 El sistema judicial local y federal ha sido el centro de atención conforme los casos de corrupción y otros casos en los que están involucrados notorios personajes públicos van haciendo su aparición en su orden del día.
En las últimas semanas, un jurado federal condenó al ayudante ejecutivo del anterior Gobernador Pedro Rosselló por cargos de extorsión, el último en una serie de casos de corrupción que se remontan a hace tres años.
Entretanto, los tribunales locales serán el escenario de lo que promete ser uno de los juicios con más carga política, después de que un juez local halló causa probable para juzgar al presidente del Partido Nuevo Progresista Carlos Pesquera y a otros tres responsables del partido acusados de desórdenes públicos a raíz del incidente del 20 de junio en que se izó la bandera en la Oficina de la Defensora de la Mujer. Toda esta actividad se está convirtiendo en una prueba tanto para el sistema federal como el local, y podría servir de indicador de la confianza del pueblo puertorriqueño en ambas instituciones.
A pesar de las criticas superficiales, a menudo aceradas, de ambas instituciones, los primeros indicios muestran que la fe en ambos sistemas va en aumento, lo cual es una buena noticia para la democracia de Puerto Rico.
El tribunal federal siempre ha sido el objetivo de ciertos grupos ideológicos que lo ven como un símbolo de la autoridad absoluta de los Estados Unidos sobre los asuntos puertorriqueños. Pero muchos residentes de Puerto Rico han confiado más en él a lo largo de los años que en el sistema judicial local, que de vez en cuando se ha tambaleado ante las críticas sobre su ineficacia y las acusaciones de que algunos jueces eran susceptibles a los sobornos.
Los ataques ideológicos contra el tribunal federal han sido promovidos de nuevo por grupos de centro-.izquierda y pro independencia ante la creciente dureza de las sentencias dictadas contra los arrestados durante las protestas contra la Marina en Vieques.
Pero los grupos de la derecha empezaron a atacar al tribunal después de que Maria de los Ángeles "Angie" Rivera Rangel, la antigua ayudante de Rosselló de 55 años, fuera hallada culpable de extorsión y conspiración por recibir $125.000 en sobornos de cuatro contratistas del gobierno a cambio de concertar para ellos reuniones con miembros del Gabinete entre los años 1996 y 2000.
Aunque se ha estado acusando a varios antiguos responsables de la administración Rosselló de corrupción, el caso Rivera fue significativo debido a su estrecha relación con Rosselló y las acusaciones que surgieron durante el juicio y que implicaron a destacadas personalidades que todavía han de ser inculpadas por las autoridades federales.
El hecho de que el anterior gobernador rompiera su silencio sobre la corrupción durante su administración durante el juicio, concediendo diversas entrevistas a los medios de comunicación, es otro indicio de que el caso tocaba muy de cerca a Rosselló y a sus seguidores.
Después del veredicto, los programas de llamadas en directo a la radio, dirigidos a los oyentes pro estadidad, se vieron desbordados de llamadas de residentes quejándose de que los jurados federales estaban llenos de "izquierdistas" e "independentistas." En todo caso, la verdad es justo todo lo contrario.
El requisito de que los miembros de los jurados del tribunal federal tengan conocimientos de inglés, discrimina sistemáticamente a la "mayoría de la población residente," conforme a un estudio del economista de la Universidad de Puerto Rico Elías Gutiérrez. El censo del año 2000, por ejemplo, indicaba que más del 60 por ciento de los residentes admitían no tener conocimientos de inglés, o muy pocos.
Los abogadores de la defensa alegan que el requisito del inglés incita a que muchos funcionarios del gobierno retirados y personal militar sean escogidos en las ruedas de selección de jurados. Pero el dictamen del tribunal federal mantiene que no es preciso que un jurado sea una fiel imagen de la comunidad y que tratar de introducir el idioma español en los procedimientos judiciales federales de aquí resultaría extremadamente laborioso. Lo que es aún más importante, el público en general parece estar a menudo de acuerdo con los veredictos dictados por los jurados federales — el mejor indicio de que el actual sistema está funcionando.
Los tribunales locales, entretanto, serán puestos a prueba durante el juicio de Pesquera.
La reyerta que dio lugar a los cargos se desató por la irresponsable decisión de la Defensora de la Mujer, Dolores Fernos, de hacer ondear solo la bandera de Puerto Rico en su sede central, una decisión totalmente equivocada para una agencia que se ocupa de ayudar a las ciudadanas de todos los puntos de vista políticos. La decisión de Pesquera y otros responsables de forzar la entrada en las oficinas cerradas también resultó para la mayoría de los observadores un ejemplo de mal comportamiento político. Pesquera ha estado utilizando la presentación de cargos contra él por el Departamento de Justicia para denunciar la "persecución" de la administración Calderón contra los partidarios de la estadidad.
Pero diplomáticamente él dijo que "respetaba pero discrepaba" con la Juez Lourdes Velázquez al encontrar causa presunta contra el y otros responsables.
Muchos observadores legales — de todas las creencias políticas — dijeron que el juez tenía que considerarla causa probable debido a los testimonios presentados en el juicio. Pero la mayoría de los observadores han predicho que Pesquera prevalecerá en el juicio. Esto se debe principalmente a que un jurado de sus peers — seguramente compuesto por defensores de la estadidad, el ELA y la independencia — no le condenará.
La imagen de los tribunales locales ha estado mejorando mediante las condenas dictadas contra dos anteriores legisladores por corrupción, así como las condenas en destacadas causas criminales, tales como la del hombre hallado culpable de lanzar intencionadamente al vacío a su hija pequeña causándole la muerte en un centro comercial de Carolina.
También parece que los tribunales están actuando de forma más independiente en los últimos años, en los que el Tribunal Supremo, rebosante de miembros del Partido Popular Democrático, está tomando decisiones contra la administración Calderón y el Tribunal de Apelaciones, creado bajo el mandato de Rosselló, se pone a menudo de parte de la administración.
El caso Pesquera puede contribuir a este aparente aumento de la confianza en los tribunales locales si el puertorriqueño medio cree que tiene un juicio justo.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
