 La Gobernadora Calderón aprovechó sus puntos débiles en el discurso que dio esta semana sobre el presupuesto, prometiendo una exención fiscal para la clase media e incrementos en el presupuesto para las agencias para la lucha contra el crimen de la isla.
La Gobernadora también aprovechó la ocasión para destacar sus esfuerzos por dar una administración sólida al enorme gobierno del ELA y atacar los escándalos de corrupción que mancharon la administración de su predecesor y probable rival en el 2004 – el anterior Gobernador Pedro Rosselló.
Los críticos dijeron que se trataba de juego sucio, acusando a Calderón de utilizar el discurso anual del Estado del ELA para hacer un discurso político.
Pero la Gobernadora, vestida con el rojo vivo de su Partido Popular Democrático, no intentó disimular los ataques políticos que lanzó contra el Partido Nuevo Progresista de la oposición.
"Castigar a la gente por corrupción no es persecución política," dijo, una réplica directa a la acusación de Rosselló de que la administración del PPD estaba persiguiendo a los defensores de la estadidad.
Varios críticos pusieron al discurso el apodo de "grito de batalla," y en parte lo fue. Pero a lo largo de la historia, los Gobernadores han utilizado el discurso del presupuesto para apuntarse tantos políticos, y esperar que Calderón hiciera lo contrario era de ingenuos.
Había mucho que alabar y mucho de qué quejarse en el último discurso, el tercero de Calderón desde que ocupa el cargo.
Por ejemplo, anunció el establecimiento de un fondo de $20 millones para que la Agencia Territorial adquiera terrenos para su conservación, una buena idea en una isla cada vez más cubierta por el asfalto.
Asimismo, el aumento de los gastos de Educación en un sustancial 20 por ciento también es una buena noticia, utilizándose los fondos para ampliar un innovador programa después del horario de escuela, y para emprender una necesaria mejora en los edificios de las escuelas de la isla.
Pero la Gobernadora también propuso conceder un aumento indiscriminado de $100 al mes en la paga de los empleados públicos y también aumentó las pensiones de los jubilados del gobierno del ELA en $100 al mes.
Mientras que muchos trabajadores del gobierno probablemente se merecen este aumento en su paga, sería mejor premiarles según sus méritos y en base a un porcentaje en lugar de una tarifa plana.
Además, ahora que los empleados públicos están sindicados, sería mejor dejar la negociación del aumento salarial en manos de los comités que representan a los trabajadores y a la dirección en diversas agencias estatales, en lugar de aplicar un aumento indiscriminado de la paga por parte de la Gobernadora. Lo cual simplemente pone una ventaja en manos de los trabajadores en el momento de las negociaciones.
El aumento de las pensiones de los jubilados del gobierno del ELA también es una mala idea. El Sistema de Jubilación de Empleados del ELA está en quiebra, con unas obligaciones sin fondos de varios miles de millones de dólares, y esto solo empeoraría las cosas.
Además, muchos jubilados del gobierno, anteriores directores, probablemente estén viviendo muy bien. De hecho, en conjunto, los jubilados del gobierno lo están pasando mucho mejor que muchos de sus contemporáneos en Puerto Rico que sobreviven con las pagas de la seguridad social.
El alma y corazón del mensaje de Calderón sobre el presupuesto, no obstante, fue su llamamiento para la exención fiscal y su dramático aumento en el gasto de la seguridad pública.
En cuanto a lo primero, pasa con un alto índice de aprobación, pero en cuanto a lo segundo, no queda claro si este gasto va a verse compensado con los resultados.
Habiendo reducido drásticamente el impuesto sobre las ganancias del capital a la mitad durante su primer discurso sobre el presupuesto, y habiendo lanzado una campaña de mil millones de dólares para la lucha contra la pobreza en su segundo discurso, estaba claro que Calderón tenía que ofrecer algún beneficio a la clase media de Puerto Rico, saludable pero con escasos recursos económicos.
En lugar de seguir adelante con los planes de la administración Rosselló para abolir el llamado impuesto de penalización del matrimonio y reducir en un 1 punto el porcentaje de todas las tasas, menos en el tramo más alto, Calderón diseñó un parcheado de deducciones dirigidas a la clase media
El plan pide que se aumente la deducción para los contribuyentes casados, que trabajan a $3.000 en lugar de los $300 y que se aumente la deducción por cuidado infantil para las parejas que trabajan a $1.200 en lugar de los $800 por un niño y a $2.400 en lugar de los $1.600 por dos niños o más. Las familias con niños también tienen derecho a una deducción de $500 por la adquisición de un ordenador.
Otras facetas del plan incluyen el aumento de la deducción por familiares dependientes a $1.600 en lugar de los $1.300, un incremento del 5 por ciento en las deducciones fiscales individuales y un crédito fiscal propuesto, oscilando entre los $50 y los $250, por presentar el formulario abreviado.
La administración Calderón argumenta que su alternativa abordaría de forma más equitativa a la clase media que las propuestas anteriores.
Por ejemplo, una pareja casada que gane más de $150.000 al año hubiera obtenido un ahorro de $8.295 bajo el plan de Rosselló, mientras que bajo el plan de Calderón obtendrá un ahorro de $1.244.
Una pareja que gane $15.000 al año hubiera obtenido un ahorro de $8 bajo la anterior propuesta, mientras que la propuesta de Calderón les concede un ahorro fiscal de $336.
Casi el 90 por ciento de los contribuyentes, aquellos que ganan por debajo de los $75.000, obtendrán un 77 por ciento de todos los beneficios que se paguen con este esquema.
En vista de los anteriores recortes en los impuestos sobre las ganancias del capital, y las innumerables deducciones al alcance de los contribuyentes con ingresos mas altos, el plan de Calderón plan es más equitativo.
No obstante, el paquete de medidas para la lucha contra el crimen de la Gobernadora, no parece muy sólido. Desde luego el gasto global en seguridad pública aumenta casi un 10 por ciento alcanzando los $1,35 mil millones, pero no está claro si el dinero será bien empleado, y no parece que el gasto vaya controlado por un plan prioritario que dirija la lucha contra el crimen.
El Departamento de Policía recibirá $90 millones para nuevo equipamiento y fondos para contratar 2.800 agentes más. La Oficina de Control Antidroga, entretanto, contratará nueve asesores que ganarán mas de $50.000 al año y creará un nuevo sistema estadístico.
Pero el encasillado Instituto de Ciencias Forenses, crónicamente infradotado de fondos, solo verá un aumento de $600.000 – lo cual no es suficiente para contratar el nuevo personal que se necesita. Y esto, a pesar de que la incapacidad de la entidad para realizar con rapidez pruebas clave en investigaciones y procesos criminales, ha instado a la Gobernadora y a la Secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, a demandar una reforma.
Las largas demoras en la agencia hacen que a menudo las investigaciones criminales se prolonguen durante meses y retrasen los procesos judiciales, permitiendo que peligrosos criminales vuelvan a las calles bajo la garantía constitucional de ser juzgados a los seis meses o puestos en libertar en espera de juicio.
No se trata solo de las prioridades de los gastos lo que hace que surjan las preguntas sobre la iniciativa de seguridad publica, si no que representa un giro de 180 grados en la filosofía de la administración.
El anterior Superintendente de Policía, Miguel Pereira, que fue trasladado a Correcciones en diciembre después de un año en el cargo, había argumentado que los agentes de policía eran más que suficientes, y que lo que el departamento necesitaba era más formación y equipos para resolver mejor los crímenes.
Su sucesor, el Superintendente Víctor Rivera, anterior Jefe de Correcciones, ha tomado la postura diametralmente opuesta, argumentando que se necesitan más policías. También quiere recortar el tiempo que se tarda en formar a los nuevos agentes para ponerlos en la calle con más rapidez.
Rivera también anuló un plan de reestructuración implantado por Pereira que tenía como objetivo responsabilizar a los comandantes de zona de las tasas de resolución de crímenes y descentralizar la oficina de detectives de la isla, alojada en San Juan en el Cuerpo de Investigaciones Criminales, en toda la isla. Ese plan, también ha sido completamente desechado por Rivera.
La reforma propuesta por Pereira no fue bien aceptada por los oficiales de carrera del departamento, debido en gran parte a que les hacía responsables de llevar a cabo su trabajo con eficacia. Y su repentino cese en el cargo llegó demasiado pronto para permitir que la reforma realmente arraigase. Los pasos tomados por Rivera están simplemente haciendo que el departamento vuelva al status quo que Pereira intentaba eliminar.
Con tres jefes de policía en su haber y una tasa de crimen en aumento, Calderón tenía que abordar la cuestión en su presupuesto.
Esta ultima iniciativa se parece mucho a tirar el dinero ante un problema, lo cual no perjudica. Pero no soluciona las deficiencias estructurales heredadas por los esfuerzos del ELA en la lucha contra el crimen, expuestos por Pereira y otros.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
