REPORTE DE PUERTO RICO

Devolviendo a casa los fondos públicos

por John Marino

14 de junio de 2002
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. JOHN MARINOLos legisladores y el modo en que gastan el dinero de los contribuyentes, han salido nuevamente a la luz pública ante una serie de informes que han levantado dudas sobre la sobriedad en la distribución de los "pork barrels" o sea, los fondos públicos asignados con fines electorales.

El Presidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, fue el primero en sorprender al conceder un cheque de $7.000 a un grupo conocido como la Federación Mayaguez Jump-rope, lo cual dio la impresión a algunos de sus colegas de que era un uso ridículo del dinero.

Fas defendió al grupo como una organización legítima que trabaja con los jóvenes pobres y les lleva a competiciones internacionales. Y mirando hacia atrás, el donativo parece válido — si se compara con el reparto de dinero a hermanos, padres, primos y parientes políticos.

Eso es exactamente lo que el Contralor General, Manuel Díaz Saldaña, ha descubierto en las auditorias de rutina de los despachos de los legisladores, teniendo como objetivo las dos más recientes al Presidente del Comité de Finanzas del Senado, Modesto Agosto Alicea, del Partido Popular Democrático, y al antiguo Representante del Partido Nuevo Progresista, Angel García de Jesús, que ahora es alcalde de Yabucoa. El contralor, que está pidiendo un control más estricto en el modo de gastar dichos fondos, advierte que las violaciones en el gasto de los pork barrels también estarán sujetas a futuras auditorias.

"No me sorprendería descubrir más. Estos informes son solo una muestra de lo que hemos encontrado," dijo Díaz Saldaña el miércoles a los legisladores.

Agosto Alicea, que no debe confundirse con su hermano el Presidente del Banco de Desarrollo Gubernamental, Juan Agosto Alicea, fue acusado de repartir unos $37.800 entre familiares de sus empleados. El contralor también le citó por intervenir ilegalmente en el reparto de fondos cuando ya existía una legislación sobre donde debían emplearse dichos fondos.

Los gastos de García de Jesús aún levantaron más sospechas, al haber descubierto el contralor que había distribuido $11.900 a siete parientes suyos y a ocho de su mujer. Otros $17.500 fueron a parar a 26 parientes de los empleados de su oficina.

Estos fondos públicos fueron utilizados por sus beneficiarios para reformas en las casas, gastos de matrícula y compra de muebles y computadoras. No queda de momento claro cuantos de estos gastos cumplen el requisito expresado por el contralor de que dichos fondos debían tener un propósito público.

Lo que queda claro es que ser íntimo amigo o pariente de un legislador aumenta las posibilidades de recibir dinero de los fondos públicos asignados con fines electorales.

El contralor también halló que el anterior Representante del PNP, Luis Aramburu, dio $50.000 a sus parientes así como a sus empleados y a sus familiares. Entretanto, el antiguo Representante del PNP, Rafael Caro Tirado, dio $80.000 a un equipo de béisbol cuyo propietario era su abogado.

Asombrosamente, en vista del escándalo, los legisladores mantienen que los miembros de la familia no tienen necesariamente porqué quedar excluidos del reparto de fondos de pork barrels.

El Representante del PPD, Bruno Ramos, dijo que si un legislador tiene familiares en una comunidad arrasada por un huracán, debería poder dar a sus parientes fondos públicos para proyectos locales. "El criterio debe ser la necesidad," dijo.

Los legisladores tienen a su disposición una considerable cantidad de pork barrels. Unos $28.9 millones que se reparten entre los senadores de distrito y los representantes para ser distribuidos en la región donde residen. Además de esto, los líderes del Senado y de la Cámara tienen otros $15 millones a su disposición.

Mientras que gran parte del dinero se usa para proyectos de infraestructura, y los legisladores dicen que pueden distribuir los fondos destinados con fines sociales con rapidez en una emergencia, el sistema está claramente montado de manera que permite a los legisladores premiar a sus aliados políticos y comprar votos.

De hecho, al estar siendo remodelados los distritos electorales para adecuarse a los resultados del censo del año 2000, ha habido algunas quejas de que los legisladores están refrenando los gastos para evitar repartir dólares en comunidades que pueden formar parte de otro distrito en las próximas elecciones.

Con toda la controversia sobre la reforma en la financiación de las campañas, la eliminación del gasto de los fondos de pork barrels, una clara ventaja para el titular, debería tomarse seriamente en consideración.

El Portavoz de la Cámara, Carlos Vizcarrando, y el Presidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, pedían que los llamados pork barrels se viesen aumentados en $25 millones para que pudieran repartir $40 millones, en lugar de los $15 millones de que disponían cada año.

La legislación autrizando estos aumentos, que tenía el respaldo de los partidos minoritarios, se había pasado y esperaba en La Fortaleza la firma de la Gobernadora.

Pero en vista del escándalo, los líderes legislativos pidieron que la legislación se devolviera para que pudieran incluirse en la misma salvaguardas más sólidas sobre cómo podía gastarse el dinero. También recortaron el aumento solicitado de $25 a $6 millones.

Todavía no está claro si Vizcarrando y Fas se avergonzaron ante la indignación del publico sobre el tema o si fueron amenazados por la Gobernadora Calderón con ser vetados. Pero es una buena noticia que su apetito por los fondos públicos parezca estar disminuyendo.

La capacidad de repartir fondos públicos para campañas políticas es solo otra de las ventajas del cargo de legislador en Puerto Rico (el legislador estatal o territorial mejor pagado de los Estados Unidos), que gana un salario anual de $60.000 y unas dietas anuales libres de impuestos de hasta $20.000 — sin mencionar el uso de coches y chóferes y teléfonos celulares gratis.

Si estas ventajas por si solas no contribuyen a un desproporcionado sentido de su propia importancia, entonces seguro que la capacidad de los representantes de distrito para gastar $427.000 al año en sus lugares de residencia, y de los senadores de distrito para gastar $625.000 al año en sus lugares de residencia, si que lo hacen.


John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net

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