 La versión más reciente de la reforma de la financiación de campañas electorales de la Gobernadora Calderón ofrece $4 millones en fondos públicos a los candidatos a gobernador y además les permite recaudar $4 millones en financiación privada.
La reforma reserva $3 millones adicionales para cada candidato para ser utilizados en publicidad en los medios de comunicación.
El plan también prevé la donación de $7,5 millones a los candidatos a alcalde en San Juan, Guaynabo, Carolina y Bayamón, a la vez que les permite recaudar $4,5 millones en fondos privados.
En total, la reforma costará a los contribuyentes puertorriqueños $28,5 millones por elección, muy por debajo de la propuesta original de Calderón que hubiera incluido en el esquema de financiación con fondos públicos a todos los alcaldes de la isla y a los legisladores y hubiera costado entre $40 y $100 millones, según diversas estimaciones, dependiendo en parte, de si estuviesen incluidas las elecciones primarias.
Pero la última versión, aunque más económica, levanta aún más preguntas sobre si cumplirá su propósito original de disminuir el deseo de los candidatos por recaudar fondos para la campaña, con vistas a poner freno a la corrupción en el sector público que se ha relacionado con esta práctica.
El Partido Independentista Puertorriqueño, que quiere una financiación puramente con fondos públicos, y el Partido Nuevo Progresista, que quiere una financiación puramente con fondos privados, han atacado esta propuesta.
Los oponentes políticos de Calderón, el candidato del Partido Popular Democrático en el 2004, también han lanzado la acusación de que la última propuesta es más bien el resultado de sus temores ante el regreso del anterior Gobernador Pedro Rosselló al ámbito de la política local que de su deseo de restringir la influencia en las elecciones locales de los donantes a las campañas. Señalan la enorme cifra de $4 millones en fondos privados que, al amparo de la propuesta, podrían recaudar los candidatos a gobernador, para argumentar que Calderón está más interesada en la reelección que en la reforma.
Debido a que el PPD se encuentra ahora mismo en mucha mejor situación financiera que el PNP, la posibilidad de recaudar fondos privados está claramente a su favor, dicen los críticos. Su argumento también se ve reforzado por una propuesta para posponer hasta el 2008 la financiación de campañas con fondos públicos, que aparentemente estaba siendo considerada por los miembros del comité de Calderón que elaboró esta última propuesta.
Copias de un borrador solicitando esta demora fueron repartidas por equivocación a los reporteros durante la conferencia de prensa que anunciaba la última propuesta.
La Legislatura todavía podría acabar con el plan, ya que existen algunos legisladores del PPD que siguen cuestionando en público si se trata de una medida sabia. Si los legisladores no aprueban la legislación en esta sesión, que finaliza en junio, la reforma no podría aplicarse a las elecciones del 2004.
Pero se le debería conceder a Calderón el mérito de haber convocado un comité que contaba entre sus miembros con personas acreditadas de todas las convicciones políticas– por lo menos hasta que el anterior comisionado electoral del PIP, Damaris Mangual, dimitiera como protesta ante la propuesta final.
Los miembros defienden la mezcla de fondos públicos y privados amparados por el plan como un modo de lograr que la reforma sea más rentable, constitucional y que la idea de la financiación de campañas con fondos públicos sea atractiva para los políticos. Han desarrollado con esmero una formula en la cual los miembros creen sinceramente. Pero sigue sonando a echar dinero ante un problema.
Entretanto, la petición del PIP de una financiación puramente con fondos públicos, aunque revestida de términos morales, también se trata de la propia supervivencia, ya que es el partido que más se beneficiaría de ello.
La petición del PNP de una financiación puramente con fondos privados y un mayor control de éstas, es más sensato, pero el partido, más directamente manchado por las anteriores tramas de corrupción, tampoco está por encima de las acusaciones de actuar en su propio interés. El partido también debería ser mucho más agresivo al sugerir propuestas concretas anti corrupción.
De hecho, todo el debate sobre la reforma de la financiación de las campañas tiene que mirarse dentro del contexto de un mayor reto a las leyes electorales existentes que se está desarrolando en los tribunales federales.
Dos partidos políticos — el Partido Clean Citizens (Ciudadanos Limpios) y el Partido de Acción Civil – han demandado a la Comisión de Elecciones Estatales argumentando que las reglas para inscribir nuevos partidos políticos son innecesariamente onerosas. Se quejan de la exigencia de presentar peticiones firmadas en un plazo de siete días, la obligación de dividirlas por distritos y la condición de que sean legalizadas ante notario.
El mes pasado, el Primer Magistrado de los EE.UU., Héctor Laffitte, consideró que las reglas eran anticonstitucionales porque suponen una carga muy pesada para los grupos políticos en ciernes. El Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito está actualmente considerando una apelación de la CEE, que está defendiendo vorazmente su reglamento como una manera de eliminar los partidos políticos "de un día".
Existe cierta validez en su argumento, pero los falsos partidos políticos también podrían mantenerse apartados del escenario de la financiación con fondos públicos mediante una rigurosa supervisión de los gastos y la recaudación de las campañas.
La oposición de la CEE también debe mirarse desde la perspectiva de que, en un nivel, la entidad no es más que un órgano de los tres partidos políticos existentes, todos los cuales están interesados en mantener fuera a más rivales políticos. Y el escenario de la financiación con fondos públicos solo hace que el entorno de club cerrado resulte aún más reconfortante.
Los casos ante los tribunales parecen indicar que más que la financiación de las campañas, es la política del ELA en general la que necesita una reforma.
La formación de partidos políticos con arraigo popular podría resultar un modo positivo de hacer temblar el actual sistema. Sus seguidores tienen el concepto de unos partidos dedicados a la protección medioambiental, una política fiscal conservadora y un papel menor de las cuestiones de gobierno y derechos del contribuyente, entre incontables otras posibilidades.
Hoy en día, temas de tan vital importancia ocupan un lugar secundario ante la preocupación por el status, lo cual es lamentable, ya que no debería ser así.
Tener partidos políticos compuestos por toda clase de ideologías políticas es una manera de volver a traer estas cuestiones al centro de atención. Como también lo es el separar la cuestión del status de la administración del gobierno del ELA de otros modos.
Rosselló ha sugerido que se estudie la cuestión en los tribunales federales, mientras que el PIP ha pedido que se estudien las soluciones a través de un tipo de "asamblea constituyente." Como es habitual, el PPD es evasivo, pidiendo que haya más discusiones.
Facilitar el establecimiento de potenciales rivales políticos del PPD, el PNP y el PIP, quizás no mejorase en absoluto el panorama político de San Juan. Pero desde luego, no resultaría perjudicial.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
