 Durante una entrevista para conmemorar la mitad de su mandato en el cargo el pasado mes de diciembre, la Gobernadora Calderón sonrió socarronamente cuando se le preguntó qué opinaba sobre la sindicalización de los empleados públicos emprendida por su predecesor.
"La nuestra es una administración que respeta la ley, y respetamos la ley de sindicalización del sector público," dijo, añadiendo que su administración ha intentado llegar a un "consenso" con los líderes sindicales sobre diversas cuestiones, incluido el estímulo del desarrollo económico. "Hicimos que los líderes sindicales se sentaran con los empresarios. Esta administración ha logrado la paz laboral."
Dos meses más tarde, esa paz parece muy próxima a romperse, ya que los sindicatos de los empleados públicos amenazan con ir a la huelga si la administración no cumple con los aumentos negociados a través de los contratos de negociaciones colectivas en diversas agencias estatales.
Resulta irónico que Calderón haya despertado las iras de los sindicatos que representan a los trabajadores públicos — teniendo en cuenta las concesiones que se dieron a los empleados del gobierno en su presupuesto a principios de este mes.
Prometió otro incremento de $100 en el salario mensual de los empleados públicos a partir de enero, y subió su gratificación navideña a $1,000. También incrementó el nivel inferior de las pensiones de los empleados públicos en $100 mensuales, incrementó su gratificación navideña en $100, y comenzará a pagarles $100 anuales para ayudarles a sufragar los costos de los fármacos de prescripción.
Entretanto, la Legislatura dirigida por el partido Popular Democrático esta considerando un proyecto de ley que eximiría de impuestos la gratificación de Navidad que pronto se convertirá en $1.000 para los empleados públicos.
Aún así, el sector laboral dice a gritos que el primer ejecutivo está volviéndose atrás de sus compromisos. El problema: los trabajadores de algunas agencias estatales negociaron aumentos salariales con diversas agencias que iban más allá de la promesa hecha por Calderón en la campaña de aumentar los salarios en $100 al mes, cada año, durante sus cuatro años de mandato. (El siguiente aumento del presupuesto demora este aumento en seis meses, lo cual es uno de los orígenes de las críticas.)
Pero en muchas agencias, la dirección y los sindicatos acordaron unos aumentos salariales por encima de los $100 al mes. Por ejemplo, el enorme Departamento de Educación se comprometió a un incremento mensual de $150, y los maestros de la isla están ahora indignados porque solo van a recibir $100 al mes, y seis meses más tarde de lo esperado. Otras agencias que están en el mismo aprieto son la Comisión de Servicios Públicos y los departamentos de Familia, Salud, Transporte y Obras Públicas y el de Recursos Naturales y Medioambientales.
El actual impás se solucionará. La oposición dentro del partido Nuevo Progresista e Independentista Puertorriqueño está uniendo sus fuerzas en apoyo del sector laboral e incluso dentro de la misma administración. La opinión pública también parece estar del lado de los empleados públicos. Después de todo, con un tercio de la fuerza laboral empleada por el gobierno, casi todo el mundo tiene a un ser querido que se vería afectado por los aumentos.
Sin duda, Calderón encontrará el dinero para los aumentos— empezando en enero como muy tarde — y se comprometerá a compensar la diferencia durante su mandato, como por ejemplo poco antes de las elecciones, lo antes posible.
La atención prestada a los empleados públicos por los gobernadores empeñados en su reelección tiene una larga historia en Puerto Rico. Y el anterior Gobernador, Pedro Rosselló, trajo los sindicatos a la inflada burocracia del ELA. Sin importar de qué partido — ELA o estadidad, Republicano o Demócrata — los gobernadores siempre han prestado especial atención a la masiva fuerza laboral del sector público.
La iniciativa de sindicalización de los empleados públicos emprendida por Rosselló dio al gran sector laboral de EE.UU. su mayor nuevo objetivo para una mayor participación desde hace años. Se consideró en general como un toma y daca al sector laboral a cambio de que respaldase la estadidad. Pero, a pesar de sus deficiencias, la ley de sindicalización del sector público de Rosselló cambia fundamentalmente la relación entre el empleado público y su patrono, el ELA.
Las promesas de campaña tales como las de Calderón, y las de Rosselló inmediatamente antes que ella — de dar a los empleados públicos unos arrolladores aumentos de paga — tienen que ser cosa del pasado. Es mejor dejar tales discusiones a nivel de las agencias, tal como demuestra la actual controversia. En tanto que los directores de las agencias están diciendo que una cláusula de los acuerdos laborales les permite desestimar las promesas económicas si los ingresos del gobierno no alcanzan, los jefes del presupuesto dicen que las agencias tendrán que recortar en otras cosas para cumplir los compromisos.
Lo primordial es que este tipo de promesas arrolladoras sobre las pagas son una mala medida para la administración ahora que los empleados públicos se han sindicalizado. En aras de la claridad, estas decisiones deberían dejarse a nivel de las agencias. Lo que es aún más importante, los Gobernadores no deberían hacer más promesas sobre las pagas porque simplemente se convierten en el hemiciclo de las negociaciones con el sector laboral.
Ni la Gobernadora Calderón, ni cualquiera de sus oponentes, deberían jamás volver a comprometerse a tales aumentos en las pagas de los empleados públicos, ahora que éstos disponen del derecho a la negociación colectiva. Esta clase de gesto paternalista ya no funciona. A pesar de las deficiencias de la sindicalización del sector público, es preciso que los directores ejecutivos se sirvan del modelo para retirar las cuestiones sobre paga y beneficios de las campañas políticas y devolverlas a las agencias donde corresponden.
Si la Legislatura se atreve a aprobar una legislación que exima de impuestos sobre la gratificación navideña a los empleados públicos, es preciso que la Gobernadora la vete inmediatamente. Se trata de una ley inmoral que otorga a los empleados públicos un derecho por el que la gran mayoría de los trabajadores de Puerto Rico — las dos terceras partes de la mano de obra que trabajan arduamente en el sector privado —tendrán que pagar.
Un gobierno transparente no es solo un gobierno sin truhanes Es un gobierno que no hace promesas que no se puede permitir pagar, ni concede beneficios a un grupo de especial interés a costa de una mayoría numerosa.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
