En la mayoría de las universidades de los Estados Unidos, se consideraría una pelea entre los estudiantes que apoyan al ejercito y aquellos que se oponen a él.
Pero como está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico, la batalla en torno a si el programa del Cuerpo de Formación de Oficiales de la Reserva (ROTC) debería permanecer en el campus de las universidades públicas se está pintando como una cuestión política entre estudiantes que quieren la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos y aquellos que quieren separarse de los Estados Unidos y crear un Puerto Rico independiente.
Y como se trata de un año electoral, un debate entre los estudiantes del campus se ha exagerado convirtiéndolo en una cuestión completamente política.
La Junta de Gobierno del Partido Nuevo Progresista aprobó una resolución esta semana apoyando la permanencia del ROTC en los campus de UPR, ya que los informes indicaban que la universidad más antigua y prestigiosa de Puerto Rico podría perder millones en fondos federales si decidía echar el programa fuera del campus.
El Comisionado Residente Aníbal Acevedo Vilá, candidato gubernatorial del Partido Popular Democrático, reprobó los intentos de los reporteros por determinar cuál es su postura en este asunto.
"Tengo que respetar la autonomía de la universidad. La universidad debe tomar su propia decisión," dijo Acevedo Vilá.
Su compañero en la carrera, el Senador Roberto Prats, candidato del PPD a comisionado residente, se mostró igualmente evasivo sobre la cuestión. Aunque dijo que apoyaba la "desmilitarización" en las escuelas publicas, añadió: "No sería acertado intervenir en la autonomía de la universidad".
El PPD está solo en cuanto a su ambigüedad sobre la cuestión. Mientras que el PNP no tuvo problema en apoyar que continuara la presencia del ROTC en la UPR mediante la resolución aprobada esta semana, el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos, dejó claro que el partido quería poner fin a la presencia del ejército estadounidense en todas las instalaciones de educación pública.
Berríos retó tanto a Acevedo Vilá como a Rosselló a que dijeran si apoyaban el mantenimiento del ROTC en el campus de las universidades, o su retirada, argumentando que la comunidad universitaria merece saber cuál es la postura de todos los candidatos gubernatoriales sobre esta cuestión. Pero el reto va más directamente dirigido al presidente del PPD, en vista de la actuación del PNP esta semana.
Acevedo Vilá y Prats deberían decir claramente cuál es su postura en esta cuestión, librándose así de lo que no debería ser una cuestión en la campaña.
El presidente de la UPR, Antonio García, dijo que la institución no podía "darse el lujo" de poner fin al ROTC en la UPR porque perdería más de $60 millones en fondos federales a lo largo de próximo año. Fue apoyado por la Junta Directiva de la UPR, que dijo que su política seguía siendo la permanencia del ROTC, así como el derecho de los estudiantes a protestar contra ella.
Los fondos federales se encuentran en juego porque una legislación relativamente reciente bloquea las subvenciones a la investigación y otros fondos federales por parte de ciertas agencias a universidades que se nieguen a que el ROTC tenga un lugar en su campus. Según se dice, las escuelas de la 'Ivy League' que actualmente no tienen un programa de formación militar se están replanteando su política sobre el ROTC pensando en aumentar los fondos federales.
Los responsables de la UPR tienen razón en dejar claro que la institución seguirá apoyando el programa. Se trata de una forma de pensar sobria y clara que los responsables del gobierno deberían aplicar a la cuestión. Y es el tipo de lógica que los posibles ocupantes de cargos públicos no deberían dejar de emplear cuando sean preguntados.
La presencia del ROTC en el campus ha sido desde hace tiempo un pararrayos para las protestas de los estudiantes en la UPR, remontándose al menos a los años 60 y al descontento popular respecto a la Guerra de Vietnam.
Se produjeron suspensiones masivas en 1967 durante los disturbios en el campus originados por las protestas por el ROTC, que se volvieron cada vez más violentas a lo largo de los siguientes años. Una bala perdida abatió a la estudiante Antonia Martínez durante un alboroto en 1970 y, un año después, dos agentes de policía murieron durante nuevas protestas.
Como consecuencia de la violencia, el centro ROTC fue trasladado del campus principal a una ubicación justo al lado, y se llegó al acuerdo con la policía de que no enviarían a los antidisturbios al campus, un pacto que se prolonga hasta hoy.
El fuego de las protestas se encendió de nuevo ante la campaña para conseguir que la Marina pusiera fin a sus juegos de guerra en Vieques. Un estudiante fue condenado por asaltar a un oficial del ROTC en 2001.
Desde septiembre, los estudiantes del campus de la UPR Mayaguez han mantenido un "campamento de protesta" contra las instalaciones del ROTC. Incluso tomaron el edificio durante un periodo de 24 horas. El mes pasado, el edificio del ROTC en el campus de la UPR Ponce fue atacado con bombas incendiarias. No se han efectuado detenciones.
Está en marcha un movimiento en el campus para que los estudiantes voten sobre la cuestión. Tanto los grupos estudiantiles del PPD como del PNP apoyan un referéndum estudiantil sobre la cuestión. Irónicamente, solo el Consejo General de Estudiantes, que se considera a si mismo como la única voz válida por parte del cuerpo estudiantil, pone objeciones a una votación en todo el campus.
Aunque dicha medida podría resultar una interesante lección en civismo, no tendría mucho peso. Después de todo, en los años 60 los estudiantes votaron a favor de echar fuera del campus el programa ROTC en un referéndum parecido, aún así el programa permanece.
Celebrar dicha votación podría crear unas falsas expectativas. A pesa de las consecuencias, los jóvenes estudiantes protegidos de las preocupaciones del mundo real por la vida en el campus, podrían optar por sacar el programa ROTC del campus como una declaración política, o como una demostración contra la militarización.
Pero habiendo millones de dólares en fondos federales en juego, no habrá un político en el mundo real que lo haga. Acevedo Vilá y su compañero de carrera deberían dejar eso claro.
John Marino, Editor Gerente de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |