Días después del día del ataque terrorista que sacudió las elecciones españolas, un jurado absolvió a Carlos Pesquera y a sus compinches pro estadidad de los cargos por motín presentados contra ellos por la administración Calderón.

La causa del delito se centraba en una protesta encabezada por Pesquera en la oficina del Defensor de la Mujer, desencadenada por la decisión de la directora de ondear solo la bandera puertorriqueña en el vestíbulo de la agencia. Tras un impase que duró horas, el entonces presidente del Partido Nuevo Progresista y sus seguidores forzaron la entrada para colocar una bandera de EE.UU., en el vestíbulo. Pero un jurado por 11-1 falló que su acción no era motín y ciertamente no era un crimen.

El largamente esperado veredicto, como resultado del incidente de junio 2002, fue un comienzo adecuado para la temporada de campaña.

Lamentablemente, los cargos públicos de Calderón expresaron públicamente su pesar por la decisión. La Gobernadora incluso se atrevió a mencionarlo al mismo tiempo que las bombas terroristas de Madrid y las críticas respecto a su campaña de $10 millones en los medios de comunicación "contra la violencia" durante este año electoral.

Diciendo que la tragedia de Madrid daba lugar a "profunda reflexión" sobre el verdadero significado de la paz, Calderón prosiguió diciendo que ciertos acontecimientos en Puerto Rico también llamaban a la reflexión.

Lamentó la decisión de la Cámara de Representantes de no expulsar al representante del PNP, Oscar Ramos, de su escaño ya que se enfrenta a una serie de cargos que tienen su origen en las acusaciones de haber aceptado sobornos ilegales a cambio de conceder contratos mientras era el jefe del Fondo de Garantía Estatal.

También lamentó que "las personas que se amotinaron y pisotearon a otros ciudadanos ante las cámaras de televisión fueran absueltos por un jurado," y que algunos tuvieran la desfachatez de criticar su campaña de $10 millones en los medios de comunicación con el objetivo de aplastar la violencia.

No obstante, las fuerzas pro estadidad eran las culpables de que se airease en público la queja efectuada por un vecino del candidato gubernatorial del Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá, acusándole a él y a su esposa de dejar solos en casa a sus hijos de 13 y 14 años. Y no se pierdan esto, les dejaron en el confort de su casa en una comunidad cerrada con guardias de seguridad, para visitar al padre del candidato que está enfermo en el hospital.

La Secretaria General del PNP, María Milagros Charbonier, sugirió de forma ridícula que los hijos del candidato del PPD deberían serle arrebatados temporalmente por la ofensa. Y Rosselló se negó a comentar el caso, pero defendió los comentarios de su responsable político al respecto, apuntando su experiencia legal en derecho de familia.

Acevedo Vilá se aprovechó de la información en todo lo que valía, acusando a Rosselló de "atacar" a su familia y lanzando la acusación de que los responsables del PNP estaban detrás de la campaña de difamación. Dirigió a su oponente una carta que le brindó la oportunidad de aplicarle a Rosselló todos los calificativos posibles, desde "hipócrita" a "cobarde." En realidad, nadie en el PNP atacó a la familia de Acevedo Vilá pero en esta temporada política, ¿quién no trataría de hacer de ello una cuestión?

Tan solo el sacar a relucir la cuestión como un tema para debate publico fue un golpe político bajo, y demostró lo fugaz que es el concepto de sentido común cuando se trata de políticos o burócratas del gobierno.

No obstante, el PPD tuvo una actuación igualmente lamentable esta semana al cuestionar primero el status de Rosselló como residente de Puerto Rico y luego afirmando que podría haber hecho trampa en las declaraciones de la renta presentadas durante los dos años en que vivió del lado estadounidense.

El tema surgió por primera vez cuando Rosselló anunció su regreso a la escena política el año pasado. Se aceptó de forma generalizada, incluso por parte de destacados políticos del PPD como el Senador Eudaldo Báez Galib, que el antiguo gobernador durante dos mandatos tenía todo el derecho a presentarse a gobernador después de una pausa de dos años del lado estadounidense.

Las preguntas se centraron en el requisito constitucional del ELA de que un candidato gubernatorial tiene que ser residente "bona-fide" de Puerto Rico durante cinco años consecutivos antes de presentarse.

La mayoría de los observadores dicen que Rosselló cumplía el requisito porque siguió involucrado en las cuestiones de Puerto Rico y mantuvo una residencia aquí. Entones — y ahora, parece preciso apuntar — los responsables del PPD han dicho que rehusarían presentar una impugnación legal a la candidatura de Rosselló. Parece que una estrategia política mejor es simplemente tratar de pintar la cuestión en inquietantes términos legales y hacer insinuaciones sobre mentiras en documentos fiscales y otros documentos oficiales.

La jurisprudencia actual, que se apoya principalmente en un caso del Tribunal Supremo de principios de los años 60, encuentra que una persona solo necesita tener un interés de buena fe en regresar a Puerto Rico para cumplir dicho requisito si pasa algún tiempo fuera de la isla.

La actual discusión se desencadenó ante los informes de que mientras Rosselló se declaraba residente de Puerto Rico durante el tiempo en que vivió del lado estadounidense en los informes de la Comisión de Elecciones Estatales, durante ese tiempo él presentó documentación sobre impuestos federales y locales como no residente de Puerto Rico.

Los asesores fiscales y los responsables del PNP respondieron que el concepto "residencia" queda claro en ambos casos, y que presentar documentación fiscal como no residente no es incompatible con presentar formularios CNMV como residente.

El PPD debe saber que Puerto Rico, en términos fiscales, funciona básicamente como un país extranjero. Después de todo, la autonomía fiscal de Puerto Rico es uno de los aspectos más atractivos del status político como ELA que el partido respalda.

Pero es mucho más fácil, y más rentable, sencillamente gritar muy alto "fraude fiscal" en esta temporada política.

John Marino, Editor Gerente de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net