 La Gobernadora Calderón dio un salto hacia la derecha esta semana, tras haber sido vapuleada por las críticas respecto a que su postura sobre Vieques ha generado una apariencia de "anti-americanismo" que podría costarle a Puerto Rico muy caro en su continuada relación con los Estados Unidos.
Aprovechando la oportunidad de probar lo contrario, la gobernadora intentó esta semana demostrar que ella "era más americana que George Bush" según palabras de uno de los críticos.
El Partido Independentista Puertorriqueño aportó la plataforma para que la Gobernadora así lo hiciera, iniciando una campaña fuera de los institutos de la isla, orientando a los estudiantes sobre sus derechos respecto a dar a conocer sus datos personales a los encargados del reclutamiento militar.
La cuestión tiene su origen en una nueva ley federal de educación que exige a las escuelas que proporcionen información básica sobre los estudiantes a los encargados del reclutamiento militar, incluidos el nombre del estudiante, números de teléfono y dirección. La cláusula está enterrada dentro del Acta No Dejar Atrás Ningún Niño de enero del 2002, que genera miles de millones de dólares para educación y que pondrá la financiación federal de la educación en Puerto Rico a la par con los estados a lo largo de los próximos años.
Pero los estudiantes, con el consentimiento de sus padres, pueden negarse a que su información sea dada a conocer si solicitan expresamente a sus escuelas que la mantengan secreta, mediante un formulario de "optar por excluirse".
También esta semana, el Departamento de Educación dio a conocer la información orientando a los padres sobre el tema, pero los responsables del PIP, haciendo mención a la fecha límite del 7 de febrero, dijeron que deseaban dar mayor publicidad al asunto. Calderón condenó al PIP por la campaña, diciendo que el partido era "en gran medida anti-americano" y estaba trayendo la política a las escuelas de la isla.
"Esta administración no es anti-americana. Si en un momento dado los EE.UU. determinan a través de su Presidente y de su Congreso que es necesario un acto de guerra para defender aquellos valores que los puertorriqueños consideran un tesoro, tales como la libertad y la democracia, en ese momento estaremos respaldando a los EE.UU. contra el terrorismo," dijo la Gobernadora.
Es digno de mención que Puerto Rico es quizá el único lugar de los Estados Unidos dónde facilitar la información básica sobre los estudiantes a los encargados del reclutamiento se ha convertido en una cuestión. Ahora que el PIP está emprendiendo su campaña fuera de las escuelas de la isla, los grupos a favor de la estadidad dicen que llevarán a cabo campañas similares para orientar a los estudiantes sobre su capacidad para dar a conocer la información a los encargados del reclutamiento militar y "desenmascarar la campaña de mentiras del PIP."
Y resulta irónico que el centro de la controversia sea una cláusula relativamente insignificante en un proyecto de ley federal que concede a Puerto Rico la igualdad en la financiación federal para la educación que sucesivas administraciones a favor de la estadidad y el ELA han luchado durante años por lograr.
Aunque gran parte de estas posturas parezcan ir dirigidas a Washington, se trata verdaderamente del ritual local del trío de partidos políticos probando la fuerza de sus músculos para lograr alguna ventaja política, con la vista permanentemente puesta en las siguientes elecciones locales.
Las maniobras de Calderón sobre esta cuestión parecen ser reflejo de la peculiar naturaleza del status político del ELA — no del todo un estado de la unión y no del todo una nación independiente. También es un ejemplo de la tendencia de los políticos a favor del ELA de proyectar en casa el ELA alternativamente como una parte integral de los Estados Unidos o algo más parecido a un país independiente — según de lo que más convenga a sus necesidades.
No es accidental que Calderón atacara duramente los planes del PIP — aunque la campaña de orientación parezca estar al nivel del ultra politizado Puerto Rico.
Con la posibilidad de que se cierre la Estación Naval de Roosevelt Roads— o al menos sufra un recorte en su personal y en sus actividades — tras la retirada de la Marina de Vieques, la oposición ya señalaba con el dedo a la dura postura de Calderón respecto a Vieques como responsable del cierre de la base. Mucha gente teme no solo la negativa repercusión económica del cierre, si no cuales podrían ser las implicaciones si la mayor instalación militar de los EE.UU. que quedaba en Puerto Rico fuera clausurada.
Las críticas comenzaron cuando la Gobernadora atacó a la Marina a finales del mes pasado por anunciar la actual ronda de entrenamientos que está teniendo lugar en Vieques sin garantizar previamente que había encontrado los lugares alternativos para finalizar dichos entrenamientos el 1 de mayo. ¿No sabía la Gobernadora, dijeron los críticos, que los Estados Unidos estaban en vías de guerra y que el entrenamiento era necesario?
Así que con el anuncio oficial de que los días de la Marina en Vieques estaban contados, resulta una ventaja política para la gobernadora demostrar su lado pro-americano. Además de atacar al PIP, eso significa cabildear para mantener a la Marina en su base de Roosevelt Roads. Pero será mejor que la Gobernadora encuentre una razón mejor para mantener abierta la base que los beneficios económicos que ella ha citado públicamente, si dicho cabildeo ha de tener éxito.
El giro de Calderón hacia la derecha está diseñado para mostrar que el ELA — y su administración — están en sintonía con los intereses de los EE.UU. Pero es una puesta en escena totalmente para consumo local.
Sin una voz adecuada en el Congreso, el gobierno del ELA no evitará el cierre de Roosevelt Roads si los oficiales de la Marina deciden que ya no es necesaria. Incluso los políticos de los estados continentales que prestaron su apoyo a la campaña para poner fin a los entrenamientos en Vieques se verían en apuros para luchar por mantener abierta una base que es una consecuencia natural del éxito de dicha campaña.
Calderón puede haber dado este giro sobre el tema en San Juan, pero en Washington pocos políticos se atreverían a hacerlo.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
