Eudaldo Báez Galib.

Asimismo, el senador dijo que el 25 de enero, Rodríguez podrá presentar su defensa y que luego de esa fecha la Comisión tiene hasta 60 días para rendir el informe con la recomendación al pleno del Senado.


Presupuesto: Gobernadora practicará lo que antes criticó

13 de enero de 2002
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SAN JUAN (AP) - A pesar de que criticó la acción cuando fue implantada por la pasada administración novoprogresista, la gobernadora Sila M. Calderón dijo el viernes que utilizaría ingresos no recurrentes para cuadrar el presupuesto del año fiscal 2003.

"Les puedo asegurar que vamos a tener un presupuesto balanceado a junio 30 del 2002. Las medidas para cuadrar el presupuesto ya están articuladas y ya les fueron informadas a las casas evaluadoras", declaró Calderón sin querer revelar esas medidas, reseñaron informes de prensa.

No obstante, contestó en la afirmativa cuando se le preguntó si utilizarían ingresos no recurrentes, que es una forma de cuadrar el presupuesto artificialmente porque se cuentan ingresos que no se reciben de forma continua, indicó el reporte periodístico.

El informe señala que cuando se le preguntó a la Gobernadora si se utilizarían $70 millones de la reserva de contingencia que se creó luego de la venta de la Telefónica, unos $90 millones del Fondo del Seguro del Estado y otros $30 a $40 millones de la venta de deudas contributivas en el Banco Gubernamental de Fomento, dijo que no recordaba cuáles eran las medidas de contingencia que aprobó.

La Gobernadora ha dicho repetidamente que la situación fiscal del país está afectada, como otras jurisdicciones de Estados Unidos, por la recesión económica norteamericana, y por unas transacciones millonarias hechas por la administración pasada, que socavaron los ingresos que sostendrían ese presupuesto.


Carencia del presupuesto de Puerto Rico cerca de 560 millones de dólares

por Ken Oliver-Méndez

12 de enero de 2002
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Un nuevo informe de Standard & Poors (S&P) sobre la calificación crediticia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico señala con preocupación la precaria salud presupuestaria del gobierno.

Aunque la evaluación `A' de la calificación crediticia para el ELA no ha sido afectada hasta la fecha, Standard & Poors señaló que el crédito del Gobierno central y de sus agencias es sobre una visión crediticia con implicancias negativas.

El informe de S&P tomó una visión sombría de la reciente revelación del ELA, que en diciembre de 2000 un prepago de 193 millones de dólares por impuestos de royalties corporativos de una amplia base de contribuyentes no había sido discriminado del recurrente flujo de ingresos públicos esperado en el año fiscal 2002.

Como resultado de un último traspié del Departamento del Tesoro, S&P observa que el total de ingresos públicos identificados a la fecha y que será aplicado en el presupuesto fiscal de 2002 es aproximadamente de 560 millones de dólares.

S&P anticipa que el ELA recurrirá a 195 millones en "tiempo de escasez" y fondos de emergencia, entre otras reservas, esforzándose para cuadrar el presupuesto.

"Las proyecciones permanentes del año fiscal indican que la Gobernadora podría sobrepasar su presupuesto", advierte S&P. " Puerto Rico afrontará permanentes interrogantes sobre la extensión del continuo ingreso público y las urgencias del gasto durante el resto del año fiscal 2002 y en el proceso presupuestario para el 2003".


Radican dos querellas contra miembros del comité "Blue Ribbon"

11 de enero de 2002
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SAN JUAN (AP) - El representante independiente Jorge de Castro Font radicó este viernes dos querellas contra los integrantes de la Comisión Independiente de Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales a quienes describió como "los intocables".

Una de las querellas está dirigida a que el contralor Manuel Díaz Saldaña investigue el uso y manejo de $800,000 del fondo presupuestario, asignados por Orden Ejecutiva a la Comisión, y la procedencia y uso de otros fondos y recursos provistos por agencias de la Rama Ejecutiva, incluyendo la Oficina de la Gobernadora.

La otra querella fue dirigida a la Oficina de Etica Gubernamental (OEG) para que se le aplique la ley y reglamentos de ésta a los miembros del comité por entender que están cobijados bajo la Ley 9, que los convierte en empleados públicos.

De inmediato, el presidente de la Comisión, David Noriega, calificó de "totalmente frívola con propósitos publicitarios" la queja del legislador.

Insistió en que los miembros de ese organismo "no hemos rendido informes en la Oficina de Etica Gubernamental porque la Ley de Etica no lo requiere".

De Castro Font dijo este viernes que "según las responsabilidades descritas en la Orden Ejecutiva que crea la Comisión, las cláusulas presentes en los contratos y la definición de funcionario público provista por el entonces secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, los miembros de la Comisión son funcionarios públicos, que ejercen una función pública, reciben compensación por su trabajo y disfrutan de beneficios inherentes a los funcionarios públicos por lo que, a nuestro entender, tienen que cumplir con las disposiciones de la Ley de Etica Gubernamental".

En torno a la investigación de la asignación presupuestaria, dijo que dado a que la sometida por la Gobernadora a la Legislatura no fue aprobada, el Secretario de Estado, actuando como Gobernador interino promulgó una Orden Ejecutiva ordenando el desembolso de $800,000 del Fondo Presupuestario para ponerlos a la disposición del propio Departamento de Estado, para cubrir los gastos administrativos del llamado Comité "Blue Ribbon".

"Entonces yo me pregunto, si quien solicita el desembolso de los dinero es la misma persona que los audita ¿a quién le rinden cuentas estas personas sobre su presupuesto? A mí me parece que lo que se ha hecho es poner las cabras a velar las lechugas", sostuvo el legislador.

Asimismo, señaló que los integrantes del mencionado comité no están por encima de la ley, por lo que dijo no ver razón por la que tengan que ser especiales y no rendir informes financieros a la OEG si es que no tienen algo que esconderle al pueblo.


PIP afirma tribunal federal tiene agenda con posible encarcelamiento

11 de enero de 2002
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SAN JUAN (AP) - El liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se reafirmó viernes en su posición de no reconocerle jurisdicción al tribunal federal en Puerto Rico, por lo que están dispuestos a ser encarcelados.

"Ellos lo que quieren es obligarnos, que nosotros reconozcamos la jurisdicción del tribunal federal en Puerto Rico... esto es (lo que hizo) la Santa Inquisición con Galileo", dijo el presidente ejecutivo de la colectividad, el senador Fernando Martín.

La fiscalía federal le pidió al tribunal estadounidense en Puerto Rico que encarcele a Martín y al secretario general del PIP, Vance Thomas, por desacatar la imposición de multas por penetrar terrenos militares en Vieques en el 2000.

"Cuando Galileo dijo que la tierra se movía alrededor del Sol la Inquisición dijo 'eso es una herejía"', insistió Martín.

El legislador reiteró en una conferencia de prensa este viernes que ni él ni Thomas pagarán un sólo centavo al tribunal federal.

"Si el precio de eso es que nos arresten y nos encarcelen... que lo hagan. Ya lo intentaron hacer una vez", afirmó el líder independentista.

Tanto Martín como Thomas ya cumplieron varios días de cárcel tras negarse a prestar la fianza que se les impuso cuando se les arrestó en la zona restringida por la Armada en Vieques.


Fiscalía federal pide encarcelar a dos líderes independentistas

11 de enero de 2002
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SAN JUAN (AP) - La Fiscalía Federal solicitó el encarcelamiento del presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño y senador Fernando Martín y del secretario general Vance Thomas, el pago de $10,000, o ambas penas por incumplir con el pago de multas de $1,000.

El pedido está contenido en una moción presentada esta semana al juez presidente Héctor Laffitte, donde la fiscal Rebeca Vargas Vera dijo que en varias ocasiones se les notificó a los líderes independentistas que mantenían una deuda con la Corte y que, de no pagarla, podrían ser encontrados en estado de rebeldía, reseña un diario.

Martin y Thomas fueron sentenciados a pagar la multa el seis de julio del 2000 por los actos de desobediencia civil que efectuaron el 26 de junio de ese año. El día del juicio se negaron a presentar la cuantía y fueron reingresados a prisión, para ser excarcelados pocas horas después.


11 Oficiales fueron arrestados en Puerto Rico

10 de enero de 2002
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SAN JUAN, Puerto Rico (AP) -- Las autoridades arrestaron a 11 oficiales de policía el jueves, sospechados de vender armas y drogas y de aceptar sobornos.

El grupo enfrenta un total de 307 cargos criminales, dijo la Secretaria de Justicia Anabelle Rodríguez. Ella dijo que el Bureau Especial de Investigaciones Especiales de Puerto Rico descubrió los supuestos crímenes durante una investigación entre los pasados febrero y noviembre.

Ocho de los oficiales trabajaban en el suburbio San Juan de Catano, uno en el suburbio Guaynabo y dos en la Fuerza Policial de la Isla Territorial de Estados Unidos. Si son condenados, cada cargo tiene una sentencia de entre 6 meses y 30 años, dijo Rodríguez.

Rodríguez afirmó que los oficiales elaboraron un esquema para intermediar con traficantes de drogas y cobrarles para dejarlos salir libres. Se sospecha que también vendían cocaína y al menos dos pistolas para encubrir oficiales, y se sospecha que servían como acompañantes de buques que transportaban armas ilegales desde el área de San Juan a otras partes de la isla.

Este caso es el último en una serie de operaciones encubiertas, las que resultaron en los arrestos de policías en Puerto Rico.

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