REPORTE DE PUERTO RICO

La guerra de Calderón contra la pobreza: ¿un enfoque paternalista del gobierno, es el mejor modo de curar el problema?

por John Marino

23 de agosto de 2002
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. JOHN MARINOLa audaz iniciativa de la Gobernadora Calderón por valor de mil millones de dólares para llevar nuevas infraestructuras y alojamiento a 1 millón de residentes en 686 comunidades empobrecidas de toda la isla requiere un serio debate.

Desafortunadamente, la oposición política hasta ahora ha demostrado no estar a la altura de esta tarea.

El plan de Calderón, anunciado el lunes en un discurso especial ante la Asamblea Legislativa, es la realización de la preocupación mostrada hace tiempo por lo que ella ha llamado las "Comunidades Especiales", barrios donde los puertorriqueños han vivido durante décadas en la más extrema pobreza.

Con este plan, ella ha dado un paso decidido por la senda marcada por la tradición de su Partido Popular Democrático, tratando de presentarse como una mezcla del fundador del ELA Luis Muñoz Marín y la amada alcaldesa de San Juan Felisa Rincón de Gautier, a la vez que invoca los esfuerzos de la "Gran Sociedad" del Presidente Lyndon B. Jonson para erradicar la pobreza en los Estados Unidos.

El programa sería financiado con una ayuda económica de $500 millones del Banco de Desarrollo del Gobierno y una emisión de bonos a largo plazo de $500 millones, que tentativamente se gastaría a lo largo de los próximos cinco años.

Gran parte del dinero sería utilizado para llevar o mejorar el suministro de agua y electricidad a las comunidades, construir 20.000 nuevas viviendas y mejorar las carreteras. El gasto del gobierno también haría un importante esfuerzo por mejorar los servicios sanitarios y de educación y los programas sociales.

Nadie niega que la pobreza persiste tenazmente en toda la isla — a pesar de los pasos gigantescos que el ELA ha dado en las cinco décadas desde su fundación. Y la masiva inversión pública que el plan requiere servirá sin duda para estimular una economía aletargada, creando 30.000 puestos de trabajo estimados en la construcción y otros sectores.

Pero la cuestión sigue siendo si este enfoque paternalista del gobierno es realmente la mejor manera de curar el problema.

La gobernadora merece que se le reconozca el mérito de poner en marcha este plan — y de preparar la mesa para el debate. El Partido Independentista Puertorriqueño, con sus raíces socialistas, lo ha abrazado. Pero el Partido Nuevo Progresista a favor de la estadidad, consideró apropiado boicotear el mensaje y todavía no parece estar dispuesto a discutir el plan en base a sus méritos.

Lo cual es desafortunado, porque el plan de Calderón presenta algunas cuestiones. ¿Proporcionar suministro de agua y electricidad, y prometer nuevas viviendas a los pobres, les sacará en realidad de la pobreza a largo plazo?

¿Sería mejor gastar el dinero en un intento por revolucionar el Departamento de Educación, carente de fondos, o las agencias públicas de asistencia pública?

¿Está el plan condenado al fracaso al seguir penalizando a la clase media y a los trabajadores que luchan por mejorar de posición?

Se trata de la misma gobernadora que redujo drásticamente a la mitad los impuestos sobre el capital ganancial para los ricos y las corporaciones de la isla. Y recuerden, los ricos de Puerto Rico no tienen que hacer frente a los mismos abrumadores impuestos sobre herencias y propiedades que sus equivalentes en los Estados Unidos.

Entretanto, los pobres de Puerto Rico ya reciben mucha ayuda. Existen numerosas viviendas públicas, amplias ayudas para el pago de los servicios públicos, asistencia sanitaria pública gratuita y un montón de programas para nutrición, atención infantil, formación profesional y salud sufragados con fondos federales.

En justicia, se puede preguntar a Calderón si no está prestando demasiada atención a los extremos de la sociedad de Puerto Rico, tanto los de más arriba como los de más abajo, y no la suficiente a los que luchan por sobrevivir y que constituyen la clase media.

Después de todo, es la misma gobernadora que el año pasado pospuso la abolición del llamado "impuesto de penalización del matrimonio" que hubiera concedido una ayuda de $80 millones a las familias trabajadoras de la isla.

Y Puerto Rico actualmente carece de exenciones fiscales similares al Crédito Fiscal sobre Ingresos Gananciales federal, que proporciona un suplemento salarial a los trabajadores con ingresos bajos que compensan los impuestos sobre la renta que normalmente adeudarían.

¿Usar una parte de los mil millones de dólares previstos por el plan de Calderón contra la pobreza, en proporcionar exenciones fiscales a los pobres para labrarse su camino hasta la clase media, no garantizaría el éxito global del plan?

Es un tema hecho a medida para que la oposición del PNP lo aproveche, pero esta semana el partido ha demostrado que se halla rodando desesperadamente fuera de control.

El anterior Gobernador Pedro Rosselló habló finalmente sobre la corrupción de responsables de su administración, pero desperdició la oportunidad atacando lo que él llamó el "triunvirato del terror": el Partido Popular Democrático, los fiscales federales y algunos segmentos de los medios de comunicación de la isla, los cuales dijo estaban conspirando para matar el movimiento a favor de la estadidad en la isla.

Tal paranoia llegó al máximo cuando el Presidente del PNP Carlos Pesquera declaró — con el rostro muy serio — que los asesores de La Fortaleza estaban interviniendo los teléfonos del cuartel general del partido para poder escuchar sus conversaciones y las de otros responsables del partido.

Quizás al percibir el respaldo popular al plan de Calderón, el PNP es reacio a criticarlo. De hecho, las pocas críticas contra el plan se han reducido a reafirmar que la inversión pública que se requiere no es tanto después de todo.

Una cosa está clara: mientras los fiscales federales siguen acusando a antiguos responsables de la administración Rosselló y a sus partidarios de escándalos de corrupción, el pueblo de Puerto Rico tiene poca tolerancia para quejas sobre la supuesta "persecución" de la administración Calderón contra los defensores de la estadidad.

Este bajo nivel del debate político es desafortunado, no solo en cuanto a las esperanzas de mejorar la suerte de los pobres de Puerto Rico, si no las esperanzas de mejorar la sociedad de la isla en su conjunto.

Calderón ha retado a sus oponentes con un audaz plan de mil millones de dólares. El PNP debe afrontar este plan en base a sus méritos, o dejará de ser una fuerza en el debate publico sobre los temas políticos de la isla.


John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net

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