La Legislatura, entretanto, ha lanzado una investigación sobre si se cometió cualquier trasgresión legal al conceder al gobernador una pensión sobre la base de 30 años de servicio, cuando los informes indican que podrían faltarle nueve meses, y en mantener en activo un coche oficial con chofer asignados a él mientras estaba del lado estadounidense durante tres años.

El Departamento de Justicia ha presentado una demanda contra tres alcaldes y seis antiguos alcaldes por unos $500,000, supuestamente por haber aceptado aumentos en sus pagas que no fueron tramitados de acuerdo con la ley. Todos, excepto un alcalde en posesión de su cargo y un antiguo alcalde, pertenecen al Partido Nuevo Progresista.

El Departamento de Justicia, en conferencias de prensa a las que se les ha dado mucha publicidad, también ha referido los casos al Fiscal Especial Independiente que a su vez ha presentado cargos contra tres funcionarios públicos vinculados a la antigua administración del PNP de Pedro Rosselló. Los cargos no fueron por uso indebido o robo de fondos públicos, no obstante, si no por violación de la Ley de Ética del Gobierno.

En el desfile de casos de corrupción en el sector publico en el Juzgado de Distrito de EE.UU. de San Juan a lo largo de los últimos años, ha sido un refrán común de los que se enfrentan a cargos por corrupción presentados por los fiscales federales que han sido escogidos como objetivo por motivos políticos debido a su asociación con el partido pro estadidad o con la administración en el gobierno. Y ese refrán, en su mayoría, ha sonado a hueco.

Los fiscales federales les estaban procesando, en su mayoría, por robar fondos públicos o por sacar comisiones clandestinas a los contratistas del gobierno.

Pero la oleada de investigaciones, cargos y otras acciones legales por parte del Departamento local de Justicia y otras Agencias en los últimos días de la administración Calderón ha revivido la controversia sobre la persecución política.

Al entrar la Legislatura a formar parte de la refriega, esa percepción solo irá en aumento conforme las investigaciones legislativas avancen hasta las alturas de la campaña electoral.

El frenesí de actividad investigadora podría tener un efecto contraproducente para la administración Calderón, que generalmente ha recibido altas calificaciones por parte del publico por sus pasos en contra de la corrupción, y que realmente resulta de ayuda para el PNP en las encuestas si el público siente que la administración está utilizando los considerables recursos del gobierno el ELA para atacar frívolamente a sus oponentes políticos.

No hay duda de que Rosselló tiene algunas preguntas a las que responder respecto a la pensión de $52,000 que ahora recibe. Y también es verdad que al negarse a contestarlas, ha mantenido viva la cuestión, que incuestionablemente ha perjudicado a su campaña.

Pero la declaración de los responsables de la administración Calderón respecto a los crímenes potencial cometidos en ese episodio, y el despliegue realizado en la investigación legislativa, suponen un ataque excesivo. Un simple reajuste de la pensión y un mandato al antiguo gobernador para que devolviera el dinero sobreexcedido, sería probablemente la acción más dura que se requeriría.

La Auditoria del Departamento del Tesoro de las declaraciones de la renta de Rosselló de los dos años que ha estado viviendo en el lado estadounidense se sostiene en terreno aún más vacilante. Fue producto de preguntas, alimentadas en su mayor parte por el Partido Popular Democrático, sobre si el antiguo gobernador cumplía los requisitos locales para mantener su residencia mientras vivía en el lado estadounidense con el fin de reunir los requisitos para presentarse a gobernador.

No hay que ser contable para saber que ser un "bona-fide residente de Puerto Rico", el requisito para presentarse a gobernador, es tanto un estado mental como otra cosa, mientras que pagar impuestos sobre la renta obtenida en un estado en particular es enteramente otra cuestión. No obstante, esa sencilla discrepancia, que Rosselló dijo que él era residente al presentar las candidaturas mientras que alegaba un status como no residente puertorriqueño en las declaraciones de la renta del lado estadounidense, es toda la base de la auditoria.

Fue una medida estúpida por parte del Departamento del Tesoro en un año electoral y probablemente hará que Rosselló se gane las simpatías de los votantes. El Departamento del Tesoro, después de todo es, por su propia naturaleza, la más odiada de las agencias del gobierno.

El proceso contra actuales y antiguos alcaldes, la gran mayoría del PNP, también parece mezquino. En casi todos los casos, el principal requisito para un aumento en la paga de un alcalde, que la asamblea municipal apruebe el incremento, se cumplió. La justificación del proceso, dada por la Secretaria de Justicia Anabelle Rodríguez, era tan técnica que quizás solo un contable podría entenderla.

El punto de vista del proceso como injustificado fue subrayado al día siguiente cuando el Controlador Manuel Díaz Saldaña concedió a dos de los alcaldes altas calificaciones por el manejo de los presupuestos de sus ciudades. ?

Finalmente, a pesar de centrarse la administración en la lucha contra la corrupción en el sector público, solo en unos pocos casos se ha referido el Departamento de Justicia a los casos SIP que tuvieron como resultado la presentación de cargos sustanciales de corrupción contra personajes todavía no inculpados por las autoridades federales.

Los cargos relativamente ligeros presentados recientemente contra tres personajes relacionados con el PNP que no han sido inculpados por las autoridades federales también indican que los fiscales pueden estar agarrándose a un clavo ardiendo. Un abogado de la defensa ha sugerido que el SIP carece de jurisdicción y que los cargos a los que se enfrenta su cliente eran una cuestión administrativa más propia de que la manejase la Oficina de Ética del Gobierno mediante una multa económica.

La campaña electoral se está caldeando. Es cierto que muchas de las quejas del PNP sobre la persecución política son simplemente una estridente respuesta al buen trabajo de los fiscales federales que han hecho mucho por limpiar la corrupción dentro del gobierno local y los partidos políticos.

Igualmente cierto, la reciente avalancha de acciones por parte del gobierno del ELA tomadas contra Rosselló, el PNP y antiguos responsables relacionados con el ex gobernador durante dos mandatos y el partido pro estadidad, también se ha hecho coincidir en el tiempo con la temporada de campaña. La Gobernadora Calderón puede carecer de poder efectivo, pero su administración sigue siendo del PPD.

Gran parte de la carrera electoral podría verse reducida a cómo ve el público las acciones del ELA contra Rosselló y otros personajes del PNP, así como a los más graves acontecimientos en el tribunal federal en Hato Rey.

John Marino, Editor Gerente de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net