 En una frenética actividad de entrevistas con los medios de comunicación de la isla durante su estancia de una semana en Puerto Rico, el anterior Gobernador Pedro Rosselló habló de todo, desde la corrupción, cómo mejorar la reforma sanitaria, hasta la supuesta incompetencia de la administración Calderón.
Estaba claro que Rosselló, que durante sus ocho años como Gobernador pareció cada vez más impaciente, incluso hastiado del mundo, había recargado sus baterías durante sus dos años en los Estados Unidos, impartiendo clases de salud pública en las universidades de Boston y Washington, D.C.
Despojado del enorme séquito que conlleva el ser Gobernador, Rosselló viajaba ligero de equipaje, acompañado por su ayudante de confianza, Frances Rodríguez, y dos guardaespaldas asignados para su protección durante su estancia en Puerto Rico. En las entrevistas, estaba más que dispuesto a responder a preguntas comprometidas sobre la corrupción y los fracasos de su administración.
Pero el anterior Gobernador casi se animó cuando comentó el dilema de la isla sobre el status. Rosselló, cuya imagen pública es la de un hombre de acción en lugar de un intelectual, obviamente había pasado mucho tiempo fuera de su despacho pensando profundamente sobre el status, y sus comentarios sobre la cuestión adquirió matices filosóficos.
Mientras que una tercera administración Rosselló seguiría cabildeando con la rama ejecutiva del gobierno y el Congreso para que aborden la cuestión del status de Puerto Rico, dijo que también abordaría la cuestión por un tercer camino: llevando la lucha sobre el status de la isla a los tribunales federales.
"Se trata de otro flanco que tenemos que considerar cuando vemos que los procesos en las otras ramas políticas han resultado tan frustrantes," dijo en una entrevista.
No esperen que se convoque otro plebiscito si Rosselló regresa a La Fortaleza para un tercer mandato. Dijo que ahora veía una votación sobre el status como la fase final para resolver el estatus político de Puerto Rico — una cuestión que se presentaría a los puertorriqueños solo después de que otras ramas del gobierno federal hubieran actuado sobre el tema.
Admitió haber cometido errores durante los plebiscitos que él convocó en 1993 y 1998. En la primera votación, se permitió a los partidos crear su propia definición del status político que defendían, lo cual llevó a los votantes a elegir opciones poco realistas, dijo Rosselló.
En 1998, aunque su administración pudo lograr que la Cámara de los EE.UU. aprobase un proyecto de ley que habría comprometido al Congreso con los resultados de un plebiscito sobre el status, el Senado de los EE.UU. dejó morir la medida. Al permitir una quinta opción, la infame "ninguna de la anteriores", el plebiscito permitió a los puertorriqueños no tener que tomar una decisión sobre la cuestión, dijo.
Rosselló dijo sentirse frustrado por la incapacidad de la administración para lograr el apoyo del Senado, pero ahora ve que la institución ha sido establecida para ser "conservadora."
"Se resiste al cambio y dispone de los mecanismos para hacerlo," dijo, señalando a las tácticas obstructivas. De hecho, el Senado fue creado de manera que protegiera el estado de la unión, añadió.
Rosselló considera que el tribunal federal es uno de los modos de abordar el status, argumentando que los residentes de Puerto Rico tienen derecho a afirmar que sus derechos civiles están siendo violados porque no pueden votar por los que ostentan cargos nacionales — a saber, el presidente.
Puerto Rico y otros territorios de los EE.UU., argumentó Rosselló, son los únicos lugares de la tierra donde, si un ciudadano estadounidense fija su residencia, no puede votar por el presidente.
"Esta no es siquiera una cuestión puertorriqueña — es una cuestión territorial, se trata de discriminación geográfica," dijo a la revista San Juan City el pasado noviembre.
Abordar el tema del status de Puerto Rico será sin duda un duro camino, tal como sus anteriores luchas por el status, y como lo será el tercer intento de Rosselló por alcanzar La Fortaleza.
Dos intentos para lograr que la cuestión del status fuese aceptada por los tribunales, por parte de los residentes de la isla que demandaron el voto presidencial, han sido desestimados por el Tribuna del Apelaciones del 1er Circuito de Boston. Los expertos sobre la Constitución también dicen que los que elaboraron la Constitución dejaron claro que el voto presidencial se reservaba para los residentes de los estados de la unión.
Pero Rosselló señala que el Tribunal Supremo que propugnó el concepto de segregación racial es el mismo que propugnó el derecho de los Estados Unidos a quedarse con ciertos territorios con carácter indeterminado. Tal como la política de segregación ha sido rechazada como anticonstitucional, argumenta el anterior Gobernador, la discriminación contra los residentes de dichos territorios también debería serlo.
"Hemos considerado esto como una cuestión de derechos civiles…pero no hemos cuestionado la doctrina establecida en los casos insulares donde los Estados Unidos pueden poseer territorios con carácter indefinido en los cuales los derechos civiles de los residentes no tienen que ser reconocidos," dijo la semana pasada.
Mientras las anteriores demandas judiciales no han logrado obtener el voto presidencial, el dictamen del tribunal de apelaciones de Boston, revocando una decisión del Juez Decano de los EE.UU., Jaime Pieras, aporta cierta esperanza para las futuras luchas en el tribunal federal. El Juez del Primer Circuito de Apelaciones, Juan Torruella, advirtió que el ejecutivo y el Congreso tendrían que actuar pronto respecto a la "privación de derechos políticos de los puertorriqueños" o los tribunales federales se verían obligados a hacerlo. Finalmente, Rosselló considera a los tribunales como un medio de forzar a las demás ramas del gobierno a actuar sobre el status político de Puerto Rico.
Aunque una posibilidad remota, los planes de Rosselló para la futura lucha sobre el status ante el tribunal federal resultan provocadores, y ya están agitando el actual punto muerto en que se halla la cuestión.
El Presidente del Partido Nuevo Progresista, Carlos Pesquera, ya ha desistido de su boicot contra la petición de la administración Calderón de mantener conversaciones sobre el tema del status y, el día en que Rosselló regresó, dijo que ahora está dispuesto a discutir el status con la Gobernadora Calderón y el Presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos.
Entretanto, los Independentistas, han defendido llevar a cabo una discusión aparte sobre el status convocada por el Ateneo Puertorriqueño debido a la pasividad de Calderón respecto a su promesa de establecer un consenso en San Juan sobre el status antes de ir a Washington con cualquier propuesta.
Los defensores de la Independencia — como los de la estadidad — dijeron esta semana que reconocerían la estadidad como una opción legítima del status pero no el ELA definido por el Partido Democrático Popular. Recientemente, el PIP pidió que el gobierno del ELA utilizase las normativas federales medioambientales para declarar la reserva militar de la Marina en Vieques como lugar ‘Superfund’ con el fin de garantizar su limpieza. De este modo, también podría apoyar la petición de que el tema del status de la isla se abordara en los tribunales federales.
Lo cual deja a la Gobernadora Calderón y al PPD para cumplir las promesas del verano pasado de buscar un ELA "mejorado". Primero, esta pasividad se justificó con la negativa de Pesquera a unirse a las conversaciones, después con una economía pésima y la preocupación de los EE.UU. con la guerra contra el terrorismo.
Pero los que ya están hablando sobre el status argumentan que Calderón puede centrarse en la economía y el crimen y otros asuntos y seguir tratando el tema del status. Argumentan que es posible andar y masticar chicle a l mismo tiempo.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
