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2 de julio de 2002
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El 25 de julio de 2002 Puerto Rico celebrará el aniversario de 50 años de auto-gobierno local. En ese día, en 1952, el Gobernador Luis Muñoz Marín proclamó formalmente una nueva Constitución para la isla, que a partir de entonces habría de conocerse como el Estado Libre Asociado. En una serie de tres partes o artículos, el Puerto Rico Herald explorará esta historia de la Constitución del Estado Libre Asociado, desde sus raíces en el Congreso de los Estados Unidos hasta el contínuo esfuerzo por lograr un status politico permanente para Puerto Rico.

Parte I: Establecimiento de la Constitución del Estado Libre Asociado, 1950-1953

Al principio, estuvo del 25 de julio.

Un día que hay que recordar en la historia de las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Todo lo que ocurrió después de esa fecha — el PPD, el PNP, el PIP, los infinitos debates y las grandes promesas; los estancamientos politicos que llenan lo cofres de los cabilderos y deja a millones decepcionados — todo eso se inició ese día.

Después de todo, fue el día en que Estados Unidos asumió posesión colonial de la isla de Puerto Rico.

Hace 104 años, el 25 de julio de 1898, el General Nelson Appleton Miles lanzó la invasión contra Puerto Rico. La Guerra Hispano-Americana se estaba convirtiendo en "una espléndida pequeña guerra" para los norteamericanos, que habían decidido tomar a Puerto Rico como pago por parte de España por la "liberación" de Cuba y las Filipinas. El General Miles, que prácticamente no encontró resistencia, ocupó rápidamente la isla ayudado de las promesas que formuló a los isleños que venía a otorgarles la libertad política y prosperidad económica del nuevo imperio de los Estados Unidos.

Exactamente 54 añós más tarde, el Gobernador Luis Muñoz Marín proclamó la Constitución del Estado Libre Asociado formulando promesas muy similares a las del General Miles. La idea era, de nuevo, que Puerto Rico, en asociación con los Estados Unidos, disfrutaría de niveles sin precedents de libertad y oportunidad.

Medio siglo después de la proclama del Gobernador Muñoz Marín, persisten preguntas fundamentals relacionadas con ella en Puerto Rico: ¿Puso fin la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952 al status de Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos? Si fue así, ¿por qué sigue considerándose el Congreso de los Estados Unidos el árbitro final de toda ley en Puerto Rico dentro de su mandato expresado en la clausula territorial de la Constitución de los Estados Unidos? Y si no fue así, ¿ha progresado Puerto Rico en los siguientes 50 años hacia el logro de la auto-determinación que se le ha prometido durante generaciones?

Para responder todas esas preguntas, es necesario primero analizar los acontecimientos que llevaron a la redacción, enmienda y aprobación de la Constitución de Puerto Rico.

A fines de los años 40, el Partido Popular Democrático (PPD) controlaba la política en Puerto Rico y Luis Muñoz Marín estaba comenzando su período de 16 años de supremacía como el primer gobernante popularmente electo en la isla. Una década antes, Muñoz Marín había fundado el PPD, un partido que supuestamente no tenía como fin fomentar el debate sobre el status político de Puerto Rico, sino que se enfocaba en la solución de la desesperada condición económica en que se encontraba la isla.

Sin embargo, la pregunta de status nunca ha sido fácil de obviar ya que el debate en torno al tema se ha desarrollado, más o menos sin tregua, desde los días del regimen español. Más aún, después de años en que se ignoró el status, el Congreso de los Estados Unidos estaba prestando atención al problema. El hecho que las manifestaciones nacionalistas puertorriqueñas a veces se tornaran violentas, llevaron a que algunos de los miembros del Congreso de los Estados Unidos apoyaran la medida de independencia para la isla. Muñoz Marín también favorecía esa opción, pero se apartó de la fuerte retórica y el corto período de transición que incorporó el Representante Tydings de Maryland en una serie de proyectos de ley que introdujo en el Congreso.

En 1945, Muñoz Marín pidió al Congreso que enumerara las opciones viables para un status político permanente en Puerto Rico. El Congreso no lo había hecho, y de hecho, el concepto no habría de recibir seria consideración hasta 1989. Luego, con la esperanza de lograr un compromiso entre una abrupta independencia y la estadidad (que él nunca apoyó), Muñoz Marín escribió una serie de artículos en el periódico El Mundo proponiendo una nueva opción para el status que llamó el "pueblo asociado de Puerto Rico".

Una vez más, el Congreso no mostró interés alguno en cambiar el status. Sin embargo, sí se decidió en 1947 que Puerto Rico había alcanzado un nivel "suficiente de madurez política" como para elegir a su propio gobernador. Muñoz Marín fue electo al puesto en noviembre de 1948.

Ese año Muñoz Marín, trabajando con el Comisionado Residente Antonio Fernós Isern (1946-1965) llegó con un nuevo enfoque a Washington. Con mucho cuidado de hacer notar que el asunto del status se consideraba ya terminado, propusieron que el Congreso permitiera a Puerto Rico crear un borrador de su propia Constitución local. Este nuevo documento no habría de crear cambios políticos en la isla, según se prometía, sino clarificar y codificar las reglas y derechos que ya existían.

Muñoz Marín y Fernós Isern consiguieron lo que deseaban en 1950 cuando se aprobó el proyecto de ley 3336, que luego se designó como la Ley Pública 600, del Congreso 81 de la nación. Esta ley autorizaba a Puerto Rico a redactar una Constitución que luego habría de ser ratificada mediante consulta conjunta entre Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos.

La Ley Pública 600 dio inicio a un dramático período de dos años en que se convocó una Convención Costitucional con Fernós como su Presidente; se redactó y el Congreso aprobó una Constitución; y los votantes puertorriqueños dieron su sello de aprobación en tres referendums distintos. Fue una impresionante victoria política para Muñoz Marín y punto sobresaliente en la historia de Puerto Rico.

Sin embargo, el hecho es que la Ley Pública 600 y la Constitución local que autorizó, no alteraron en forma alguna la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. La ley se auto describe como una de "tipo de trato", ésto se refiere indudablemente a que Puerto Rico "pertenecía a los Estados Unidos" (énfasis añadido). Más aún, la intención de los legisladores era conocida por todos. "El proyecto de ley bajo consideración no habría de cambiar la relación fundamental política, social y económica de Puerto Rico con los Estados Unidos. El informe añade que la Constitución de Puerto Rico tendría vigor sólo en torno a "otros asuntos de naturaleza estrictamente local".

De hecho, la Ley Pública 600 reitera explícitamente los términos de la Ley Jones de 1917 que, hasta el día de hoy, es la base que dicta la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Si bien se han eliminado ciertas secciones que cubrían asuntos de naturaleza interna del gobierno de Puerto Rico, la ley de 1950 daba vigencia, literalmente, a las secciones más relevantes de la Ley Jones, incluyendo el derecho de los puertorriqueños a la ciudadanía de los Estados Unidos desde que nacían. Sólo se cambió el nombre, de lo que desde entonces se conoce como la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico.

Más aún, una vez que el electorado puertorriqueño aprobó su nueva Constitución el 3 de marzo de 1952 (casi exactamente 35 años después de la aprobación de la Ley Jones), el Congreso de los Estados Unidos revisó el documento y le formuló cambios. Pero lo más importante es que el Congreso añadió una línea que cualquier enmienda a la Constitución "tiene que ser consistente con la resolución del Congreso de los Estados Unidos mediante la cual se aprobó la Constitución, con la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico y la Ley Pública 600, que el Congreso 81, adoptó en calidad de pacto".

Si bien el Congreso entendió claramente lo que estaba (y no estaba) concediendo a Puerto Rico, Muñoz Marín y el PPD (que dominó la Convención Constitucional) tal vez no fueron tan claros al llevar su mensaje a la población puertorriqueña. En uno de los juegos de palabras más extraños y confusos de todos, el gobierno interno de Puerto Rico adoptó dos nombres totalmente diferentes, uno en cada idioma. El término en inglés de "Commonwealth" era vago y poco controvertido. El término en español es Estado Libre Asociado, que literalmente en inglés vendría a ser "Freely Associated State", significa alto muy diferente. De hecho, se refiere de nuevo a la propuesta de status formulada por Muñoz Marín de "pueblo asociado de Puerto Rico" que años antes había sido ignorada en Washington.

Muñoz Marín, poeta, entendía muy bien el idioma y pudo formular un sutil reclamo linguístico en español que nunca habría sido aceptado en inglés. Esa misma confusión ha reinado desde entonces.

El establemiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue importante paso en el progreso de la isla hacia su auto-determinación, pero no un paso grande y ciertamente no uno decisivo. La Ley Jones de 1917, incluso la Ley Foraker de 1900, desempeñaron papeles mucho más importantes en la definición y desarrollo del actual status de Puerto Rico como territorio no incorporado de los Estados Unidos.

Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas dictaminó en 1953, en vista de los más recientes desarrollos, que los Estados Unidos no tenían que informar más sobre el progreso de Puerto Rico hacia un territorio con auto-gobierno, tal como se estipula en el Artículo 73(e) de la Carta de las Naciones Unidas. Obrando por solicitud del Gobernador Muñoz Marín, las Naciones Unidas decidieron que Puerto Rico se había convertido en "una entidad política autónoma".

A pesar de esa acción por parte de las Naciones Unicas, muy pocas personas en Puerto Rico y en los Estados Unidos ven la Constitución en Puerto Rico como una muestra contundente de la auto-determinación de Puerto Rico. Las críticas a la Constitución comenzaron desde el comienzo y nunca han mermado; y no sólo por parte de las filas de los que apoyan la estadidad y los que forvorecen la independencia para la isla.

Tan pronto como 1954, el propio Muñoz Marín ya comenzaba a pedir mejoras a la Constitución del Estado Libre Asociado cuando lanzó el movimiento del PPD para "mejorar" la Constitución y eso ha continuado, con más o menos éxito, hasta el actual gobierno de Sila Calderón.

La Parte II de la serie documentará los esfuerzos del PPD de "mejorar" el Estado Libre Asociado, así como el ascenso de un poderoso movimiento en pro de la estadidad bajo el Partido Nuevo Progresista o PNP.