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22 de marzo de 2002
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Un comité compuesto por miembros de la sociedad civil de diferentes visiones políticas comenzó a trabajar el viernes en un esfuerzo por explicar la realidad de la propuesta contenida en el proyecto de reforma electoral presentado por la gobernadora Sila Calderón.

Dirigido por el presidente del Ateneo Puertorriqueño Eduardo Morales Coll, el grupo convocó a una conferencia de prensa luego de haber leído la llamada "Ley de Dinero Limpio en las Campañas Electorales dándose cuenta de que contiene "numerosas y serias contradicciones".

Las alegadas contradicciones van desde el lenguaje utilizado en el proyecto, hasta la falta de límites reales en la financiación de las campañas, que realmente es lo que la legislación persigue.

Morales Coll dijo que el tema del financiamiento de las campañas desde un punto de vista moral también será evaluado y una especie de control de calidad será incluido en la ley.

"Uno tiene que preguntarse si realmente es moralmente correcto pedirle a una persona que pague por una campaña de una persona que lo que hace es campaña bailando," dijo Morales Coll y añadió que aquellos que no creen en ninguno de los partidos políticos no deberían estar forzados a pagar por la campaña de nadie.

El proyecto fue presentado por Calderón luego de la acusación del ex Secretario de Educación Víctor Fajardo, cuando se supo que $1 millón en fondos federales fue a parar a la campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según sometida, la propuesta falla en establecer reglas efectivas que eliminen las "malas prácticas" en la recaudación de fondos, ya que sólo establece límites a los donativos. Por ejemplo, de acuerdo a Morales Coll la legislación establece un límite de $1,000 a las donaciones de individuos que fácilmente pudiera ser evitada si alguien dona $10,000 en digamos 10 sobres sin la necesidad de identificar cada donativo ya que la ley no lo requiere.

El comité acordó que quizás una forma más efectiva de aténder la necesidad del pueblo, a la luz de las más recientes alegaciones de violaciones a la Ley Electoral es una revisión apropiada a la ley existente y actuales enmiendas, en vez de la preparación de un nuevo estatuto.

Además de Morales Coll, los miembros del comité incluyen al ex vice presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Ramón Bauzá, el ex Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Luis Rivera Lacourt, el ex presidente de la CEE César Vázquez, el ex presidente del Colegio de Abogados Noél Colón Martínez, el historiador Fernando Picó y el ex candidato a Comisionado Residente, abogado y aspirante a legislador José Alfredo Hernández Mayoral.

Rivera Lacourt dijo que lo más que le preocupa es el "elevado" costo del financiamiento público de las campañas, incluyendo las primarias.

Para Bauzá, el proyecto le asigna fondos a los partidos y les prohibe el levantar fondos, pero falla en incluir un límite al gobierno para promover sus logros, definitivamente dándole una ventaja.

Mientras, Hernández Mayoral añadió que la legislación falla en incluir unos límites a cómo esos fondos públicos van a ser gastados por los candidatos.

Hernandez Mayoral, quien ya ha expresado su deseo de aspirar a una posición en la Legislatura en las próximas elecciones fue cuestionado sobre si esa determinación no tendría algún efecto en su trabajo con el comité. Este contestó que entendía que no, pero que si eso ocurriera dejaría en manos del presidente del comité el decidir su participación.

"No espero ningún conflicto. Creo que tanto la Legislatura como la gobernadora deberían tomar los hallazgos de este comité y trabajar sobre ellos con mucha seriedad, sin importar quien haya trabajado en ellos," dijo Hernández Mayoral.

A pesar de que el Presidente de la Cámara Carlos Vizcarrondo dijo que le tomaría un año concluir la evaluación en la Legislatura, esta comisión dijo que tendrá listo su informe en tres meses, dándole tiempo suficiente para considerar los hallazgos.