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Para ver esta página en inglés, oprima aquí. PUERTORICOWOW La comunidad gay boricua resuelta a seguir la lucha
19 de abril de 2003 SAN JUAN -- Ahora que los activistas por los derechos de los gays perdieron por estrecho margen otra batalla en Puerto Rico, se están preparando en otro frente para ganar la guerra, cuando se revise el código penal de la isla este próximo verano. Por una decisión de 4 a 3, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictaminó la semana pasada que los estatutos de violencia doméstica -- comúnmente conocidos aquí como Ley 54 -- no aplican para los homosexuales y lesbianas. Los jueces de la mayoría dijeron que la intención legislativa era "fortalecer la institución de la familia", definida como "una unión sentimental y legal entre un hombre y una mujer". La decisión desestimó cargos criminales contra Leandro Ruiz Martínez, acusado de agredir a su compañero, Juan J. del Valle, hace dos años, el primer caso de violencia doméstica que el gobierno radicó desde que decidió aplicar la ley a parejas del mismo sexo. Al argumentar que los homosexuales deben tener igual protección bajo la ley, la secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, pidió a los jueces la semana pasada que reconsideraran su decisión. La apasionada discusión en torno al asunto también ha hecho titulares en momentos cuando la Legislatura está revisando el código penal de la isla por primera vez en 30 años, incluyendo una polémica ley de sodomía que los activistas dicen los hace criminales. Los opositores a que se derogue la ley dicen que todo es parte de una batalla mayor que se está librando simultáneamente en el gobierno, los tribunales y el Capitolio. Dado que esta victoria no fue tan sólida -- los tres jueces disidentes en esencia arremetieron contra sus colegas -- estos grupos afirman que no bajarán la guardia. "Le agradecemos el hecho de reafirmar la definición tradicional de matrimonio entre hombre y mujer", afirmó Milton Picón Díaz, presidente de Morality in Media de Puerto Rico. "Si no, se abren las puertas al código penal y civil, que se están enfrentando en este momento en la Legislatura". Para ambos bandos, ahí es donde radica el problema mayor. Para poder hablar sobre su relación con su violento compañero, del Valle, la víctima, tuvo que obtener inmunidad bajo la ley de sodomía de la isla, que criminaliza cualquier contacto sexual no usado tradicionalmente para la procreación -- incluyendo el sexo oral y anal, no importa quién lo realice. A pesar de que la ley de sodomía nunca ha sido aplicada en Puerto Rico, los activistas dicen que el peligro es real. Un legislador prácticamente amenazó a la activista lesbiana Margarita Sánchez mientras ésta testificaba durante una vista en el Capitolio, lo que dio lugar a un reto constitucional que llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El tribunal falló en contra de Sánchez, afirmando que la ley no había sido aplicada. El caso de violencia doméstica de Ruiz, dicen los activistas, ahora prueba su punto, puesto que la víctima tuvo que obtener inmunidad para lograr protección. "Aquí vemos el claro ejemplo del tipo de daño que se puede causar", afirmó Janice Gutiérrez, directora de la Oficina de Puerto Rico de la American Civil Liberties Unión (ACLU). "Estamos informándole a los legisladores que nuestra constitución protege el derecho a la intimidad que este artículo penaliza". . Actualmente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está revisando un caso que impugna la ley de sodomía de Texas. El efecto que esa decisión pueda tener en la ley de sodomía del código penal de Puerto Rico no está claro. Pero los opositores a los derechos para los gays dicen que continuarán luchando aun si baja una decisión que les sea adversa. "La comunidad gay quiere callar nuestra voz y nosotros no nos vamos a callar", afirmó el reverendo Jorge Raschke, un ministro protestante y prominente opositor de los activistas pro derechos gay. "La cuestión legal es sólo un frente de batalla. Lo nuestro es moral. Esto no es San Francisco. Lo que queremos es que se respete la cultura en Puerto Rico". |