El 75 por ciento del aumento en el impuesto por paquete, que se vendió al público como un medio de compensar los costes de la reforma sanitaria, es la menos agresiva del paquete de incrementos de los impuestos sobre bienes de consumo de la administración Calderón dirigidos a eliminar un déficit de más de $500 millones en el presupuesto propuesto para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio.
El hecho de que firmase sin decir una palabra el impuesto sobre los cigarrillos es una buena medida de lo impopular que son los incrementos fiscales de la Gobernadora.
Se suponía que la semana pasada también se enviarían a La Fortaleza otras medidas aumentando los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y los vehículos deportivos, pero éstas se vieron pospuestas cuando el Senador del Partido Popular Democrático, Sixto Hernández, se negó a firmar el informe de una conferencia del comité que contenía los proyectos de ley, en protesta ante lo que él calificó de audiencias públicas inadecuadas sobre el tema.
Se espera que estén listos para la firma de la Gobernadora a fines de esta semana.
Lo que resulta aún más interesante, la firma por parte de la Gobernadora de los proyectos de ley se produjo justo en medio de un periodo de nueve días en los cuales ella desapareció de la vista del público. Quizás ella tenía pensado en un principio firmar los proyectos de ley sobre impuestos para convertirlos en ley durante ese tiempo.
"Eso es indicio de una mala conciencia," dijo el Senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Fernando Martín, sobre el paso dado.
Calderón, que volvió a aparecer en público el miércoles, admitió que había cometido un error, diciendo que por lo menos debería haber enviado un comunicado de prensa anunciando que la medida se había convertido en ley. Y prometió que no volvería a firmar ningún otro proyecto de ley sin un anuncio público.
Parece ser que se las críticas por los incrementos en los impuestos sobre los bienes de consumo, que ella denominó una "dura decisión" que se vio obligada a tomar debido al lamentable estado de las finanzas del gobierno que ella había heredado de la anterior administración, han cogido desprevenida a la administración.
La oposición lo tradujo en los mediocres índices de aprobación pública que la Gobernadora obtuvo en la encuesta realizada por un periódico el mes pasado en pleno debate sobre su aumento de los impuestos. Los responsables de la administración achacaron en parte las bajas cifras a estas medidas.
Los legisladores del Partido Popular Democrático, percibiendo las presiones de los cabilderos de la industria, de hecho recortaron los aumentos propuestos por Calderón sobre el "impuesto del pecado" de los cigarrillos y las bebidas alcohólicas-- la única victoria significativa que han logrado sobre la administración.
Curiosamente, antes de aparecer en público el miércoles, la Gobernadora había ordenado el día anterior al Departamento de Justicia que investigase los resultados de la auditoria del Interventor General que había encontrado que la administración Rosselló había engrosado de forma injustificable la estimación de los ingresos del gobierno en $112 millones durante el año fiscal 2001, finalizado el 30 de junio, 2001.
El mensaje era que su antecesor era el culpable de su decisión de aumentar los impuestos-- y es un mensaje que se pierde cada vez más entre los votantes de Puerto Rico. Sean cuales sean las trampas que puedan haberse llevado a cabo con las cifras del presupuesto en el año 2001, ahora parece ser historia pasada.
Parte del descontento por el incremento en los impuestos se debe a que se considera que el gobierno no está haciendo lo suficiente para poner freno a los gastos durante estos tiempos duros para la economía.
De hecho, el presupuesto de Calderón propone un gasto de $21,8 mil millones durante el año fiscal 2003, que comienza el 1 de julio, un buen aumento del 5,8 por ciento sobre los gastos de este año.
Entorno a los $180 millones, el presupuesto de Calderón concede a los aproximadamente 150.000 trabajadores de la administración central un aumento de $100 en su salario mensual-- a pesar de las advertencias por parte de los economistas de la isla de que no hay dinero para pagarlo y las continuas quejas de los líderes de los trabajadores de que el aumento no es suficiente para contentarles.
En gran parte, los incrementos fiscales de Calderón están golpeando a la clase media y baja de la isla con mucha más dureza que a los ricos.
El aumento de los impuestos sobre el pecado va acompañado por un aumento en los juegos de lotería, que históricamente siempre han sido jugados por aquellos que menos se lo pueden permitir.
Las nuevas reglas del "IRA" permiten a los residentes retirar dinero desde agosto hasta octubre con una tasa fiscal especial del 10 por ciento. Otro cambio permite a los residentes pagar con antelación los impuestos sobre las cuentas"IRA" a una tasa especial.
Esta medida, diseñada para recaudar unos $50 millones en ingresos por impuestos, podría resultar un incentivo negativo para que los trabajadores hicieran una incursión en sus cuentas de jubilación y pusiesen en riesgo su futuro. Permitiendo a los residentes el "pago anticipado" de los impuestos a una tasa especial, el gobierno también está cogiendo prestado sobre sus ingresos futuros-- lo cual tampoco es una buena medida.
Incluso el aumento previsto sobre los vehículos deportivos golpeará financieramente a la ya presionada clase media de forma tan dura como a las clases altas en un Puerto Rico loco por los coches.
Antes de aumentar los impuestos, Calderón abolió los recortes previstos sobre los impuestos con el fin de paliar el déficit presupuestario. La tercera fase de la reforma fiscal de la administración Rosselló, que debería entrar en vigor este año, hubiera recortado un 1 por ciento en todos los tramos fiscales excepto los más altos y Calderón pospuso la "abolición del impuesto de penalización del matrimonio" que hubiera proporcionado un respiro de $80 millones a las parejas casadas en las que ambos trabajan- una característica ahora predominante entre la clase media de la isla.
De hecho, el único recorte fiscal que Calderón puso en marcha fue el de reducir a la mitad la tasa sobre ganancias de capital corporativo o individual-- un hecho que se suma a la sensación generalizada de que son los que menos tienen los que están pagando las grandes cifras del presupuesto de este año.
