Los representantes del Partido Nuevo Progresista y del Partido Independentista Puertorriqueño ganaron esta semana su batalla legal contra el Partido Popular Democrático cuando un juez decretó que su demanda judicial tenía méritos y no debía ser desestimada. La demanda acusa a la mayoría del PPD de aprobar una serie de leyes de un modo anticonstitucional-- después de que, un día a última hora de la tarde, la minoría hubiese abandonado el Capitolio para irse a sus casas creyendo que la sesión había sido aplazada hasta el día siguiente.
Entonces, el Martes, el Comité de Ética de la Cámara, ante una protesta de Nestor Duprey, designado Representante de la Cámara del PPD, halló al Representante del PNP, Angel Cintrón, culpable de violar la Ley del Legislador a Tiempo Completo y de no asistir con regularidad a las sesiones en audiencia pública porque el legislador estaba asistiendo a la facultad de derecho mientras prestaba sus servicios en la Cámara.
El Comité recomienda una amonestación publica y una suspensión de 10 días sin sueldo..
Durante un tiempo, la amenaza de una confrontación con la Gobernadora Calderón sobre quien diría la última palabra, el poder ejecutivo o el legislativo, sobre la elección de una de las cuatro compañías que compiten por el manejo del deficiente suministro de agua del ELA -- había desatado en el Capitolio un ambiente tripartita, con los legisladores aparentemente unidos en su deseo por demostrar ante la Gobernadora Calderón su firme disposición.
Pero los legisladores del PPD fueron convocados a La Fortaleza y Calderón les dijo que vetaría el proyecto de ley aprobado por unanimidad otorgando a la Asamblea Legislativa el derecho de aprobar la compañía que asumirá la administración del suministro de agua mediante un contrato de 10 años.
También les advirtió que habría repercusiones si optaban por derogar su veto -- tal como amenazaban hacer -- lo cual hubiera sido la primera vez que ocurriera en la historia de Puerto Rico.
Mientras que a principios de este mes, otros legisladores como el Presidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, parecían muy seguros de si mismos antes de asistir a la reunión en La Fortaleza, cuando salieron de la reunión llevaban "el rabo entre las piernas," según declaró un observador.
Por lo tanto, después de haber estado jugueteando con la idea de desafiar al poder legislativo, los legisladores de la isla parecen volver a contentarse con criticarse unos a otros.
Los legisladores minoritarios pudieron disfrutar esta semana de la oportunidad de ofrecer una rueda de prensa para instar a los contribuyentes a demorar el pago de sus impuestos. Si los tribunales finalmente deciden en su favor, los proyectos de ley aprobados en la sesión celebrada pasada la medianoche -- que incluían unas medidas para demorar la abolición del impuesto llamado de penalización sobre el matrimonio.-- podrían ser anulados. Eso significa que la pareja trabajadora media se ahorraría este año unos $800 en impuestos.
Sin duda, la decisión de Cintrón, que parece un mezquino ataque contra el legislador poco después de que éste fuese nombrado secretario general del Partido Nuevo Progresista, encenderá aún mas las pasiones en el Capitolio -- y podría provocar una frenética presentación de acusaciones éticas contra los legisladores por parte de sus oponentes políticos.
Entretanto, en el Senado, los legisladores del PPD están tan ansiosos como sus homólogos del PNP en llevar ante la justicia a la reciente senadora del PPD, Maribel Rodríguez, objeto de investigaciones por corrupción desde que su marido fuese encausado por las autoridades federales por extorsión y otros cargos, meses después de que asumiera su cargo como alcalde de Vega Alta.
Las sesiones de la audiencia pública del Comité de Ética con motivo de su supuesta malversación de fondos públicos durante un viaje para asistir al Desfile del Día de Puerto Rico en Nueva York y otros cargos, se iniciaron esta semana, y podría tener que afrontar su expulsión del Senado.
Es probable que los Senadores se salten las barreras de los partidos para tratarla con dureza-- con el fin de dar ellos mismos una apariencia de firmeza ante la corrupción.
En una gran medida, los enfrentamientos entre los legisladores forma parte del desarrollo habitual de la vida en el Capitolio y puede ser una señal de que están cumpliendo con su trabajo.
Pero, en parte, también puede ser su modo de afrontar un posible complejo de inferioridad en vista del resultado del enfrentamiento con Calderón.
Ésta parecía ser ciertamente la razón oculta tras los despliegues emocionales realizados en público por el representante del Comité de Salud de la Cámara, Rafael García, durante las sesiones de la audiencia publica sobre la reforma sanitaria.
Molesto porque la Administración del Seguro Médico ha emprendido un proyecto piloto respecto a que el gobierno se convierta en el único que pague la reforma sanitaria, García dijo con enfado que la agencia "no puede hacer nada sin el permiso de la Asamblea Legislativa. De ahora en adelante, cada vez que la administración haga algo, queremos ser los primeros en tener conocimiento de ello. Estamos aquí representando personas, no Ángeles."
Cuando un funcionario de la Oficina del Comisionado de Seguros trató de hablar, él dijo "parece estar loco. Le voy a recetar Valium."
Podría existir otra razón, además del enfrentamiento con Calderón, que haga que los legisladores de la isla se sientan inferiores estos días.
Un estudio de la Universidad de Puerto Rico dado a conocer esta semana reveló que el status político es la prioridad número 1 para los legisladores de la isla pero que otros temas candentes del día, tales como la sindicalización de los funcionarios públicos, no logran atraer la atención de los legisladores al definir su agenda legislativa.
Ante el hecho de que los sindicatos que representan a los funcionarios públicos insisten en que quieren más mejoras económicas que el aumento de $100 en el salario mensual que, tal como prometió la Gobernadora Calderón en su discurso sobre el presupuesto, se ha incluido en el ruinoso presupuesto, es evidente que el tema de la sindicalización de los funcionarios públicos debe estar presente en la pantalla de radar de un mayor número de legisladores de la isla.
