Un amigo mío, observador desde hace mucho tiempo de la escena política, comercial y cultural de Puerto Rico, me dijo la semana pasada que el gobierno del ELA había perdido toda credibilidad.

Dijo que antes jamás había habido un ataque tan seguido contra el gobierno, viniendo de tantas fuentes diferentes y creíbles.

Con seguridad que se estaba refiriendo al descontento con la actual administración de la Gobernadora Calderón, pero también estaba hablando de los titubeos en el Capitolio de los legisladores de la isla, los fallos en el cumplimiento de la ley y los sistemas judiciales y la situación fuera de control de la inflada burocracia del ELA.

La acusación de pérdida de credibilidad también abarca la corrupción en el sector público que se ha permitido que florezca bajo la anterior administración del Gobernador Pedro Rosselló, la constante actitud paternalista, de grande desembolsos del gobierno independientemente de quien se siente en La Fortaleza, y una clase política que se pierde en estériles debates sobre el status político en lugar de tomar firmes decisiones para arreglar las cosas.

Su mensaje básico era este: El gobierno se ha convertido en una entidad en si misma, mayor de lo que pueda acometer cualquier otra administración o partido político.

Pregunta a los veteranos, dijo, los que todavía pueden recordar . Te dirán que el descontento actual es algo distinto, no solo las habituales críticas sobre el estado de la infraestructura de la isla y la economía y quienquiera que tenga el poder en ese momento.

El fracaso del gobierno fue evidente, días antes de que él hablara, cuando la Legislatura no logró que se aprobara el siempre importante anteproyecto que permitiría al gobierno retomar el control de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, sumida en la crisis, tras el fracaso de dos agencias multinacionales en lograr su mejora.

Solo faltaban unos días para que se retomara el control tal como estaba previsto, pero la Legislatura tendrá que volver a pasar el anteproyecto por las dos cámaras después de que una de ellas no incluyera las enmiendas técnicas en la versión presentada, no debido a problemas con la legislación, si no por puro descuido.

Nada en la historia moderna de Puerto Rico podría ilustrar la potencial incompetencia del gobierno del ELA mejor que la crisis del agua a comienzos de los años 90, cuando cientos de miles de residentes se quedaban sin agua corriente en sus hogares durante días de forma rutinaria debido a la escasez del precioso liquido.

Pero el error parlamentario era importante no solo porque afectaba a la trepidación innata antes de una toma de control por parte del gobierno del servicio de suministro de agua que había hundido, si no porque llegaba al punto central de mi amigo: El gobierno sencillamente ha dejado de funcionar, incluso en lo que concierne a las medidas más básicas que debe tomar.

El contratiempo legislativo recordaba las torpezas de la Gobernadora Calderón cuando trataba de cambiar el nombramiento del entonces Secretario de Estado Ferdinand Mercado de presidente del Tribunal Supremo a juez asociado del Tribunal Supremo. Lo cual no podía hacerse ya que la vacante todavía no se había creado entre los jueces asociados, tan solo el puesto de presidente del tribunal. Pero ninguno de los bien pagados asesores legales de La Fortaleza y del Departamento de Justicia vetaron la medida hasta después de que la gobernadora la hubiera tomado.

A los reporteros que hacían llamadas de última hora a La Fortaleza la noche anterior a que el gobierno tuviera previsto retomar el control de la AAA después de una década de gestión privada, se les dijo que Calderón todavía tenía que firmar como ley la legislación que permitiría dicha medida. Una hora más tarde, el comunicado de prensa se produjo a las 8 p.m., diciendo que el anteproyecto sí había sido firmado.

Entretanto, un grupo comercial del la industria alimenticia dio a conocer un estudio que muestra que los legisladores de la isla están entre los mejor compensados y menos productivos en todo Estados Unidos. El legislador local medio saca unos $111,770 al año, mientras que en sitios como Florida ($32,256) y Connecticut ($28,213) ganan mucho menos.

El grupo comercial pedía la eliminación de privilegios y los fondos para el oportunismo político controlados por los legisladores, así como otras medidas que decían ahorrarían a los contribuyentes $54 millones al año. El hallazgo central del estudio — que los legisladores sean a tiempo parcial, harán menos daño.

Cualquiera que observe de cerca al gobierno -- generalmente los ciudadanos solo hacen cuando se ven obligados, como al conseguir una licencia de pago de impuestos — verá sus fallos de primera mano. Pero esas impresiones personales se ven reforzadas por los errores de esos políticos bajo el foco de la atención pública.

La restitución de la credibilidad del gobierno del ELA no se decidirá cuando llegue noviembre. El problema es mayor de lo que cualquier partido o administración puede manejar si solo.

Se tardan muchos años, décadas, es restituir la credibilidad al gobierno del ELA -- tanto como se tardó en destruirlo en primer lugar. Y será necesaria una unidad improbable entre los oponentes políticos, los grupos cívicos y otros sectores de la sociedad para sacarla adelante.

Mucho dependerá de si el actual descontento tiene su origen en un cambio real en la percepción del gobierno por parte del público, como es el caso según insiste mi amigo, o si se trata solo de las habituales quejas sobre el estado del ELA.

John Marino, Editor Gerente de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net