 Puede que no haya suficiente dinero para arreglar el Instituto de Ciencias Forenses, para subvencionar la agencia del ELA que supervisa las escuelas privadas o para instalar un sistema de telecomunicaciones en las escuelas publicas para ayudar a aprender a los niños que padecen deficiencias auditivas, pero la Gobernadora. Calderón encontró esta semana $6 millones para continuar con la campaña de la administración para la inscripción de votantes entre los puertorriqueños que viven en la zona continental.
La Gobernadora, en una entrevista con la Oficina de Washington de la Associated Press, anunció la iniciativa durante un viaje a Washington, D.C. esta semana. "Apreciamos nuestra democracia, y ponemos en práctica nuestra democracia," dijo Calderón, citando un índice de participación de votantes del 83 por ciento en Puerto Rico. "Es una lástima que la gente que vota en casa con tanto entusiasmo e ilusión, venga aquí y ni siquiera se inscriban. Parece como si no se sintieran conectados con el proceso político. No sienten el vínculo entre su voto y sus condiciones de vida."
Hay que decirlo claramente. No hay nada intrínsecamente malo en la campaña de inscripción de votantes de la Gobernadora Calderón. Existe el argumento de que puede estimular la influencia política de Puerto Rico, lo mismo que contratar costosos cabilderos en Washington, por lo tanto es dinero bien gastado.
Además, al inscribir a residentes puertorriqueños en la zona continental para que voten, la campaña también puede tener un impacto positivo más directo en sus vidas – una buena obra independientemente de cualquier influencia política que pueda comprar.
Pero en vista del lamentable estado de las finanzas del gobierno del ELA, del que se han estado quejando los responsables de la administración desde que tomaron posesión de sus cargos hace dos años, el anuncio de una campaña de inscripción de votantes presenta un problema de credibilidad para la administración.
Seguramente puede que se trate de una buena causa. Pero los críticos señalan acertadamente que hay muchas otras buenas causas aquí mismo en casa que no se están atendiendo.
El hecho de que Calderón anunciase a bombo y platillo la campaña de votantes — y el multiplicar por dos los recursos financieros en un esfuerzo por totalizar $12 millones — a los medios de comunicación de los estados, al tiempo que ponía de manifiesto sus esfuerzos por mayores incentivos fiscales y comerciales para la industria durante su estancia en Washington a los reporteros locales, no hace más que incrementar la apariencia de que tiene dos caras cuando habla.
Es una venerable tradición de los políticos de Puerto Rico decir una cosa en Washington y otra en San Juan. Y Calderón ciertamente lo hizo esta semana. Esta es una de las razones por las que a la mayoría de los medios de comunicación locales se les pasó por alto completamente el hecho de que la administración estaba gastando $6 millones más para la inscripción de puertorriqueños en la zona continental.
Calderón había anunciado el año pasado una campaña de inscripción de $6 millones pero, en vista de las recientes lamentaciones de la administración de que sencillamente no había dinero para diversas necesidades de Puerto Rico, no es extraño que ante los reporteros de San Juan la administración restase importancia esta semana al gasto adicional de $6 millones para continuarla.
Una batalla de meses entre la administración y los líderes sindicales solo ha quedado saldada recientemente mediante una infusión de fondos federales como parte de un paquete de ayuda de la administración Bush a los estados con problemas presupuestarios. Antes de esto, Calderón había insistido en que sencillamente no había dinero para pagar el incremento salarial a los empleados de los departamentos de Familia y Educación a pesar del acuerdo negociado entre las agencias y sus trabajadores de darles el aumento pendiente el 1 de julio. Citando el aprieto presupuestario, los responsables de la administración insistieron en demorar los aumentos hasta enero.
Los responsables de la administración también han mantenido una postura férrea en su negativa a asignar más recursos a las agencias estatales, citando que el bolsillo del ELA no daba para más.
El Instituto de Ciencias Forenses necesita $1 millón o $2 millones para poner en claro el cúmulo de pruebas criminalísticas esenciales que están retrasando el proceso de principales sospechosos de crímenes horribles. El caso de Daisy Berríos, una mujer embarazada asesinada justo antes de la fecha prevista para que naciera su bebé, es un ejemplo. El principal sospechoso, implicado por diversas pruebas circunstanciales, es un oficial de policía que aun no ha sido llevado ante la justicia porque las pruebas forenses siguen pendientes. La mujer fue asesinada hace dos años.
Justo la semana pasada, la Directora de la Oficina de Presupuesto y Administración, Melba Acosta, habló en contra de la medida de instalar teléfonos con texto que podrían haber ayudado a 974 estudiantes con discapacidad auditiva en toda la isla. La razón — su costo de $70.000, según un informe de la Associated Press.
"El gobierno central no puede asumir responsabilidades fiscales adicionales porque el presupuesto recomendado para el año fiscal 2003-2004 ya ha sido distribuido en su totalidad," dijo Acosta.
Entretanto, el presupuesto del Consejo General de Educación, que da las licencias de las escuelas privadas de la isla, ha sido recortado a la mitad desde que Calderón asumió el cargo. Alega que carece de recursos para tomar medidas contra casi 100 escuelas que funcionan sin licencia o con licencias caducadas.
Existen otras quejas sobre la campaña de inscripción de votantes. El Líder de la Minoría en el Senado, Kenneth McClintock, un destacado Demócrata, ha acusado a la administración de inscribir de forma selectiva a puertorriqueños en zonas clave en un intento por influir en campañas concretas. Por ejemplo, lanzo la acusación de que la campaña de inscripción en Florida iba dirigida a lograr el favor del Gobernador Jeb Bush y su más poderoso hermano en la Casa Blanca, el Presidente Bush.
Pero la principal queja es esta – ¿cómo puede el ELA disponer de dinero para inscribir a los votantes de la zona continental y no tener suficiente para atender a las necesidades reales de casa?
Quizás el ELA debería dejar que Demócratas y Republicanos traten de inscribir a los puertorriqueños de la zona continental.
Entonces podría utilizar los $6 millones para arreglar los graves problemas del Instituto de Ciencias Forenses, el Consejo General de Educación y mejorar la educación de los escolares con discapacidad auditiva de la isla. Y todavía sobraría mucho para otras mejoras necesarias en casa.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
