 A comienzos del 2003, meses de clima seco dejaron al descubierto las necesidades de infraestructuras a largo plazo que el ELA viene arrastrando desde hace años. Y conforme el año se acerca a su fin, las lluvias torrenciales de noviembre han vuelto a poner de relieve los cruciales problemas de planificación y zonificación de Puerto Rico.
Cuando no hay suficiente lluvia, la empresa pública de suministro de agua se ve apurada para garantizar un flujo constante de agua potable a sus clientes porque la capacidad de almacenamiento a largo plazo no es suficiente para atender la actual demanda. Cuando hay demasiada lluvia, comunidades enteras se inundan, las carreteras se ven devastadas y sí, una vez más, el servicio de agua se ve interrumpido por cuestiones de turbiedad que obligan a cerrar las sobrecargadas plantas de filtración.
El Presidente Bush, dando respuesta a una petición de la Gobernadora Calderón, declaró varios municipios de la isla zona de desastre federal durante la semana pasada. Y no existe duda de que semanas de lluvias constantes, acentuadas por la violencia de tremendos aguaceros, que llegaron a descargar hasta 2 pies de lluvia en un día en algunos lugares, fueron un auténtico desastre natural. Pero la falta de planificación a largo plazo, junto con fallos de infraestructura, lo hicieron peor de lo que debía ser.
Varias de las comunidades devastadas por las inundaciones de noviembre, con la consiguiente destrucción de hogares y enseres personales y familias evacuadas, se habían visto inundadas repetidas veces durante tormentas anteriores. Evidentemente, se encuentran ubicadas en planicies de aluvión en las cuales cualquier tipo de desarrollo no es una idea sabia. Aún así, pocos líderes políticos serios hablan de trasladar permanentemente a los residentes de estas comunidades, en lugar de reconstruirlas tras la tormenta.
Trasladar a los residentes de dichas comunidades, expropiando el gobierno el terreno para su conservación, sería un buen modo tanto de mejorar la calidad de vida de los residentes como de inclinar la balanza a favor de un retorno a la naturaleza en el superdesarrollado Puerto Rico, sin mencionar anticiparse a futuras tragedias cuando las fuertes lluvias caigan, como a menudo sucede aquí. Aún así, ese plan no está siendo discutiendo, incluso cuando los políticos admiten que durante décadas se ha descuidado la planificación a largo plazo en Puerto Rico.
El hecho de que muchas de estas comunidades sean barrios pobres solo hace más factible para el gobierno el realojamiento de sus habitantes. Pero en su lugar, algunas zonas inundadas obtendrán de mejoras de infraestructura, gracias al programa de la Gobernadora Calderón, Comunidades Especiales, de mil millones de dólares.
Entretanto, cuando finalmente el sol se situó sobre Puerto Rico, el espectáculo más frecuente ha sido el de omnipresentes baches. Las lluvias han causado serios estragos en las carreteras de la isla; incluso las principales vías públicas de la Capital sufrieron desprendimientos con lesiones aparentes. Los mecánicos de la isla han referido un auge en su negocio atendiendo a neumáticos maltrechos y ejes partidos. Las tormentas también golpearon fuertemente las principales autopistas; una parte de la Autopista Luis A. Ferré se derrumbó, cerrando dos carriles, y un deslizamiento de tierras cerró la Carretera10 desde Ponce a Arecibo. Esta última carretera ha sido golpeada por calamidades similares durante las intensas lluvia desde que el anterior Secretario de Transportes Carlos Pesquera la inaugurara hace varios años durante la administración Rosselló.
Tanto los baches en las carreteras diarias como los importantes daños en algunas de las vías de comunicación más transitadas de la isla, que incluyen más de una docena de puentes dañados, instaron a los responsables del gobierno y a los ingenieros privados a cuestionar abiertamente la calidad de los proyectos de autovías públicas. El Secretario de Transportes Fernando Fagundo había presentado el tema anteriormente al discutir la reconstrucción del puente a Condado, diciendo que su deterioro era mucho peor de lo que era de esperar por su edad y que su vida útil debería haber sido muchísimo más larga. Las quejas también pintan un cuadro de negligencia en la supervisión por parte del gobierno de sus contratistas de construcción.
Los problemas de agua de Puerto Rico llegan en un momento especialmente malo ya que el gobierno está ahora peleando con Ondeo de Puerto Rico, la afiliada local del gigante francés del agua que administra el Organismo de Acueductos y Alcantarillado, tras obtener un contrato por 10 años, que entró en vigor en julio del 2002.
Ondeo está diciendo que se le facilitó información equivocada sobre el servicio público y quiere que se le reembolsen los gastos imprevistos, que básicamente acabarían con los $100 millones de ahorro del primer año que la administración Calderón había citado al pregonar el contrato.
Hasta ahora, el jefe de el asa, Juan Agosto Alicea, ha hablado duramente, prometiendo que la empresa multinacional no obtendría más dinero. "Los errores se pagan con dinero", ha dicho a los reporteros locales, arrojando la duda en el escenario de que los ejecutivos del agua podrían haber sido engañados en el contrato, argumentando que tuvieron los debidos amplios poderes de proceso para investigar plenamente sus condiciones y la descripción del servicio público.
Las conversaciones entorno a la disputa del contrato han estado teniendo lugar en San Juan y Paris, pero no hay indicios de que éstas hayan dado lugar a un acuerdo. Existe una posibilidad muy real de que el ELA tenga que retomar el control administrativo del servicio público del agua.
ASA ha mejorado bajo la administración privada, lo cual se remonta a mediados de los años 1990, pero solo marginalmente. La decadencia de la agencia tiene su origen en la práctica durante décadas por parte de los gobernadores de escoger viejos amigos políticos, en lugar de ingenieros expertos. Entretanto, los beneficios sindicales y el empleo crecieron rápidamente a lo largo de los años conforme sucesivas administraciones apaciguaban al sector laboral con la esperanza de ganar votos. Se permitió que la capacidad de los embalses, que aun no es suficiente para hacer frente a la demanda, disminuyera conforme el excesivo desarrollo de su entorno ocasionaba sedimentaciones masivas — y su mantenimiento se dejó aun lado. Entretanto, hasta un 40 por ciento del agua producida por la compañía de servicio publico se ha perdido por fugas o robo— entre los índices más altos de la nación.
El politiqueo sigue rigiendo hoy en día la compañía de servicio publico del agua de Puerto Rico. La administración Calderón, como la anterior administración Rosselló, se ha negado a subir las tarifas del agua, entre las más baratas de los Estados Unidos, aunque los expertos dicen que deberían ser el triple de la tarifa actual.
Los responsables, tanto de Ondeo como del ELA, han negado las informaciones de prensa donde se decía que la firma francesa se librará de su operación en Puerto Rico en cualquier momento. Pero el rendimiento del administrador privado del agua ha empeorado durante la disputa sobre el contrato que ha durado meses. Los líderes sindicales dicen que el rendimiento de las reparaciones no funciona, mientras que los responsables medioambientales federales dicen que las violaciones en las plantas de tratamiento de aguas van en aumento.
Quizás las partes lleguen a un acuerdo. Pero está quedando cada vez más claro que el ELA pudiera verse forzado un día a asumir de nuevo la administración de su controvertida compañía de servicio publico del agua, tanto si quiere como si no. El irregular funcionamiento de los operadores privados, así como su tibio interés en manejar la ASA, está configurando las condiciones para volver a un control del gobierno.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
