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Click here to see this page in English. PNP se opone a campaña anti-militar del PIP... Con fecha límite del 7 de febrero padres opuestos a la milicia... Pesquera sugiere reevaluar a Carrión en Comité 2025... Camacho vuelve al Ring, detiene a Villareal... Desgracia para el país la convicción de Misla Aldarondo, dice Gobernadora... Gobierno evaluará caso del Banco Popular... Promarina pueden mantener su campamento
PNP se opone a campaña del PIP en escuelas públicas 20 de enero de 2003 SAN JUAN (AP) - El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Pesquera dijo que la información que las autoridades militares estadounidenses recopilarán en las escuelas públicas del país, como parte de la reforma educativa federal, no es sinónimo de un reclutamiento militar. Señaló que por esa razón, el secretario de Educación César Rey no debe permitir que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) inicie la anunciada campaña con los estudiantes, en las que les exhortarán a que no ofrezcan sus datos a las autoridades. Según la ley suscrita en enero de 2002 por el presidente George W. Bush, denominada "No Child Left Behind Act", los militares pueden tener acceso al nombre, la dirección y el teléfono de 165 mil estudiantes de escuela secundaria del sistema público. "El servicio militar en los Estados Unidos no es obligatorio y el hecho de que se le provea información de los estudiantes al gobierno no es sinónimo de reclutamiento", indicó Pesquera en parte de prensa. De igual forma, Pesquera solicitó que de permitirse esta campaña se le garantice tiempo igual a su colectividad para explicar su punto de vista y no permitir una alegada agenda "separatista" en los planteles. "No se puede permitir que el Partido Independentista Puertorriqueño confunda a nuestros jóvenes con información viciada y dirigida a deteriorar nuestra relación con los Estados Unidos", señaló. El secretario de Educación, César Rey dijo que los padres que se opongan a que la milicia estadounidense obtenga información sobre sus hijos tienen hasta el siete de febrero expresar su oposición por escrito y entregarlo a las autoridades escolares.
Con fecha límite padres opuestos a la milicia 20 de enero de 2003 SAN JUAN (AP) - Los padres que se opongan a que la milicia estadounidense obtenga información sobre sus hijos en las escuelas superiores públicas del país tienen hasta el siete de febrero expresar su oposición por escrito y entregarlo a las autoridades escolares. Así lo anunció el domingo el secretario de Educación, César Rey, quien señaló, además, que próximamente anunciará el protocolo para atender el reclamo de los grupos que se oponen al reclutamiento militar que buscan realizar orientaciones en las escuelas. Rey señaló que es un derecho de los padres oponerse a la disposición de la información personal de sus hijos, por lo que subrayó la importancia de que el formulario de consentimiento sea firmado y devuelto a las autoridades escolares antes del siete de febrero. Asimismo, el funcionario informó que esta semana circulará entre los cerca de 150 mil alumnos de escuela superior un recordatorio y una hoja informativa que describe los derechos constitucionales que le asisten al momento de que se les requieran datos personales. Recordó que, por disposición de la Ley 30, ninguna persona ajena a la escuela puede entrar a un plantel sin la previa autorización del Director Escolar. "Tenemos el mejor deseo de armonizar las peticiones de los grupos que han mostrado interés en informar a nuestros estudiantes. Sin embargo, nuestra responsabilidad es velar por el orden institucional y porque no se afecte el buen funcionamiento del curso escolar. De esa manera, en los próximos días informaremos sobre el procedimiento a seguir", anotó el titular de Educación. Reveló que esta acción podrá ser delegada a las Regiones Educativas para que sean coordinadas con los directores de las escuelas, previa solicitud de los interesados.
Pesquera sugiere reevaluar a Carrión en Comité 2025 20 de enero de 2003 PONCE (AP) - A juicio del presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Pesquera, la gobernadora Sila M. Calderón debe revaluar el nombramiento del banquero Richard Carrión como presidente del Comité 2025 a raíz de la multa de $21.6 millones que le impuso el Gobierno federal al Banco Popular para evitar una investigación criminal por lavado de dinero del narcotráfico. Carrión dirigiría el Comité 2025, organismo creado por la Gobernadora para delinear el futuro de Puerto Rico. "Es la Gobernadora la que lo nombró a él y le corresponde a ella evaluar su nominación, al igual que le corresponde al propio Carrión la forma en que va a continuar contribuyendo en el país", dijo Pesquera en una entrevista radial. Alegó que si él fuese Gobernador evaluaría detenidamente que es lo que ha trascendido públicamente, qué se conoce internamente, y pediría una opinión de si hay alguna responsabilidad de Carrión al ser el presidente del Banco Popular. "Le corresponde a la Gobernadora evaluar esa designación, y será ella la que tome su decisión", insistió Pesquera. Pesquera dijo, además, que el Departamento de Justicia debe hacer una investigación sobre ese caso, y señaló se debe de asegurar que ese tipo de acción no ocurra nuevamente. Añadió que el señalamiento contra esa entidad bancaria es uno serio, y se debe llevar hasta la últimas consecuencias. "Eso señala que hay un problema en Puerto Rico, que tiene que ver con el narcotráfico y que todas las entidades financieras deben estar enfocando su atención, porque es un asunto que crea desasosiego y lacera a la familia puertorroqueña", indicó Pesquera.
Camacho vuelve al Ring, detiene a Villareal 19 de enero de 2003 HOLLYWOOD, Fla. (AP) -- Hector ``Macho'' Camacho regresó tras una ausencia de 18 meses para detener a Otilio Villareal de Ecuador, tras el octavo asalto de un combate de super peso medio el sábado por la noche. Camacho, el antiguo tres veces campeón del mundo de Puerto Rico, de 40 años, derrotó a golpes y agotó a Villareal, que no se presentó para el noveno asalto de los diez previstos para la pelea. Camacho mejoró de 76-4-2 con su knock-out número 37. El antiguo junior peso ligero y campeón junior welter no había peleado desde que venció por puntos a Roberto Duran en julio del 2001. Camacho marcó el ritmo en el primer asalto, apuntándose tantos con la derecha seguidos con golpes de izquierda a la cabeza de Villareal. En el tercero, Camacho utilizó su izquierda para golpear de lleno, asestando una andanada de golpes sobre la cabeza de su oponente. Un Villareal lento (15-16-1) trató de frustrar los esfuerzos de Camacho con unos golpes de derecha, pero Camacho ganó a puntos con sus combinaciones. Camacho acorraló a Villareal contra las cuerdas en el tercero y logró conectar combinados al cuerpo. Villareal continuó aguantando los golpes en el terreno medio mientras Camacho llevaba la iniciativa con ganchos de izquierda o golpeando con la derecha en la cabeza. Los golpes de Camacho hicieron sangrar la nariz de Villareal. Villareal estaba en retirada durante la mayor parte del séptimo asalto y parecía reacio a devolver los golpes de Camacho. Villareal estuvo más ocupado en el octavo y se apuntó una corta combinación al comienzo del asalto. Pero Camacho presionó las acciones durante la mayor parte del octavo, asestando repetidos golpes de izquierda a la cabeza.
Desgracia para el país la convicción de Misla Aldarondo, dice Gobernadora 18 de enero de 2003 SAN JUAN (AP) - La gobernadora Sila M. Calderón sostuvo el sábado que la convicción del ex presidente cameral Edison Misla Aldarondo por cinco cargos de corrupción "es una desgracia para el país". Asimismo, reiteró su promesa de sanear el gobierno de actos como los imputados al otrora hombre fuerte del Partido Nuevo Progresista. "La convicción es una desgracia para el país", afirmó la Mandataria tras participar en una actividad oficial en Coamo. "Mi compromiso es continuar limpiando la corrupción porque así lo exige el pueblo", añadió. Misla Aldarondo fue encontrado culpable el viernes por cinco de los seis cargos que pesaban en su contra en el foro federal.
Jurado encuentra culpable a Misla Aldarondo 18 de enero de 2003 SAN JUAN (AP) - Tras dos días de deliberaciones, un jurado encontró este viernes culpable al ex presidente cameral Edison Misla Aldarondo en cinco de los seis cargos que pesaban en su contra. El ex legislador fue encontrado culpable en dos de los tres cargos de extorsión, dos de lavado de dinero y uno de intervención indebida con testigos. El jurado, que el jueves deliberó por unas seis horas y media y el viernes estuvo 15 horas debatiendo la culpabilidad de Misla, reinició sus trabajos a eso de las 10:00 de la mañana de este viernes. Entre otras acusaciones, al ex líder cameral se le imputa haber recibido en su cuenta de Notigrama donativos políticos que eran producto de su extorsión a los médicos que adquirieron el Hospital Alejandro Otero, entre los que figuraba José Iván Ramos Cubano. El jueves, la jueza Vargas denegó, por segunda vez, la moción de Absolución Perentoria que sometió la abogada Laura Maldonado alegando que de parte de su cliente Misla Aldarondo no hubo intención de conspirar para extorsionar e interferir con el comercio interestatal, lavar dinero ni intervenir con testigos. El ex legislador también tiene pendiente, para el 27 de enero, el comienzo de su juicio en el foro local por alegada violación de una menor de edad.
Gobierno puertorriqueño evaluará caso del Banco Popular 17 de enero de 2003 SAN JUAN (AP) - El Departamento de Justicia de Puerto Rico esperará por un informe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras para determinar el curso de acción a seguir en el caso del Banco Popular. El Departamento federal de Justicia informó este jueves que el Banco Popular, el más grande de Puerto Rico, tendrá que pagar $21.6 millones como parte de un acuerdo con el gobierno federal mediante el cual evitó la radicación de cargos criminales por lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico al no reportar actividades sospechosas al gobierno. La Secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, dijo que tendrá que esperar por el referido del Comisionado, Alfredo Padilla, para decidir el curso de acción a seguir. "Una vez se reciban en el Departamento los referidos que pueda hacer la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras se procederá como corresponda en ley", dijo Rodríguez a través de su oficial de prensa, licenciada Zulma Raíces. Indicó que corresponde primariamente al Comisionado de Instituciones Financieras trabajar con ese asunto. El Comisionado, por su parte, dijo que su oficina va a evaluar la situación y si detecta alguna violación a las leyes locales, lo referirá al Departamento de Justicia para su acción correspondiente. "Vamos a evaluar la situación y si se detecta alguna violación de leyes locales, se referirá a Justicia para acción", dijo a The Associated Press. No obstante, dijo que el asunto de lavado de dinero es un campo ocupado por el poder federal y que su oficina se limita a informar cualquier caso que se detecta y luego colabora con las autoridades federales en el proceso investigativo si se le solicita. "Si se detecta un caso, se refiere de inmediato a las autoridades federales y se colabora con ellos en el proceso investigativo", dijo Padilla. Indicó que tras el acuerdo del Banco Popular con las autoridades federales, corresponde ahora a su oficina asegurarse que los sistemas de control interno de ese banco funcionen y se cumpla con lo acordado. "Nosotros ahora tenemos que asegurarnos que los sistemas de control interno del banco realmente estén funcionando y que cumplan lo estipulado", dijo Padilla al resaltar que el Departamento federal de Justicia no pudo identificar a ningún empleado con responsabilidad en ese caso. Dijo que las responsabilidad de los demás funcionarios del banco muere ahí y que en la medida en que no se puede identificar a ningún funcionario, el asunto se queda a nivel institucional. El Departamento federal de Justicia encontró que depósitos a cuentas en el Banco Popular provinieron a menudo en bolsas de papel o de gimnasio repletas de dinero en billetes pequeños. Bajo el acuerdo con el gobierno estadounidense, el banco admitió violaciones a las leyes federales contra el lavado de dinero, que le requieren al banco notificar a las autoridades de actividades sospechosas.
Juez determina promarina pueden mantener su campamento 17 de enero de 2003 SAN JUAN (AP) - El juez Carlos M. Nieves Ortiz del Tribunal de Primera Instancia de Vieques determinó el jueves que el campamento de los promarina, a escasos pasos de otro campamento en contra de la Armada estadounidense, podrá permanecer en el lugar donde fue ubicado. De esa forma, el juez desestimó la querella presentada por el arrendatario de Hidropónicos Isla Nena Inc., Severino Díaz, quien alegó que el campamento perjudica el cultivo y mercadeo de sus productos. La licenciada de la parte querellante, Julie Soderlung, dijo que no descarta impugnar la decisión, según reseña un periódico local. Nieves Ortiz dijo que determinó desestimar la querella porque la Ley 140, invocada por la defensa "no es el remedio adecuado para resolver la controversia".
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