 El "nuevo" plan de la administración Calderón para la lucha contra el crimen ha sido hecho pedazos por los críticos desde que fue dado a conocer la semana pasada.
Incluso el máximo responsable de su diseño —el Superintendente de Policía Miguel Pereira — parecía poco entusiasmado respecto a la iniciativa cuando se sentó ha hablar de ello con los periodistas.
"Este plan no es espectacular ni completamente nuevo," dijo. "Pero es un compromiso, un compromiso que puede ser medido, y creo que resultará efectivo."
A pesar de las mordaces críticas de los oponentes políticos y de las quejas de diversos sectores dentro del departamento de policía, el nuevo plan contra el crimen es una de las iniciativas más prometedoras desarrolladas por la administración Calderón desde que asumió su cargo hace casi 18 meses.
Y Pereira, franco en el hablar, nada ostentoso, se está convirtiendo rápidamente en uno de los más interesantes miembros del Gabinete.
El antiguo fiscal federal y héroe de guerra, conoce el trabajo de la policía y parece sentirse más cómodo haciendo su trabajo que hablado con la prensa.
Hay algo que resulta casi poético en la sencillez del plan. En lugar de medir el rendimiento del departamento de policía por medio de la incidencia del crimen, Pereira medirá su rendimiento mediante el número de crímenes que se resuelven con éxito.
Esto tiene muchísimo sentido. No solo porque resolver los crímenes es supuestamente lo que deben hacer los oficiales de policía, si no porque los niveles de criminañidad tienden a subir y bajar dependiendo de fuerzas externas al control de los políticos, tales como el ciclo económico o los niveles de población formada por hombres jóvenes.
Pereira dice: "En Puerto Rico, puedes regresar a los años 1960, y la atención siempre se ha centrado en las redadas, en lugar de hacer que los criminales paguen por lo que hicieron. Se ha demostrado que las patrullas preventivas y el aumento del número de oficiales de policía en el cuerpo no tienen ningún impacto sobre le crimen."
Con esa declaración, Pereira ha tirado por la ventana el modus operandi que los oficiales dedicados a hacer cumplir la ley y los políticos han estado siguiendo durante décadas.
Hace varias semanas, el principal policía de la isla saltó a los titulares por expresar lo que suponía una herejía dentro de la comunidad policial. Dijo que habían demasiados oficiales de policía en el cuerpo, que el departamento era ineficaz y que eran necesarios recortes para que los recursos pudieran destinarse a lograr el equipo necesario y mejorar la capacidad tecnológica del cuerpo.
Su declaración iba en directa contradicción con la promesa hecha por su jefe, la Gobernadora Calderón, de aumentar los 19.000 miembros del cuerpo en 4.000. "De un modo preliminar, le estoy expresando a la Gobernadora mi preocupación. Deberíamos revisar esas cifras," dijo.
Pereira argumentó que en el año 1962, el cuerpo de policía formado por 5.000, que prestaba servicio a la población de 2 millones, tenía un número más alto de arrestos y condenas.
Además de recortar los nuevos alistamientos, Pereira quiere aumentar la edad mínima de un oficial de los 19 a los 21 años, y establecer el retiro obligatorio para los oficiales que hayan servido en el cuerpo 30 años, con el fin de limitar el número de miembros del cuerpo de policía.
En la actualidad, sólo un triste 26 por ciento de los crímenes Tipo 1 — que incluyen homicidios, violaciones, atracos y robos de automóviles — quedan resueltos. Esto hace que el énfasis del superintendente sobre la resolución de los crímenes resulte aún más urgente.
El nuevo plan de Pereira contempla que la tasa de crímenes resueltos suba al 45 por ciento para diciembre, y entonces aumente en cinco puntos de porcentaje por año.
Para lograr esto, Pereira anunció una reforma general del cuerpo de policía, eliminando 9 de los 13 cargos de ayudante de superintendente y de las oficinas que estos dirigen.
En su lugar, los 12 comandantes de zona que dirigen los distritos de policía por toda la isla tendrán más poderes y recursos porque, dice Pereira, los comandantes están más en contacto con lo que ocurre en las calles de sus zonas que los oficiales de alto rango en el cuartel general de la policía en Hato Rey.
Una de las oficinas eliminadas es el Cuerpo de Investigaciones Criminales, algo parecido a la unidad de detectives en los estados continentales, cuyos 1.100 miembros llevan a cabo la mayor parte del trabajo de investigación sobre los crímenes en Puerto Rico.
En lugar de rendir cuentas a un solo comandante en el cuartel general de la policía, ahora los agentes serán asignados a los 12 comandantes de zona. Antes del cambio, una investigación policial podría tardar días incluso en empezar, dado que el papeleo sobre el caso en cuestión iba desde la ciudad en que se cometió el crimen al cuartel general de la policía en Hato Rey.
Con el nuevo sistema — ya instaurado en San Juan, Bayamón y Caguas — la investigación comienza de inmediato.
Los comandantes de zona, que también deberán aportar gráficos sobre las organizaciones criminales y mapas de las zonas de alta criminalidad con el fin de tomar medidas de patrulla preventiva, dicen que les gusta el nuevo poder que tienen pero que necesitan disponer del equipo necesario para aumentar de forma notable la tasa de resolución de crímenes.
Pereira ha prometido dar nueva formación a los oficiales del CIC , dar un coche patrulla por cada dos agentes, radios y un fondo para el pago a los informadores confidenciales.
El nuevo plan también exige que los departamentos de Policía, Justicia y Correccionales, así como la Administración de Tribunales, desarrollen un sistema compartido de información criminal.
Pereira dijo que el reciente desarrollo del Sistema de Identificación Automatizada de Huellas Digitales de la policía, puesto en práctica en los Estados Unidos hace una década, se ampliaría hasta llegar a todos los distritos de policía. El sistema permite a los oficiales cotejar inmediatamente las huellas en una base de datos de antiguos delincuentes. Los oficiales también podrían tener acceso a la información, que también incluye una base de datos con fotografías de sospechosos de crímenes, desde sus coches patrulla.
También se han prometido más fondos para el Instituto de Ciencias Forenses, que necesita desesperadamente más técnicos y equipo de laboratorio para acelerar el proceso de análisis del ADN en pruebas halladas en la escena del crimen y otros análisis.
Con tan urgentes necesidades, Pereira tiene razón al decir que la respuesta no está en tener más policías haciendo la ronda en las calles.
Los antiguos altos cargos despojados de su poder, se están quejando de que el superintendente no ha llevado a cabo ninguna redada policial masiva, espectacular, que ha sido hasta ahora la característica del trabajo policial. Los líderes del sindicato policial gritan indignados ante los recortes en la policía previstos por Pereira y por no haberles permitido participar en este plan.
Parece que el Departamento de Policía está siendo reformado de verdad.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
