Por favor, oprima aquí para sugerir sus ideas para futuras encuestas o "Temas Candentes" a tratarse. . 25 de octubre de 2002 Copyright © 2002 PUERTO RICO HERALD. Todos los derechos reservados.  Financiamiento de las campañas electorales A medida que se aproximan las elecciones del 2002 en los Estados Unidos, ya en cuestión de días y horas, la mayoría de los candidatos se encuentran en medio de actividades de último momento para la recaudación de fondos que paguen por sus anuncios en los medios de comunicación y los esfuerzos publicitarios exhortando al público a ir a las urnas a votar el 5 de noviembre. Es mucho lo que está en juego. El control de la Cámara de Representantes y el Senado está al alcance de cualquiera de los dos partidos. Los Republicanos están emergiendo de su previa actitud pesimista a medida que las encuestas públicas indican que es posible que puedan lograr victorias que les confiera ese control. Mientras, los Demócratas, en busca de lo mismo, se esfuerzan por desviar la atención de asuntos relacionados con Irak y la seguridad nacional para enfocarse en educación, seguro médico y otros temas de interés social que son más compatibles con sus plataformas políticas. Están en juego también posiciones de Gobernadores y escaños en las legislaturas estatales a través de toda la nación. Las campañas de este año se realizan en medio de gran actividad para la recaudación de fondos por parte de ambos partidos. El Presidente Bush ha recaudado varios millones de dólares en todo tipo de actividades comunitarias donde ha hecho acto de presencia y, en los últimos meses, ha estado desgastando mucho su traje de etiqueta por su uso constante. Los Demócratas no se quedan atrás en los esfuerzos adulando a sus seguidores, con sabuesos en el liderazgo del Congreso y el ex-Presidente Clinton olfateando las opulentas billeteras dentro del partido. Esta desaforada búsqueda de dólares ocurre a medida que los políticos y las estructuras de sus partidos se preparan para la ejecución de la Ley de Reforma Financiera de Campañas McCain-Feingold/Shays-Meehan. Dicha ley ya ha sido aprobada y entra en vigor después de las elecciones de noviembre. Esencialmente la ley pone fin al llamado "soft money": contribuciones ilimitadas a los partidos políticos por parte de corporaciones, sindicatos obreros e individuos para su distribución sin restricción alguna entre los candadidatos políticos. Lo que se mantendrá legal serán las contribuciones de individuos a candidatos políticos por hasta $2,000. Los cínicos aseguran que los políticos encontrarán la manera de burlar la ley para que donaciones ilegales puedan llegar a las cuentas corrientes de la campaña. Se estipula también que la ley será desafiada en los tribunales alegando que limita las garantías de expresión política que extiende la Constitución de los Estados Unidos. Por otro lado, los que apoyan la ley se complacen en ver que, por lo menos, es un comienzo en la reducción de la influencia que ejercen los acaudalados en el proceso político. En Puerto Rico, se están persiguiendo los mismos objetivos de una manera radicalmente distinta. Para responder a recientes alegaciones, cargos y convicciones por sobornos, coimas e influencia indebida por parte de funcionarios gubernamentales, la Gobernadora Sila Calderón ha propuesto legislación para que el gobierno de la isla pague todos los gastos de las campañas políticas para los distintos puestos públicos a través de toda la isla. El costo total de tal estrategia se calcula en $60 millones, cifra que tiene temblando a los legisladores de los dos principales partidos políticos. Con el presupuesto de la isla en déficit y la economía en serio deterioro, la mayoría de ellos no están dispuestos a hacer frente a las objeciones de los votantes que ya están manifestando quejas de que no es más que un "obsequio" que haría el gobierno a los políticos. El pequeño y tradicionalmente poco financiado PIP (Partido Independentista de Puerto Rico) se muestra radiante ante la posibilidad de la aprobación de la ley, ya que recibiría para sus campañas sumas iguales a las del PPD (Partido Popular Democrático) y el PNP (Partido Nuevo Progresista). El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Aurelio García, nombrado por Calderón, se ha referido a esta legislación como "demasiado cara" e "ineficiente". Sin embargo, la Gobernadora ha persistido y con toda seguridad dará todo su apoyo a la propuesta para ver que entre en vigor en el 2004, o de no poderse, entonces para las elecciones del 2008. En una encuesta previa de los "Temas Candentes" del Herald, 7 de cada 10 participantes expresaron su desaprobación con la idea de que los contribuyentes puertorriqueños paguen la cuenta de las elecciones en la isla. Esta semana, el Herald invita a sus lectores a expresar sus puntos de vista en torno al potencial de la propuesta como medio efectivo para poner fin a la corrupción endémica que durante tanto tiempo ha caracterizado el proceso político en Puerto Rico. Pregunta de esta semana: ¿Reducirá la corrupción en el proceso político de Puerto Rico la propuesta de la Gobernadora Calderón de financiar todas las campañas electorales con fondos del gobierno puertorriqueño? . E.U. . Residentes <----> . PR 22% Sí 21% 65% No 66% 13% Sin opinión. 13% . . Por favor, oprima aquí para sugerir sus ideas para futuras encuestas o "Temas Candentes" a tratarse.