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Si hay algo claro sobre las elecciones gubernatoriales 2004, es que el status político ha pasado a ocupar un segundo plano ante las discusiones sobre el crimen, la corrupción en el sector publico, la educación y la economía.
Básicamente, hay dos razones para esto.
Una es que el electorado puertorriqueño, nacido y criado en un entorno intensamente político, es bastante sofisticado cuando se trata de emitir su voto. Saben que en noviembre estarán votando para escoger líderes para gobernar la isla, no escogiendo a un partido para que forje el futuro destino político de la isla incluso si todos los principales partidos están conformados en torno a una ideología particular sobre el status.
Se ha tenido suficiente experiencia en participar en contiendas electorales locales sobre el status político como para que el tema se haya asimilado habiéndose celebrado plebiscitos en 1998, 1993 y 1967. Y aquellas cuestiones aparte del status adquieren realmente prioridad en la vida cotidiana de los puertorriqueños porque generalmente creen que no existe una necesidad tan acuciante para tratar de resolver el eterno dilema del status político como la hay para tomar medidas inmediatas y decisivas para luchar contra el crimen, estimular la economía y mejorar los sistemas de educación y asistencia sanitaria de la isla.
La otra razón por la cual el status está perdiendo énfasis es el ansia de poder de aquellos que se presentan para un cargo y el hecho de que los candidatos tendrán que encontrar el apoyo más allá de sus partidos políticos para ganar esos milímetros del disputado terreno electoral que básicamente deciden las elecciones puertorriqueñas. Los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático -- unos pocos puntos de porcentaje arriba o abajo -- básicamente tienen la misma proporción de respaldo entre los votantes de la isla. El Partido Independentista Puertorriqueño tiene un pequeño pero entregado núcleo de apoyo y luego existe ese raro, pero tan importante, votante de mentalidad independiente -que emite su voto de acuerdo con los candidatos en lugar de por el símbolo del partido. Este pequeño sector de votantes decide básicamente quien gana y quien pierde las elecciones gubernatoriales.
Los candidatos saben todo esto. Y saben que corren el riesgo de perder el apoyo de aquellos escurridizos votantes independientes al dedicar demasiado tiempo a la cuestión del status . Esa es la razón por la cual el candidato del PNP, Pedro Rosselló, está dedicando mucho tiempo a discutir los enormes proyectos de infraestructura y reformas del gobierno que fueron emprendidos durante sus ocho años en el gobierno y sus planes para poner en marcha más si es reelegido. Y esa es la razón por la cual el candidato del PDP, Aníbal Acevedo Vilá, está discutiendo sus planes de lucha contra el crimen y educación e insistiendo reiteradamente en la corrupción que se produjo entre los antiguos responsables de la administración Rosselló y del PNP. Ambos candidatos hablarán sobre el status; tendrán que hacerlo con el fin de ganarse el firme apoyo de los reaccionarios del partido en el Día Electoral. Pero se hará con moderación, tanta moderación como sea posible, con el fin de no ofender a los importantísimos votantes independientes.
Esta semana, un grupo de activistas de la estadidad, que hacían circulan un panfleto titulado "Manifiesto de la Estadidad del Pueblo de Puerto Rico," ven toda la cultura de campaña política como un factor debilitante para hacer avanzar la solución del status político. Argumentan que el movimiento para resolver el debate sobre el status político de Puerto Rico debe situarse fuera de las estructuras tradicionales de los partidos políticos para poder ganar nuevo impulso.
Se trata tan solo del último ejemplo de similares llamamientos por parte de activistas políticos, tanto desde dentro como desde fuera del partido de la estadidad, para llevar la cuestión del status más allá de los confines de la política de partidos. Los seguidores de la independencia, y algunos seguidores del ELA, están diciendo la misma cosa. Todos asumen una visión a largo plazo del efecto de la política de campaña sobre la lucha para resolver el status de la isla, lo cual está tardando unos 500 años. Y ven el desenlace que se produce cada cuatro años durante las elecciones como un peligro para el movimiento para resolver la situación. Debe ponerse en marcha una profunda campaña educativa, tanto en la isla como dentro de los Estados Unidos, añaden.
El documento, un llamamiento al Congreso para que admita a Puerto Rico en la unión como estado, es un cuidadoso recuento de los acontecimientos políticos y legales en la relación EE.UU.-Puerto Rico a lo largo del siglo pasado que, según ellos dicen, da una imagen de creciente integración de Puerto Rico con los Estados Unidos. Dicen que los acontecimientos han hecho de Puerto Rico un "estado virtual," a un paso de ser admitido en la unión, una circunstancia que según ellos contradice la imagen de una población de la isla altamente nacionalista que está siendo propagada por los seguidores de la independencia y del ELA.
El caso legal e histórico que presentan, es un argumento tanto a favor de la estadidad como sobre porqué el ELA tal como lo define el PPD es anticonstitucional, resulta una lectura convincente. Así como también lo es su predicción de que la mayoría de los puertorriqueños escogerían la estadidad en unas votaciones si su ciudadanía estadounidense dependiera de ello. Una cuestión, dicen, sobre la cual el Congreso podría preguntar y actuar en cualquier momento que escogiera. Igualmente, los defensores activistas de la independencia creen lo mismo en gran medida, quizás con la excepción del resultado de la votación, pero mantienen que Estados Unidos se negará a dejar que Puerto Rico entre a formar parte de la unión, incluso si los isleños lo piden.
No obstante, el problema de su causa, es que es muy improbable que el Congreso revoque la actual relación política que aun siendo informal, es no obstante perdurable. Incluso si las cuestiones hispanas adquieren relevancia en la campaña de EE.UU., es improbable que los candidatos tomen una postura firme para resolver la cuestión del status. Y es precisamente porque, aunque importante, se trata de una de las pocas cuestiones que con toda seguridad dividirán el apoyo puertorriqueño. ¿Porqué iba a lanzarse un candidato sobre una cuestión disgregadora con la seguridad de enajenar a tantos votantes puertorriqueños como a los que iba a satisfacer-- cuando existen tantas cuestiones la educación, la asistencia sanitaria y la seguridad pública que pueden unificar de forma más segura el apoyo entre esta importante demografía?
Los activistas de la estadidad saben que, ante estas realidades políticas, el Congreso tiene que ser forzado a actuar sobre el status de Puerto Rico. Ahora, ojalá los puertorriqueños pudieran ponerse de acuerdo sobre cómo forzar al Congreso a actuar y en qué dirección. Esta es una de las razones por las cuales es probable que el status persista como una importante cuestión en la política puertorriqueña durante los próximos años, precisamente porque la solución sigue siendo tan esquiva.
John Marino, Editor Gerente de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |