 \La necesidad de una política clara respecto a los derechos del público a tener conocimiento de los tratos del gobierno fue de nuevo el centro de atención esta semana.
Mientras la Constitución de Puerto Rico garantiza que el público tendrá acceso a la información "publica", se precisa una legislación especifica para establecer el procedimiento a seguir por el gobierno para dar a conocer dicha información.
No es una cuestión que afecte solo a los burócratas del gobierno torpes. Incluso legisladores "experimentados" como el presidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, pueden ponerse muy nerviosos cuando un ciudadano o un periodista quiere averiguar algo. Esta semana se negó rotundamente a la petición de dos periódicos para hacer públicos los nombres y salarios de los que están en la nómina del Senado.
Argumentó que violaría el "derecho a la intimidad" de sus empleados, aunque sean pagados con fondos públicos.
La moción dio lugar a una avalancha de críticas y a una amenaza de pleito. Legisladores a favor de la estadidad y de la independencia, tales como el Líder de la Minoría en el Senado, Kenneth McClintock, convocaron ruedas de prensa para hacer entrega del listado de la nómica de su oficina. Antiguos presidentes del Senado, incluidos Miguel Hernández Agosto, del propio partido Democrático Popular de Fas Alzamora, expresaron su perplejidad ante la idea de que los salarios de los empleados públicos no fueran información pública.
A finales de semana, Fas Alzamora se dio por vencido, dando primero a conocer la nómina de su propia oficina y luego la nómina de todo el Senado. Pero no debería haber sido necesario que durante toda una semana se desarrollase una controversia en las páginas de los periódicos de la isla para que se lograse que un político atendiera una petición que debería haber sido atendida como cosa de rutina.
Puerto Rico no dispone de una ley, como el Acta federal de Libertad de Información, que establezca las normas fundamentales sobre cómo se hará llegar a los ciudadanos y a la prensa la información del gobierno. Y carece de una "ley de la claridad del sol," que regule el acceso a los documentos públicos y a las reuniones públicas, como la que disponen en sus libros la mayoría de los estados. Y eso es una lástima.
Cuando finalmente Fas Alzamora hizo pública la nómina, quedaron claras las razones de sus evasivas. El mejor pagado del Senado, José Ariel Nazario, tiene un salario anual de $109.000, mientras que el segundo responsable del gobierno mejor pagado, María G. Serbía, gana $98.748 al año.
Pero aquí el problema no es solo Fas Alzamora, que siempre ha parecido estar enamorado de la pompa y el boato — digamos del aspecto "regio" — del gobierno.
Los responsables del gobierno evitan de manera rutinaria facilitar información que ellos pudieran preferir que no saliera a la luz. Y a menudo, el equipo de noticias o el ciudadano tienen que recurrir a los tribunales para obtener la información.
De hecho, justamente esta semana, varios grupos de ciudadanos que han estado luchando para que la Marina finalice sus prácticas en Vieques, demandaron al Departamento de Justicia y a la Junta de Planificación para obtener documentación relacionada con sus discusiones con los responsables federales sobre el impacto medioambiental de las prácticas de la Marina.
El gobierno de Puerto Rico ha hecho 12 recomendaciones que quiere sean seguidas por la Marina con el fin de atenuar el impacto medioambiental de sus prácticas. Ninguna de estas recomendaciones ha sido cumplida y la Secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, se ha negado a dar a conocer la información, alegando que las negociaciones todavía están en marcha.
Si estos documentos estarían amparadas o nó por una ley "claridad del sol" o "expedientes abiertos" no está claro. Lo que está claro es la necesidad de dicha ley.
Ahora mismo, los directores de las agencias estatales no disponen de directrices a seguir para dar a conocer información, excepto los amplios términos que figuran en un dictamen de la Corte Suprema, dando orden a las agencias estatales para que hicieran públicos documentos relacionados con el asesinato por la policía de dos partidarios de la independencia en el año 1978 en Cerro Maravilla.
Por este motivo, los directores de las agencias estatales a menudo rechazan primero las peticiones de información que no quieren que salgan a la luz y luego solo ceden obligados bajo presión. Un sorprendente ejemplo de la anterior administración fue la negativa del Banco de Desarrollo del Gobierno a facilitar a un reportero las actas de una reunión de la Junta Competente de Acueductos y Alcantarillado en la que se aprobó el contrato del Superacueducto.
Un periódico tuvo que demandar al Departamento del Tesoro para que diera a conocer una lista de expedientes de "sociedades especiales" que tenía en sus archivos. Y otro tuvo que demandar al antiguo gobernador Rafael Hernández Colón para que diera a conocer sus gastos de viajes.
El ELA tiene una larga historia de mantener — o tratar de mantener — a la prensa ignorante sobre la información publica, remontándose a los días de Luis Muñoz Marín, que no sentía escrúpulos en llamar a los editores de los periódicos para tratar de acallar ciertas historias.
En 1991, Hernández Colón firmó una odiada orden ejecutiva exigiendo que quien buscase información declarase porqué necesitaba la información. Pero no se trata solo del gobierno. Los periodistas de la isla tienen parte de culpa por mantener fuera de los libros las leyes sobre la "claridad del sol".
En 1993, el anterior gobernador Pedro Rosselló firmó una orden ejecutiva que tenía como objeto dar al público y a la prensa mejor acceso a los expedientes públicos. Fue diseñada para revocar la orden de Hernández Colón, pero los periodistas protestaron, diciendo que ningún proceso debería regular el acceso del público a los expedientes.
Eso fue estúpido porque las agencias estatales necesitan un periodo de tiempo razonable para contestar a las solicitudes.
Ahora mismo, un proyecto de ley en el Senado proporcionaría dicha ley de la "claridad del sol". Los periodistas tienen razón al criticar la larga lista de exenciones incluidas en el proyecto de ley original, pero el proyecto de ley debería seguir adelante.
Si la administración de la gobernadora Calderón pretende en serio convertir el ELA en un "gobierno transparente," debería poner esta legislación al frente de su agenda.
Lo que resulta más irónico, Puerto Rico, una isla en el Caribe, necesita más sol.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
