 Puerto Rico estaba pendiente esta semana de una serie de juicios notorios, ante la aprobación del Senado de una controvertida revisión del código penal de la isla.
Un jurado absolvió a la antigua senadora Maribel Rodríguez, que fue acusada de embolsarse $2.000 en gastos de viaje del Senado, mientras que otro condenó a la estrella de las telenovelas Osvaldo Ríos por dar una paliza a su antigua novia. Mientras, un juez dominicano condenó a Laura Hernández, celebridad de la televisión, a siete años de prisión por conspirar para traer 155 libras de cocaína a Puerto Rico desde la vecina isla. Su marido Marcos Irizarry fue condenado a 15 años, acusado de ser el cerebro de la red de tráfico de drogas, compuesta por otros seis acusados que recibieron unas condenas de prisión de entre 5 y 15 años.
El mensaje que transmiten estos veredictos es un poco turbio ya que la aprobación por parte del Senado de un nuevo código penal, no será abordada por la Cámara hasta la nueva sesión legislativa, y deberá ser firmada por la Gobernadora Calderón para que ésta se convierta en ley, si la legislación logra llegar algún día hasta su despacho.
El veredicto de Rodríguez parece ser una historia aleccionadora sobre el abuso del poder procesal del estado. Debe tenerse en cuenta que el Fiscal Especial Independiente (SIP) presentó pruebas convincentes de que Rodríguez había aceptado fondos del Senado para viajar al Desfile del Día Nacional de Puerto Rico en la ciudad de Nueva York mientras que algunos de estos gastos fueron pagados por la ciudad de Toa Alta, cuyo alcalde era el entonces marido de la senadora. El SIP también presentó pruebas de que Rodríguez trató de justificar el pago por cuenta del Senado de más de $2.000 presentando documentación de itinerarios no pagados como recibos pagados y que solo devolvió al Senado el pago de los gastos de viaje después de que el Presidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, ordenase una auditoria.
Se debió solamente a que el auditor del Senado también testificó que más de una docena de otros senadores habían devuelto los gastos que resultaron no estar justificados sin tener que enfrentarse a un proceso, que el jurado decidiese la absolución. Al final, el jurado aceptó la historia de la defensa de una persecución política ordenada por la Gobernadora Calderón, que quería demostrar que va en serio sobre la lucha contra la corrupción en el sector público.
Entretanto, el caso Ríos parece indicar que la celebridad y una personalidad encantadora no son suficiente protección para una persona contra las consecuencias de su mal comportamiento. También sirve para ilustrar que un sector de la sociedad de Puerto Rico está alarmada ante el creciente numero de incidentes de violencia domestica y opina que los que maltratan a la esposa deberían ser castigados.
Mientras, ocho puertorriqueños fueron condenados esta semana en la Republica Dominicana por cargos relacionados con el tráfico de drogas, que les llevará a cumplir condenas de cárcel de entre cinco a 15 años. Quizás la reacción más mesurada ante las noticias de esta semana vino del Director de la Oficina de Control de Drogas, Luis Zambrana, quien dijo que la condena significaba que 155 libras de cocaína no llegaron a las calles de Puerto Rico para sembrar el caos entre la juventud de la isla.
El porqué una profesional de éxito como Hernández se involucraría en el tráfico de drogas es una pregunta que se dejó al público. Pero también hubo algo desagradable en el caso, empezando por el hecho de que los traficantes dominicanos que vendieron las drogas al grupo de puertorriqueños nunca fueron llevados ante la justicia. La filmación del juicio, que mostraba a un juez con rostro muy joven sentado al lado de un veterano fiscal, resultó extraña al público local, y levantó dudas sobre la integridad del proceso. También lo hizo la reciente visita del Presidente dominicano Hipólito Mejías, quien mantuvo un altercado verbal con los periodistas tras ser preguntado por su pasividad ante la solicitud de extradición al Departamento de Justicia de los EE.UU. de un destacado hombre de negocios buscado localmente por su conexión con el caso de corrupción de las Autoridades Portuarias.
Una mirada de cerca al sistema de justicia dominicano hizo que el sistema local brillase, mostrando porqué el ser juzgado por un jurado de sus semejantes es el mejor modo jamás ideado de impartir justicia. La independencia de los veredictos del jurado esta semana contribuyó a hacer de éstos un ejemplo de ello.
Pero el caso Hernández también tuvo un fuerte impacto local debido a la solidez del veredicto y a las sentencias consiguientes. Los expertos en legislación dominicana dicen que no es muy probable una victoria de la apelación. Y la sentencia de siete años contra la celebridad de la televisión es mucho peor de lo que suena, ya que no existen programas de liberación temprana o buen comportamiento como en Puerto Rico, que permiten a los criminales obtener su libertad tras cumplir solo una parte de sus sentencias. Las sobrecargadas agencias de la Junta de Libertad Condicional y Correcciones del ELA exacerbaron el problema al no dar la supervisión apropiada al proceso de libertad condicional.
Todo esto nos lleva de nuevo al intento de revisar el Código Penal del ELA. El Senado del Partido Popular Democrático, y en particular el Senador Eudaldo Báez Galib, deberían ser felicitados por intentar el esfuerzo de racionalizar y actualizar el laberinto del derecho penal escrito a lo largo de los años. Existen contradicciones entre las leyes existentes, varias disposiciones obsoletas y deficiencias respecto a sectores emergentes de preocupación tales como los delitos de Internet. Se trata de uno de los esfuerzos legislativos más considerables desde que el PPD asumió el control del Capitolio en enero del 2001.
El Senado también debería ser felicitado por aprobar una versión enmendada que elimina la sodomía consensuada como delito— definiendo la "sodomía consensuada" como cualquier tipo de sexo excepto el sexo tradicional pene-vagina llevado a cabo por parejas heterosexuales. El hecho de haberlo hecho un domingo por la noche, cuando estaba garantizada una cobertura de prensa mínima, es otra cuestión.
El hecho desafortunado es que hasta ahora el debate publico se ha centrado principalmente en la disposición anti sodomía -- y no en la más importante revisión del código penal de la isla.
La Delegación del Senado del Partido Nuevo Progresista votó contra la medida por razones ajenas a las del estatuto anti sodomía. Los senadores se quejaron de que la medida había sido aprobada demasiado deprisa, que algunas de las enmiendas era demasiado indulgentes, y que ampliaría enormemente las posibilidades de puesta en libertad temprana. Los oponentes del PPD rebatieron que ha habido una serie de audiencias publicas durante los esfuerzos de dos años, y rechazaron los otros cargos.
Lamentablemente, el estatuto de sodomía ha acaparado cualquier otro debate. EL PNP ha expresado su oposición a la legislación de manera encaminada a apaciguar a los grupos religiosos, lo cual solo ha dado alas al debate sobre la ley de sodomía. Es una pena. El debate publico debería centrarse en el ámbito de los cambios propuestos, que van más allá de la propuesta abolición de una ley que nunca se ha hecho cumplir.
Tanto los grupos de derechos de los gays como los miembros del clero conservador cristiano están haciendo un flaco servicio al público al hacer suyo el debate del código penal convirtiéndolo en un referéndum sobre la cuestión de la sodomía.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
