 La semana pasada, un grupo de expertos de San Juan, el Centro para la Nueva Economía, dio a conocer un informe sobre las ventajas de establecer un Crédito Fiscal sobre Ingresos del trabajo en Puerto Rico.
Si Puerto Rico constituyera en ley dicho esquema, seguiría los pasos de diversos estados que, habiendo visto los resultados positivos del EITC (Crédito fiscal sobre ingresos del trabajo) federal establecido por primera vez en los años 70, pretendieron agrandar sus efectos llevándolo a nivel estatal.
Pero para Puerto Rico, que tiene una jurisdicción fiscal separada del gobierno federal, la medida traería al ELA de una sola vez el poder combinado del EITC federal y el estatal — razón de más para establecer ahora dicho esquema. Y debido al persistente problema de pobreza de la isla, un EITC local tiene mucho más sentido.
Los recientes acontecimientos también pueden estar conspirando para establecer el fundamento de dicho plan.
El Programa para Comunidades Especiales de mil millones de dólares de la Gobernadora Calderón, cuyo objetivo es la mejora de las condiciones de vida de los residentes de 686 barrios pobres, ha traído al centro de atención el problema de la persistente pobreza en Puerto Rico.
Aunque nadie podría negar que las mejoras de infraestructura previstas en estas comunidades, que han padecido de forma desproporcionada los problemas del agua, la electricidad y las telecomunicaciones, son una buena idea, muchos dudan si los donativos del gobierno en forma de viviendas y otros beneficios al amparo de este programa, harán algo para acabar con la pobreza crónica de Puerto Rico a la larga.
Pero las Comunidades Especiales han sacado a la luz el hecho de que, a pesar del avance económico de Puerto Rico durante décadas, la pobreza persiste en la isla. Un reciente estudio sobre las comunidades, basado en una encuesta con 76.000 familias, demuestra que un 65 por ciento vive por debajo del nivel de pobreza federal y un 32 por ciento recibe prestaciones de la beneficencia federal. Una mujer sola es el cabeza de familia del 34 por ciento de las familias.
El EITC ha sido aclamado como el mejor programa contra la pobreza jamás inventado. Pone dinero en manos de los pobres, las familias obreras y no las castiga por tener menos ingresos. Lo cual proporciona un gran incentivo para luchar por salir uno mismo de la pobreza, según los defensores de la propuesta.
Lanzado por primera vez en 1975, el programa ha sido ampliado por administraciones Republicanas y Demócratas y ha elevado a unos 5 millones de personas por encima del nivel de pobreza, según los defensores de la propuesta.
"Esto supone una gran diferencia en la ecuación beneficencia contra trabajo. Minimiza todos los otros programas [asistenciales] en términos de a cuantos muchachos saca de la pobreza," dijo Robert Greenstein, fundador y director del Centro de EE.UU. para Prioridades Políticas y Presupuestarias.
En Puerto Rico, el EITC afectaría a 160.000 familias y 289.000 niños, según el estudio. También sería un acicate para la entrada de 20,000 trabajadores en la economía formal.
El estudio reconoce que el programa fiscal, que proporcionaría hasta unos $1,500 anuales a las familias trabajadoras pobres, costaría al ELA $180 millones anuales, pero el director del Centro para la Nueva Economía, Miguel Soto-Class, argumenta que los beneficios superan con mucho los costes. El plan de Calderón contra la pobreza está costando $250 millones al año.
Recientes informaciones de prensa han destacado el problema que tienen los propietarios de las pequeñas empresas para encontrar ayuda estable, a pesar del alto índice de desempleo de la isla. Muchos de los comerciantes entrevistados pagaban hasta un 50 por ciento por encima del salario mínimo federal, pero aún así no lograban atraer suficientes trabajadores. La razón: las prestaciones de beneficencia, vivienda y otros programas sociales. Éstas dan a los beneficiarios una vida relativamente confortable, que se vería amenazada si ganasen demasiado, dijeron los comerciantes.
La economista María Enchautegui, autora del informe, argumenta que el EITC animaría a los pobres a trabajar, mientras que los actuales programas asistenciales les animan a quedarse en casa. Al amparo de esta propuesta, los trabajadores pobres recibirían un crédito fiscal que reflejaría lo que adeudarían en impuestos. Y no perderían beneficios como la asistencia federal para nutrición para aumentar sus ingresos.
El informe también viene rodeado de pruebas cada vez más numerosas de que el Congreso no está interesado en ampliar hasta Puerto Rico el programa federal de incentivos fiscales para la industria, el cual ha servido de estímulo para la economía manufacturera de la isla durante décadas pero que tiene previsto su fin en el 2006.
Permitir a las empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico que repatríen sus beneficios libres de impuestos a la zona continental se veía justificado durante décadas como importante componente para mantener una saludable economía para el ELA. Pero en años recientes, las enormes deducciones fiscales sobre los beneficios de las compañías han sido cada vez más difíciles de defender, en especial ante los puestos de trabajo, relativamente pocos, creados por los beneficiarios corporativos.
Los esfuerzos de la administración Calderón por ampliar dichas deducciones fiscales federales a través de su plan 956, han topado con la indiferencia del Congreso. Incluso el Comisionado Residente Aníbal Acevedo Vilá, el candidato gubernatorial del Partido Popular Democrático en el 2004, ha reconocido que lograr tales objetivos será cada vez más una apuesta incierta.
Entretanto, el Senador Bob Graham, D-Fla., ha presentado un proyecto de ley que concedería los beneficios del EITC federal a las familias trabajadoras de Puerto Rico. Pocos creen que dicha iniciativa fuera fácilmente aprobada, pero es otro paso en lo que parece ser una nueva filosofía que emerge de Washington.
Un reciente informe del grupo de expertos conservador, el Instituto de Innovación de Normativas, atacó duramente las deducciones fiscales corporativas federales que han servido como base del señuelo industrial de Puerto Rico durante los últimos 60 años. "Perpetúan la miope norma de subvencionar en particular unas pocas grandes compañías de fuera de la isla y primordialmente itinerantes, industrias que no construyen una vibrante economía local con negocios, empresarios y puestos de trabajo oriundos de Puerto Rico," argumentaba.
El informe recomienda ampliar los programa de Ingresos Complementarios de Seguridad y de Crédito sobre ingresos del trabajo a la isla – lo cual transferiría una cantidad estimada de $2 mil millones a los residentes de Puerto Rico. También recomienda eximir a Puerto Rico de las leyes marítimas federales.
El Congreso puede mostrarse igualmente escéptico en ampliar estos programas federales a los residentes del ELA, que generalmente no pagan impuestos federales, pero podría intentarse dar un empujón en ese frente.
Entretanto, altos cargos de los tres partidos políticos, incluido Acevedo Vilá del PPD y el anterior Gobernador Pedro Rosselló del Partido Nuevo Progresista, han expresado su apoyo a un programa local de EITC.
Cuando los candidatos están hablando de más desgravaciones fiscales para la clase media, y la Legislatura está reflexionando sobre un impuesto sobre las ventas para sustituir el impuesto local sobre el consumo y bajar las tasas del impuesto sobre la renta, es un buen momento para establecer el EITC en Puerto Rico.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
