 Nada parece más propio de las fechas navideñas en Puerto Rico que la guerra de palabras que intercambian los empleados del gobierno y la administración Calderón sobre el bono navideño.
Este año es una repetición paso a paso de las angustias del año pasado, que para la mayoría resultan totalmente innecesarias, dado que al final, nadie ha dudado seriamente de que la Gobernadora Calderón apaciguaría al sector laboral.
El año pasado, la cuestión giró en torno al importe del bono de Navidad; este año se trata de quién deberá recibirla.
La gobernadora asumió el cargo prometiendo aumentar el bono navideño para los funcionarios (de $500 a $1,000 durante sus cuatro años de mandato). No obstante, el año pasado, la gobernadora se resistió a iniciar el proceso con un aumento de $125 y los responsables de la administración argumentaban que la promesa no significaba necesariamente que se aumentaría esa cantidad anualmente, pero que el bono navideño sería de $1,000 al final del mandato. Otros cargos del gobierno argumentaron sencillamente de dónde sacar los $25 millones que se necesitarían para el aumento.
Pero la promesa hecha durante la campaña, escrita detalladamente en la ostentosamente publicada plataforma del Partido Popular Democrático, concretaba que el aumento se efectuaría en sumas anuales de $125 a lo largo de su mandato.
Al final, la gobernadora encontró el dinero y efectuó los pagos mediante una orden ejecutiva. Pero su indecisión sobre la cuestión dejó a muchos confusos. ¿Porqué se resistía, especialmente cuando los sindicatos estaban protestando y los políticos de la oposición protestaban a voces al respecto?
Fue uno de los mayores ejemplos del mal manejo político de Calderón de esta cuestión.
Este año es igualmente raro.
La gobernadora anunció que este año cumpliría con la totalidad de su promesa sobre el bono navideño, pero añadió la advertencia de que ésta no amparaba a los funcionarios sindicados, que suman unos 65.000. Aparentemente, muchos de estos trabajadores habían negociado bonos inferiores con los directores individuales de su organismo estatal, aunque muchos dijeron que las cláusulas de estos contratos especificaban que ante cualquier promesa a los funcionarios de un gbono superior cláusula del contrato sería sobreseída.
Calderón lamentó el hecho de que no podía dar los aumentos, pero a continuación convocó una sesión especial de la Legislatura para cambiar la ley de forma que ésta amparase a los funcionarios sindicados. Los legisladores de la minoría del partido Nuevo Progresista e Independentista Puertorriqueño dijeron que esto era jugar sucio y que la gobernadora podía haber ampliado la cláusula con la ley existente o haber aplicado el bono de $1,000 a todos los trabajadores mediante orden ejecutiva.
Tanto este año como el año pasado, la gobernadora puede ser acusada de llevar a cabo una danza innecesariamente angustiosa antes de rendirse a conceder los bonos. La única explicación lógica podría ser que quería llamar la atención sobre su magnanimidad al ampliar el alcance de los bonos. Lo cual hizo al poner brevemente el centro de atención en lo costosos que son y que reunir los fondos no es fácil para un gobierno con una gruesa nómina.
Este año, los gritos sobre el bono han amortiguado en parte la noticia más importante de este momento en Puerto Rico — si Ondeo, con base en Francia, continuará o no gestionando el controvertido Servicio Público de Acueductos y Alcantarillado.
Varias semanas de negociaciones en torno a la disputa sobre el contrato entre el gobierno y la empresa multinacional todavía no han llevado a un acuerdo. La disputa sobre "gastos imprevistos" y otros términos del contrato podrían poner fin a lo que prometía ser un acontecimiento positivo, ya que la compañía ofrecía al gobierno un ahorro en costes de $100 millones en el primer año de su contrato por 10 años.
Esta semana, Calderón dijo que esperaba que las negociaciones terminaran a finales de año, lo cual significa que Puerto Rico sabrá si el servicio público de agua seguirá siendo dirigido por Ondeo o si recaerá de nuevo bajo el control del gobierno.
Los gritos de los líderes sindicales sobre la cuestión del bono han estado compitiendo con los gritos de muchos políticos, camino de un año electoral, sobre si el gobierno debería volver a administrar la ASA.
Lo que dichos políticos no dicen es que la ampliación a los funcionarios de beneficios rápidos y fáciles, tales como el bono navideño, así como el premiar a los partidarios politicos con cómodos puestos, son el verdadero problema del servicio público del agua.
Ondeo, por ejemplo, solo tiene unos pocos centenares de encargados, tratando de administrar un organismo público en el cual aun abundan miles de funcionarios sindicados. Los trabajadores del organismo público se encuentran entre los mejor pagados del gobierno, con bonos que llegan a varios miles de dólares. Su sindicato ASA está entre los más intransigentes del gobierno, haciendo casi imposible el traslado o cambio de funciones de los trabajadores.
No se trata solo del problema de Calderón. El problema de un Gran Gobierno estará ahí para cualquier futuro ocupante de La Fortaleza. Y mientras el Partido Popular Democrático ciertamente jugó su papel en la ampliación de los beneficios a los funcionarios por razones políticas, no se trata ciertamente de su dominio exclusivo. Después de todo, fueron las administraciones del PNP las que instituyeron un bono navideño obligatorio en Puerto Rico y permitieron a los funcionarios participar en acuerdos de negociaciones colectivas.
No obstante, los días del gobernador paternalista que concedía aumentos salariales a los funcionarios, se han ido para siempre, o deberían. Ahora que los funcionarios disponen de mecanismos para negociar un contrato con los directores de los organismos públicos, las cuestiones sobre bonos y aumentos salariales deberían dejarse en manos de dicho mecanismo y no de promesas políticas.
Todos los candidatos del 2004 deberán abordar esta cuestión. Y tienen que echar una larga y dura ojeada a la ASA. Tras casi una década de gestión privada, el organismo público sigue sin tener buen aspecto. Pero su aspecto es mucho mejor que antes de que los gestores privados subieran a bordo
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
