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29 de marzo de 2002
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A pesar de que defienden la propuesta reforma electoral que pretende financiar las campañas políticas con dineros públicos como una medida para atajar la corrupción, el asesor legal de la Cámara de Representantes Luis Vega y el senador independentista Fernando Martín admitieron the la Ley de Dinero Limpio en las Campañas Electorales no es a prueba de que pueda ser violada.

"Ninguna ley es 100% inmune a violaciones," dijo Vega a WOW News.

Sin embargo, acto seguido defendió sus potencial.

"Lo que necesitamos es hacerla lo más estricta posible con relación a las sanciones, haciendo más difícil cualquier intento por violarla," explicó Vega, quien cree que burlar la confianza del pueblo y los límites establecidos en ley debería tener consecuencias mayores de las existentes.

Actualmente, la Ley Electoral provee para el procesamiento criminal a los violadores, así como la imposición de multas. Sin embargo, las infracciones criminales prescriben en seis meses, que es el tiempo que usualmente toma auditar las finanzas de un partido político antes de presentarse algún cargo. Con respecto a las multas, los partidos políticos pueden ser ordenados a devolver hasta el doble de la cantidad de dinero utilizado u obtenido en exceso para sus campañas, de acuerdo a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Vega y Martín defendieron el proyecto propuesto de sus detractores, quienes lo han criticado por ser contradictorio y por potencialmente violar los derechos constitucionales a la libre asociación y a la libertad de expresión.

Por ejemplo, una de las posibles contradiciones es que las campañas que son financiadas por el gobierno pueden convertir a los candidatos políticos en representantes institucionales del gobierno y no en candidatos del pueblo.

Más aún, levanta la interrogante de si es justo para todos los candidatos el tener igual acceso a fondos, aún cuando no gocen de la simpatía del electorado.

En ese sentido, Vega dijo que los candidatos que son más favorecidos por el electorado, no necesariamente son aquellos que tienen los medios para levantar grandes sumas de dinero, mientras que aquellos que cuentan con contribuyentes poderosos tienen mejores posibilidades de llevar una campaña exitosa que le asegure un triunfo, que es precisamente lo que la enmienda a la Ley Electoral del 2000 pretende evitar.

"La experiencia que hemos visto más recientemente, es que la capacidad de levantar fondos de un candidato no necesariamente es igual, a su apoyo por parte del electorado," dijo Vega, refiriéndose a los recientes escándalos como los relacionados al caso de corrupción del Departamento de Educación, que involucró al ex Secretario de Educación, quien se declaró culpable de haberse apropiado de fondos federales que beneficiaron las arcas del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Por su parte Martín rechazó que el financiamiento público de las campañas políticas es el medio que tiene el gobierno para meterse en el derecho de la gente a escoger su representante.

"Una vez los candidatos cualifiquen para los fondos, la ley no regula y no debe regular el contenido del mensaje de la campaña. Sería un error que la ley le indicara a los candidatos que no pudieran hablar mal del gobierno,"dijo Martín.

En el 2000, la Ley Electoral fue enmemdada para proveer financiamiento en igualdad de condiciones para las campañas de medios de los candidatos a gobernador, mediante fondos públicos ascendentes a $3 millones para cada uno. Sin embargo, los donativos privados aún son permitidos sin límite para el resto de los candidatos, como lo son los alcaldes y legisladores.

Martín dijo que la reforma elimina esta posibilidad al establecer límites en las cantidades que pueden recaudar en caso de que decidan no acogerse al financiamiento del gobierno.

Más aún, Martín dijo que si esta restricción hubiese existido en el 2000, no habría lugar para los esquemas de corrupción como el que envuelve alegaciones de que el Partido Popular Democrático utilizó candidatos municipales y legislativos para pagar anuncios de publicidad que favorecían al candidato a la gobernación.

Sin embargo, los llamados comités de acción política o PACs, que son organizaciones independientes que recaudan dinero para financiar las campañas de candidatos políticos, aún representan una salida, incluso en la actual reforma electoral, ya que son permitidos y pudieran hallar la forma de exceder los límites de recaudación.

Martín dijo que su sugerencia es que se elimine completamente de la Ley Electoral dichos comités y en la eventualidad de que un tribunal declare inconstitucional tal disposición, pues que se incluya que el gobierno pareará para el resto de los candidatos cada dólar que se recaude en exceso. Martín cree que esto desalentaría el sector privado contribuir en las campañas políticas, ya que no sería capaz de influir para que un candidato tenga mayor ventaja sobre otro.

Otro aspecto de la reforma es cómo se va a poner en práctica y cuán práctico sería para el gobierno prohibir los donativos anónimos, ya que Vega admitió que sería una pesadilla requerir los números de seguro social y de teléfono y la dirección de cada contribuyente, incluyendo para las donaciones tan pequeñas como 25 centavos.

"Hoy no existe la estructura para poner en práctica esta reforma. Se necesitan recursos adicionales," reconoció Vega.

Cuando se le preguntó si quizás no sería más económico para el gobierno utilizar todo ese dinero para fortalecer las medidas actuales de auditoría y anticorrupción, en lugar de gastarlo en el financiamiento de las campañas políticas, Vega dijo que ese es uno de los puntos que pueden debatirse, sin embargo, dijo que la percepción general en la actual administración es que la reforma propuesta es la mejor manera de evitar la corrupción.

Por su parte, Martín dijo que eliminar el financiamiento público significacría haber fallado en dos propósitos básicos de la reforma, que es el luchar contra la corrupción en las campañas políticas y proveer oportunidad igual para que los candidatos puedan llevar sus mensajes, así como para que los votantes tengan igual acceso al mensaje.

"Creo honestamente que la reforma refuerza los derechos constitucionales de expresión y de libre asociación," concluyó Martín.