|
 |
|
Click here to see this page in English. La Legislatura deberá aprobar la resolución contra la pena de muerte, el Juez Torruella está a favor… Gallisa censura a Calderón, Ella no apoyará a ningún candidato en las primarias…El antiguo Gobernador Ferre es dado de alta del Hospital…Torres Ramírez: los comentarios de Miranda Marin son improcedentes …Schumer busca la asistencia médica para Vieques… Comienza el primer juicio sobre los expedientes politicos
Legislatura puertorriqueña anuncia aprobará resolución conjunta contra pena de muerte Por Manuel Ernesto Rivera de Associated Press 5 de junio de 2003 La Legislatura aprobará la semana próxima una resolución conjunta para rechazar la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico, que está prohibida en la Constitución local ratificada en 1952. El acuerdo se produjo tras una reunión en Fortaleza entre legisladores de mayoría del gubernamental Partido Popular Democrático y la gobernadora Sila M. Calderón, quien ha expresado su rechazo a la pena capital. Sin embargo, la resolución no tendrá ningún efecto inmediato sobre el juicio federal que comenzó esta semana en el Tribunal federal aquí y en el que dos puertorriqueños acusados de secuestro y asesinato se exponen a la pena de muerte en caso de ser hallados culpables. "Es una expresión genuina dentro de nuestra democracia, reiterándonos que estamos en contra de la pena de muerte y que respaldamos la disposición constitucional de la Constitución del Estado Libre Asociado", dijo el presidente del Senado, Antonio Fas Alzamora. Previo a su entrada a la reunión con la Gobernadora, el presidente cameral, Carlos Vizcarrondo, dijo que de producirse una sentencia de pena de muerte contra los dos acusados en la Corte Federal "no habría problema constitucional" si son ejecutados fuera de Puerto Rico Aclaró, no obstante, que rechaza la pena capital "para cualquier persona". Vizcarrondo aclaró que está en contra de la pena de muerte Con la aprobación de la resolución, la Asamblea Legislativa responderá uno de los reclamos de la organización Ciudadanos Contra la Pena de Muerte, que el martes le solicitó acción a ambos cuerpos legislativos. La sección siete del artículo dos de la Constitución del ELA "reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad". "No existirá la pena de muerte", dice el documento textualmente. No obstante, el Tribunal Supremo federal desestimó un recurso de la defensa legal de Héctor Acosta Martínez y Joel Rivera Alejandro _ los dos puertorriqueños acusados que podrían enfrentar pena de muerte _ , quienes apelaban una decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que había determinado que la pena de muerte aplica a Puerto Rico por ser jurisdicción estadounidense. El Tribunal Supremo federal, en su revisión, entendió que el asunto aún "no estaba maduro" y que, por eso, no opinaría hasta que se produjera una sentencia de pena de muerte a nivel local. En el primer eslabón de la jerarquía de tribunales federales, el juez federal de Distrito para Puerto Rico, Salvador Casellas, había determinado en julio de 2000 que la pena de muerte no se podía aplicar aquí porque violaba las leyes que rigen las relaciones entre la Isla y Estados Unidos. Su opinión fue revocada un año más tarde por el Primer Circuito de Boston. Acosta Martínez, residente de la barriada Venezuela en Río Piedras, y Rivera Alejandro, vecino de Trujillo Alto, están acusados del asesinato de un comerciante de Río Piedras por hechos ocurridos el 11 de febrero de 1998.
Ex juez de Circuito de Apelaciones de Boston favorece pena capital 5 de junio de 2003 SAN JUAN (AP) - El ex presidente del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, el puertorriqueño Juan R. Torruella, favoreció la pena de muerte porque a su entender hay criminales que merecen ese castigo, mientras que modificarlo para que sólo aplique una cadena perpetua representa un gasto que el pueblo no debería pagar. Torruella mencionó a Adolfo Hitler y al terrorista estadounidense Timothy McVeigh, autor del bombazo del edificio federal de Oklahoma, como ejemplos de personas que se merecían ser ejecutados. "La sociedad no tiene por qué pagar los $35,000 anuales que cuesta mantener a un preso cuando un convicto es un individuo como McVeigh. Simplemente no se lo merece", agregó en una entrevista reseñada por la prensa local. Por su parte, el ex superintendente de la Policía Pedro Toledo,también favoreció esa sentencia por considerarla un "disuasivo". "Hay criminales que son sentenciados a 25 años de cárcel y salen en ocho. Antes de cometer el crimen, pensarán que podrán exponerse a la pena de muerte, lo pensarán dos veces, ya que no son tan bravos como parecen", sostuvo. Los puertorriqueños Héctor Acosta Martínez y Joel Rivera Alejandro podría enfrentar la pena de muerte de ser hallados culpables de haber secuestrado y asesinado a un comerciante de Trujillo Alto.
Gallisá censura a la gobernadora Calderón 5 de junio de 2003 PONCE (AP) - El dirigente independentista Carlos Gallisá censuró agriamente a la gobernadora Sila María Calderón por participar en la selección de candidatos del Partido Popular Democrático (PPD) para las próximas elecciones sin contar con el aspirante a la gobernación, José Alfredo Hernández Mayoral. "Calderón no va a dirigir más el partido, ni aspira a la reelección pero se ha quedado y está llamando a los candidatos y colocándolos en distintas posiciones", dijo este jueves Gallisá. "Y la persona que va a dirigir el Partido Popular a lo mejor dentro de un mes, Hernández Mayoral, no está en ningún sitio", agregó en entrevista radial. Gallisá se refería a que Calderón ha celebrado una serie de reuniones políticas en La Fortaleza en un intento por lograr un consenso para postular un candidato a alcalde de San Juan y ha tanteado a algunas figuras de su gobierno en un esfuerzo para que se postulen para la Legislatura. Además, la Mandataria se entrevistó con el director ejecutivo del Fondo del Seguro del Estado, Nicolás López Peña, para tratar de convencerlo de que se postule para la alcaldía de Bayamón. Gallisá cree que el equipo político con miras a las próximas elecciones generales de noviembre del 2004 debe escogerlo Hernández Mayoral y y no la gobernadora Calderón.
Gobernadora dice no expresará apoyo a candidatos en estas primarias Por Sandra Ivelisse Villerrael de Associated Press 5 de junio de 2003 HUMACAO - Por entender que "añadiría a confundir o malinterpretar", la gobernadora y aún presidenta del Partido Popular Democrático, Sila M. Calderón, se abstendrá de expresar su apoyo a candidato alguno durante el proceso primarista de este próximo noviembre. Calderón evitó así contestar preguntas específicas sobre si respalda las aspiraciones políticas del senador Roberto Vigoreaux o del ex senador Eduardo Bhatia para la alcaldía capitalina. Bhatia, derrotado candidato a la alcaldía de San Juan en las elecciones del 2000, ya ha expresado su intención de regresar al Senado, pero sigue siendo mencionado para la poltrona capitalina. Calderón se limitó a señalar que los aspirantes que se mencionan para distintos puestos son "buenos candidatos, buenos populares y buenos puertorriqueños". Por otra parte, la Gobernadora rechazó haber seleccionado directamente a José Alfredo Hernández Mayoral como su sucesor en la presidencia popular y en la candidatura a la gobernación. "El pueblo de Puerto Rico escogió a José Alfredo Hernández Mayoral como mi sucesor", dijo la Mandataria en una conferencia de prensa en Humacao, donde inauguró proyectos en varias comunidades especiales. La Gobernadora resaltó que mantiene comunicación continua y "en total armonía" con Hernández Mayoral sobre asuntos políticos. Calderón también declinó ripostar las críticas que ha recibido de parte del alcalde de Caguas, su correligionario William Miranda Marín, quien incluso le pidió que dimitiera como presidenta del PPD para dejarle pleno control político a Hernández Mayoral. "No voy a perder tiempo en polémicas", sentenció Calderón. A partir de ahí, en cada ocasión en que se le preguntaba sobre Miranda Marín, la Gobernadora se limitaba a repetir que "se confundió otra vez". El juego de palabras de la Gobernadora surge debido a que Miranda Marín, también miembro del Consejo General del PPD, admitió que se confundió en la sede del partido cuando secundó una moción respaldando a Hernández Mayoral como candidato a la gobernación, a lo que antes se había opuesto.
Dan de alta al ex gobernador Luis A. Ferré 5 de junio de 2003 SAN JUAN (AP) - El ex gobernador Luis A. Ferré fue dado de alta este jueves del hospital donde estuvo recluido desde el pasado domingo a causa de una bronquitis. José Serra, portavoz de la Familia Ferré, dijo que el ex mandatario, de 99 años, fue dado de alta debido a su "excelente recuperación". Añadió que la Familia Ferré está pidiendo a los ciudadanos y amigos que le permitan al ex gobernador descansar en su residencia con la mayor tranquilidad. Ferré, quien nació en Ponce el 17 de febrero de 1904, fue electo en noviembre de 1968.
Secretario general del PPD pide a Miranda Marín que se retracte 4 de junio de 2003 SAN JUAN (AP) - El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Fernando Torres Ramírez, urgió este miércoles al alcalde popular de Caguas, William Miranda Marín, a retractarse de sus comentarios en torno a la falta de plan de trabajo del actual gobierno. Torres Ramírez calificó de "inapropiada" la solicitud del Ejecutivo cagüeño a Calderón para que abandone la presidencia de la colectividad y deje en su lugar al candidato a la gobernación por el PPD, José Alfredo Hernández Mayoral. "Más que una censura, yo hago una invitación al compañero Willie Miranda Marín a que se retracte, a que reflexione y que revalúe", dijo Torres Ramírez luego de participar en una reunión con la gobernadora Sila M. Calderón en La Fortaleza. Criticó, además, que como miembro de la Junta de Gobierno del PPD Miranda Marín se haya pronunciado públicamente sin antes ventilar sus quejas en un foro interno. Mientras, otro miembro de la Junta, el portavoz de la mayoría senatorial, Roberto "Junior" Maldonado, no descartó presentar una moción de censura contra Miranda Marín. "Voy a plantear a la Junta de Gobierno que exprese su rechazo en cuanto a lo que ha dicho Miranda Marín sobre la obra de gobierno de Sila María Calderón", dijo el senador. Miranda Marín expresó a un rotativo de la capital (El Vocero) que Calderón debe darle paso a Hernández Mayoral para que asuma inmediatamente la presidencia y reorganice el proceso de candidaturas. El Alcalde afirmó que Calderón perdió su poder político luego de anunciar que no regresaría a un segundo término.
Congresista intercede ante Estados Unidos por la salud de los viequenses 4 de junio de 2003 SAN JUAN (AP) - El congresista Charles Schumer emplazó al secretario de salud de Estados Unidos para que le suministre información sobre los servicios de salud que tienen disponibles los residentes de Vieques, ahora que la Armada estadounidense ya no realiza prácticas en esa isla. En una carta al secretario Tommy Thompson, Schumer recordó que el 72 por ciento de los residentes de Vieques viven bajo el nivel de pobreza y la mitad no tiene empleo. Además destacó que la incidencia de cáncer en esa población es mayor a la del resto de los residentes de Puerto Rico. "Finalmente, la Marina se ha retirado de Vieques, lo que representa buenas noticias que hace tiempo debieron de haberse dado. Pero, parte de la era pos Marina en Vieques debe ser proveer servicios médicos de primera necesidad a la gente de Vieques. No es claro que hayan suficientes hospitales y clínicas de salud para atender a la población", lee la misiva reseñada por la prensa local.
Comienza el primer juicio sobre los expedientes políticos Por Joanisabel González-Velásquez de Noticias WOW 4 de junio de 2003 El primer juicio civil sobre la práctica de la policía de Puerto Rico de mantener expedientes secretos sobre más de 500 personas, basándose solo en su ideología política pro independencia, comenzó el martes. El exterior del tribunal de la Juez del Tribunal Superior de San Juan, Julia Garriga, estaba ocupado por las victimas, testigos y otros defensores de la independencia que asistieron a la vista y dijeron "no existe cantidad monetaria que pueda aliviar el dolor" padecido durante décadas. El activista independentista de Mayaguez Providencia "Pupa" Trabal Rivera, 77, subió al estrado para revelar como fue víctima de una persecución política durante 28 años. "En 1993 supe que existía un expediente sobre mí, cuado ellos (refiriéndose al gobierno) comenzaron a dar a conocer los documentos," dijo Trabal Rivera, que explicó que su expediente constaba de más de 2.706 páginas. Descubrió que las autoridades habían recopilado un archivo sobre sus actividades en 1956, cuando aceptó presentarse para un cargo en la legislatura municipal en Mayaguez bajo el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). En 1988, el Juez Arnaldo López Rodríguez, concluyó que la práctica de mantener expedientes políticos llevada a cabo por el Departamento de Policía tras la revuelta Nacionalista de 1950 era una acción ilegal. Once años después de la decisión, el anterior Gobernador Pedro Rosselló presentó una disculpa formal a las personas en nombre del gobierno por la inapropiada actuación del estado, y firmó una orden Ejecutiva asignando $5,7 millones como compensación a las victimas. "No hay nada en este mundo que pueda compensar lo que hemos pasado," dijo el hijo de Trebal, Néstor Nazario Jr. "El mayor daño se ha causado al movimiento pro independencia," añadió. Otro de los testigos fue el abogado Juan Santiago Nieves, que ganó el primer caso de las ‘carpetas’ contra el gobierno por violación de los derechos civiles del activista independentista David Noriega y otros. Según Santiago Nieves, los 135.000 archivos recogidos por la División de Inteligencia del Departamento de Policía contienen informes sobre cada uno de los aspectos de la vida de los activistas, incluidos fotos, información sobre su trabajo, y solicitudes de ascenso que fueron denegadas por su ideología. El Juez Garriga dejó claro que "el único responsable de estos actos es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico."
|