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Siete de cada 10 participantes en las recientes encuestas del Herald quieren que el Congreso de los Estados Unidos tome medidas para proveer un proceso de auto-determinación para Puerto Rico. Seis de cada 10 desean limitar las opciones en la papeleta de votación de un futuro plebiscito a solamente estadidad e independencia. Más aún, los participantes expresaron serias dudas que la Comisión de Unidad y Consenso de la Gobernadora Sila Calderón logre promover el casi universal deseo de los puertorriqueños de algún tipo de cambio político. Más de la mitad de los participantes indicaron que quieren ver eliminada la Comisión. La Gobernadora dice que la Comisión es un medio para llegar a un enfoque común hacia el status político. Sus críticos son de la idea que no es más que una pantalla de humo para evitar que Washington tome acción por cuenta propia. Precisamente lo que los participantes en las encuestas quieren ver que suceda. Una idea para generar ímpetu a un proceso de auto-determinación para Puerto Rico es que el Congreso de los Estados Unidos continúe lo que dejó de lado hace cuatro años. El Proyecto de Ley Young (H.R. 856) fue el último intendo del Congreso en la redacción de una papeleta de votación ofreciendo opciones de status político a los puertorriqueños que cumplían con los requisitos de la Constitución de los Estados Unidos. La propuesta de ley ofrecía a los votantes en Puerto Rico opciones de status internacionalmente reconocidas estadidad y soberanía separada que incluía independencia y asociación libre. Además, permitía a los votantes mantener su actual status territorial (sin mejoras), pero designando su naturaleza colonial y quedando sujeta la isla a futuros plebiscitos, asegurando así que, a la larga, Puerto Rico obtendría un status político permanente. Active aquí para una descripción más detallada del proceso del Proyecto de Ley Young. Cuando el Senado de los Estados Unidos no tomó acción en un proyecto similar (S 473), la legislatura de Puerto Rico autorizó un voto local usando las definiciones del Proyecto de Ley Young, pero añadiendo una quinta opción: "ninguna de las anteriores", según los requerimientos de la ley local. La mitad de los votantes recurrieron a esa opción por razones que todavía siguen siendo motivo de debate en la actualidad. Pero si el Congreso hubiera legislado el plebiscito, no se habría requerido esa quinta opción y los puertorriqueños habrían podido escoger entre verdaderas opciones de status político. Pero, al final de cuentas, el Proyecto de Ley Young no comprometía al gobierno federal a aceptar la decisión de los votantes. A su propia manera, H.R. 856 era una forma de decir: "ninguna de las siguientes", mientras que el Senado decía "¡No ahora!". El mensaje claro que el Congreso emitió al establecimiento político puertorriqueño fue que no estaba en disposición de enmendar la Constitución de los Estados Unidos para poder proveer al Estado Libre Asociado poderes adicionales. Muchos legisladores en los Estados Unidos han escuchado decir que "si a Puerto Rico se les confieren los poderes adicionales que pide, queremos lo mismo para nuestro estado". No cabe duda cuál es el punto de vista que prevalece en Washington. A pesar del fallido intento del Proyecto de Ley Young de proveer a los puertorriqueños con un camino hacia la soberanía, los participantes en las encuestas del Herald apoyan firmemente la idea de un proceso para Puerto Rico hacia la auto-determinación que cuente con la aprobación del Congreso. De modo que cuando abra la nueva sesión del Congreso en enero del 2003; ¿qué quiere usted que se haga?
Por favor, oprima aquí para sugerir sus ideas para futuras encuestas o "Temas Candentes" a tratarse.
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