 Cuando el Presidente de la Comisión Electoral Estatal, Aurelio Gracia, fue nombrado para ocupar este cargo por la Gobernadora Calderón el pasado mes de marzo, el anterior juez declaró que su instinto judicial le decía que "debía olvidarme de los poderes que me habían nombrado."
Esta semana, prestando oídos a ese instinto, solicitó al Departamento de Justicia que investigase las auditorias realizadas sobre las campañas electorales del año 2000 de 16 antiguos y actuales legisladores, así como las acusaciones de que el comité central del Partido Popular Democrático transfirió ilegalmente fondos a las campañas de legisladores particulares.
Las auditorias iban dirigidas a siete actuales y dos antiguos legisladores del PPD y a un antiguo y seis actuales legisladores del Partido Nuevo Progresista.
Su petición de una investigación de la transferencia de fondos del comité central del PPD despierta la imaginación de los críticos que acusan de la existencia de una conspiración por parte del PPD para evadir los $3 millones como tope de gasto en los candidatos gubernamentales por parte de la campaña de Calderón.
Como resultado, hay pocas personas que puedan hablar bien de Gracia esta semana.
Tanto los legisladores del PPD como del PNP dijeron que sus derechos de "procedimiento legal" estaban siendo violados ya que no se les había pedido que comentasen los resultados antes de remitirlos a la Justicia para su investigación.
Y la Gobernadora Calderón quitó importancia a los hallazgos.
"Esto no es corrupción. Corrupción es robarle el dinero a la gente," dijo la gobernadora. "Estamos hablando sobre la interpretación de las leyes electorales. El presidente del SEC hizo esta interpretación y ahora se pide al Secretario de Justicia que haga una evaluación adicional."
La única excepción fue el antiguo Presidente del SEC, Juan Melecio, el antecesor de Gracia, cuya década al mando de la agencia le ganó alabanzas en diversos frentes de los partidos.
Melecio dijo que la decisión de Gracia mostraba su "valor, honestidad e integridad."
"Su decisión demuestra que él ocupa el puesto de presidente. El cargo no le ocupa a él," dijo Melecio.
Entre los legisladores citados en las auditorias remitidas a la Justicia se incluyen los Senadores Lucy Arce, Juan Cancel, Jose Dalmau, Kenneth McClintock, Orlando Parga, Roberto Vigoreaux, Roberto Prats y Cirilio Tirado.
Los representantes de la Cámara citados en las auditorias son: Alida Arizmendi, Jorge De Castro Font, Aníbal Vega Borges, Melinda Romero, Ferdinand Pérez e Iris Miriam Ruiz.
Las auditorias también citaban a los antiguos legisladores Angel Cintrón y Maríbel Rodríguez.
Entre las violaciones que quedaron al descubierto en las auditorias, estaban la elaboración de informes falsos, la aceptación de aportaciones por encima de los límites existentes, la presentación de gastos ilegales de campaña y la aceptación de aportaciones de empresas, lo cual va en contra de las leyes electorales locales.
Aunque la mayoría de las violaciones son delitos menores con un estatuto de limitaciones de un año, la presentación de informes falsos es una felonía por la que puede juzgarse hasta cinco años después, y la aceptación de donaciones ilegales a las campañas no tiene estatuto de limitaciones.
Debido a lo endebles que son las leyes electorales locales, para la mayoría de estos legisladores, la situación es embarazosa pero no fatal.
El aspecto más perjudicial de la actuación de Gracia es su petición al Departamento de Justicia para que investigue si el PPD violó las leyes locales al transferir fondos de su comité central a los comités de campaña de legisladores particulares que adquirieron anuncios promocionando la candidatura de Calderón.
Aunque es una práctica común que los candidatos individuales participen en este tipo de anuncios de campaña coordinados, es ilegal si sus campañas no pagan por los anuncios. El PPD podría verse obligado a pagar multas, si se le halla culpable de esta práctica.
"Hay varios candidatos que dicen que hicieron la publicidad y pagaron por ella," dijo Gracia. "Pero ahí otros [la Rep. Alida Arizmendi y el Sen. Roberto Vigoreaux] que dicen que hicieron la publicidad pero que no se comprometieron a su pago."
Citando esta "evidencia en conflicto," Gracia pidió la revisión por parte del Departamento de Justicia.
El PPD criticó duramente a Gracia por no efectuar él mismo la determinación de si era o no ilegal transferir de la campaña central del PPD a las campañas de legisladores particulares que adquirieron los anuncios.
Pero Gracia hizo lo adecuado al efectuar la recomendación.
La Secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, que contribuyó a la campaña de Calderón y fue nombrada para su cargo por la Gobernadora, no hizo lo correcto cuando un día después de las recomendaciones declinó recusarse de la investigación.
Parece que en el bando del PPD hay verdadera indignación ante las acusaciones. El comentario de la Gobernadora de que la corrupción es "robarle el dinero a la gente " trae reminiscencias de la condena del antiguo Secretario de Educación, Victor Fajardo, y de otros 16 en un plan de corrupción de $4,3 millones en su agencia bajo la administración del PNP del ex-Gobernador Pedro Rosselló. Los fiscales federales dicen que aproximadamente $1 millón de los fondos robados fueron a parar al ‘arcón de guerra’ de la campaña del PNP.
¿Porqué la auditoria del SEC no descubrió nada al respecto?, deben estar preguntándose los leales seguidores del PPD.
A pesar de esa pregunta válida, la secretaria de Justicia necesita nombrar un Fiscal Especial Independiente para investigar las auditorias del SEC. La oficina del FEI fue creada para investigar este tipo de casos políticamente delicados.
Es asombroso que Rodríguez, que ha demostrado ser una secretaria de Justicia brillante y enérgica, no lo vea. Debe saber que si ella exonera al PPD, los oponentes políticos lo calificarán de encubrimiento. Y si encuentra que no hubo ninguna violación, los oponentes políticos lo seguirán calificando de encubrimiento.
No obstante, una cosa ha quedado clara esta semana, el poco conocido Gracia está demostrando ser un presidente muy capaz del SEC en un momento en el cual prevalece la preocupación por la corrupción política en Puerto Rico.
Cuando Gracia fue nombrado para este cargo, dijo, "cuando pienso en ocupar el lugar del Juez Juan Melecio, creo que éste resulta demasiado grande para mí." Pero tras cuatro meses en el cargo, parece que Gracia lo está ocupando muy bien.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
