 Durante una conferencia de prensa ofrecida la semana pasada para anunciar el arresto de una banda de policías corruptos en Ponce, se le preguntó al Fiscal General de los EE.UU. en funciones, Guillermo Gil, sobre una carta enviada a la Administración Bush por la Senadora Miriam Ramírez de Ferrer solicitando una investigación sobre un supuesto robo cometido por Gil en su adolescencia.
Se trata de una vieja historia, una a la que Gil ya había respondido con anterioridad, y la carta de la Senadora Republicana fue un claro intento de presionar a la Casa Blanca para que nombrase al sustituto de Gil.
"Nadie me intimida," dijo Gil, a la vez que se negaba a hacer comentarios sobre los detalles de la carta. "Nadie."
Esta semana, Gil demostró una vez más que, cuando el pasado miércoles 17, su oficina logró acorralar a 17 personas — incluidos el Presidente de la Cámara de Comercio local, Richard D'Costa, y el anterior Secretario de Educación, Víctor Fajardo — por su supuesta participación en una trama de corrupción por $4,3 millones en el Departamento de Educación del ELA.
Puede que Gil se convierta en el Fiscal General de los EE.UU. en funciones que ha ocupado durante más tiempo este cargo en el país. Según se dice, su deseo de volver a ejercer su carrera una vez sea relevado del cargo, es una de las razones por las que nunca se convirtió oficialmente en Fiscal General de los EE.UU. cuando fue nombrado por la administración Clinton en el año 1993.
Aparentemente, Bush estaba dispuesto a nombrar su sucesor a finales del año pasado, pero entonces pillaron al anterior Portavoz de la Cámara, Edison Misla Aldarondo, jactándose en una cinta de vigilancia del FBI de que el sustituto de Gil desviaría la investigación sobre sus asuntos.
La cinta se escuchó durante la vista para fijar la fianza de Misla tras su arresto por supuesta participación en una trama de comisiones ilegales en torno a la venta de un centro de salud del gobierno.
Bush debería mantener a Gil en el cargo.
Y tampoco se trata de que no haya mantenido en el cargo a los que fueron nombrados por Clinton, cuando ha considerado que lo estaban haciendo bien. El Director de la CIA, George Tenet, y el Secretario de Transportes, Norman Mineta, son dos casos que sirven como ejemplo. Y esas dos personas siguen en su cargo después del 11 de septiembre.
Por el contrario, a Gil le ha ido todo sobre ruedas desde 1999, y ha logrado llevar ante la justicia a alcaldes de la isla, oficiales de policía, funcionarios del estado, hombres de negocios corruptos, políticos, con un montón de cargos de corrupción.
Al ponerse al frente de la lucha contra la corrupción en Puerto Rico, Gil ha lavado la imagen de la Oficina del Fiscal General de los EE.UU. aquí, y obtuvo múltiples elogios desde todos los sectores políticos.
Sus primeras incursiones en poner al descubierto la corrupción local fue para garantizar que los fondos federales se gastasen de forma adecuada.
Su primer caso importante fue contra el Alcalde de Toa Alta, Ángel Rodríguez, uno de los principales organizadores del PNP, que fue condenado por pedir comisiones ilegales por la concesión de contratos para la limpieza de los daños ocasionados por el huracán Georges, que golpeó Puerto Rico en septiembre del año1998.
Entonces, la Oficina del Fiscal General de los EE.UU. consiguió la condena de tres anteriores directores del extinto Instituto San Juan para el SIDA, por robar fondos federales destinados a los pacientes de SIDA para su uso personal y aportaciones políticas. Otros dos cargos del Instituto fueron posteriormente condenados en un juicio aparte. Un total de $2,2 millones en fondos federales fueron ilegalmente desviados por los condenados.
Un caso menos conocido pero de mayor envergadura fue el de Puerto Rico Social Action, Inc., una organización sin fines de lucro destinada a ayudar a los niños desamparados, los vagabundos y los ancianos, cuyos directivos fueron hallados culpables de la apropiación indebida de $5,4 millones en fondos federales canalizados a la agencia a través del gobierno del ELA.
Pero al hacer uso de las leyes interestatales sobre el comercio, la oficina de Gil también ha asumido la jurisdicción allí donde no están involucrados fondos federales. Ese fue el caso del Municipal Revenues Collection Center, en el cual un gran número de funcionarios del estado y contratistas privados fueron acusados de extorsión entorno a la concesión de un contrato de $56 millones por la compra de ordenadores.
Puede que el caso del Departamento de Educación descubierto esta semana no sea el que involucre la mayor cantidad de dinero malversado de los encausados por la oficina de Gil, pero el hecho de que un destacado empresario y un anterior secretario del Gabinete fuesen acusados lo convierte en uno de sus mayores casos hasta el momento.
Mientras Fajardo y sus compinches se beneficiaron personalmente de los sobornos, supuestamente casi $1 millón del dinero extorsionado fue para pagar deudas en las que había incurrido el PNP.
Gil, que pidió que el ELA reformase el sistema de financiación de las campañas, puso mucho empeño en decir que el problema afectaba a ambos partidos políticos.
"No estamos hablando de un tema político. Se trata de corrupción. Es un mal que afecta a ambos partidos," dijo Gil sobre el sistema de financiación de las campañas. "No se puede pedir a los directores de agencia que entreguen donativos exorbitantes. La única manera en que pueden hacer esto es pidiendo el dinero a los contratistas, y una vez que has hecho esto, estás participando en un acto de corrupción."
El miércoles fue un mal día para Puerto Rico en general —en especial porque el dinero supuestamente despilfarrado provenía de Departamento de Educación, siempre escaso de recursos, que luchar por facilitar a los escolares de la isla libros y demás material escolar.
Pero los puertorriqueños pueden hallar cierto consuelo en el hecho de que la corrupción se está sacando a la luz y erradicando.
Las autoridades federales también dijeron que la investigación sobre la corrupción en el Departamento de Educación continua, y que es muy probable que haya más acusaciones. Razón de más para mantener a Gil en el cargo — incluso si continúa desempeñando su cargo con carácter provisional.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
