Esta reacción negativa incluye el potencial auge del movimiento político de un "cuarto partido", la comunidad y los grupos de presión tratando de acorralar a los candidatos sobre las cuestiones importantes de la actualidad y la creciente importancia del votante independiente, esa rara especie en Puerto Rico que vota de acuerdo con la capacidad del candidato y su postura ante las cuestiones, en lugar de dejarse cegar por los colores del partido. El votante independiente será escuchado más directamente el día de las elecciones, decidiendo la diferencia ente los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista.

Pero hasta el momento este año, el mayor ruido de fondo ha procedido del sector empresarial, tanto de la pequeña como grande empresa. El sector empresarial ha estado agitando las aguas no tanto por sus considerables aportaciones a las campañas, si no por su demanda pública de medidas por parte de los políticos sobre cuestiones muy específicas.

Los principales grupos empresariales — desde la Cámara de Comercio a la Cámara de Mayoristas y Marketing a la Asociación de Fabricantes de Puerto Rico — ya han entrado en campaña pidiendo medidas específicas para espolear la actividad comercial y mejorar el paisaje económico. Incluso han llegado más lejos, trazando propuestas de reforma del gobierno y pidiendo poner fin a legislación específica que los grupos consideran como hostiles al comercio. Y han estado pidiendo a los políticos que salgan a la arena para responder a sus propuestas.

Los legisladores han sido su objetivo en particular, y las críticas de los grupos han formado parte de un coro que ha avergonzado a los senadores y representantes de la isla haciéndoles prometer reducir sus privilegios, tales como los coches con chofer pagados por el gobierno, los teléfonos móviles y la paga por asistencia libre de impuestos.

MIDA, como se conoce al grupo de mayoristas, inició esta tendencia al dar a conocer un estudio indicando que los miembros de la legislatura de Puerto Rico están entre los mejor pagados y menos productivos de Estados Unidos. Su recomendación: un retorno al concepto de legisladores a tiempo parcial, una enorme reducción en la escala de sus privilegios, el fin del gasto indiscriminado del 'barril de cerdo' y la formación de una legislatura unicameral.

La medida ha instado a los legisladores a aprobar al menos algunas medidas de reforma legislativa que reducirán los privilegios, aunque no de inmediato. Y ha hecho que los candidatos gubernatoriales hagan promesas concretas sobre la cuestión. Y un anteproyecto que podría desencadenar un referéndum entre los votantes sobre la cuestión de una legislatura unicameral, está siendo discutido en este momento, aunque la fecha de la votación está prevista para el próximo año, a salvo más allá de las elecciones.

La semana pasada, la PRMA, la Cámara y la Asociación de Hoteles y Turismo dieron a conocer un escrito pidiendo que se pusiera fin a 20 anteproyectos pendientes en la Legislatura por la amenaza que suponían para el clima empresarial de Puerto Rico.

Los anteproyectos, labrados conforme a los intereses de especiales grupos de interés en un año electoral, son una pócima letal que prometen más normativas, inseguridad y gravoso papeleo burocrático para las empresas de la isla, tanto grandes como pequeñas.

Una de las medidas redactaría de nuevo la ley antimonopolio de Puerto Rico, haciéndola más restrictiva que las normativas federales, y una amenaza para las inversiones de ultramar. También hay medidas para adornar las ya generosas leyes del consumidor de Puerto Rico mediante la promulgación de un Estatuto de Derechos del Consumidor, para permitir al Secretario de Trabajo una nueva redacción de los temas de salario mínimo y del medio laboral por decreto cada tres años y una revisión de las ya generosas previsiones de la paga por vacaciones y baja por enfermedad.

Otras medidas gravarían los préstamos de ultramar y obligarían a los jugadores de los casinos a declarar sus ganancias de inmediato al Departamento del Tesoro. Claro que además están las recomendaciones del Secretario de Trabajo, Frank Zorilla, de ampliar las prestaciones del trabajador a tiempo completo al trabajador a tiempo parcial y propuestas para ampliar la sindicalización de los empleados públicos a la Administración de Justicia y a otros lugares del ya hinchado gobierno del ELA.

Antes de su convención de la semana pasada, la PRMA dio a conocer un torbellino de propuestas que quería que abrazaran los candidatos gubernatorial. Éstas incluyen permitir que las empresas utilicen una gama más amplia de horarios flexibles, especialmente importante para la industria turística y manufacturera, incentivos tales como subvenciones para investigación y desarrollo y una mayor participación del sector empresarial en el sistema de educación en las escuelas públicas.

Es bueno que el sector empresarial esté siendo tan elocuente sobre lo que espera de los responsables del gobierno y ofrezca ideas para resolver problemas en lugar de solo críticas. El creciente activismo solo puede trabajar a favor de poner estas importantes cuestiones en el centro del debate político. Y muestra un lado maravilloso de los empresarios, que pueden dejar a un lado sus intereses competitivos y unirse para el bien del colectivo.

Durante demasiado tiempo el intercambio entre la empresa y la política era demasiado a menudo simplemente una sencilla transacción comercial, en la cual las empresas donaban dinero a los candidatos en espera de recibir contratos del gobierno cuando los candidatos ocuparan su cargo.

Seguramente esto seguirá pasando. Pero las empresas ahora ven a los candidatos como algo más que simplemente el mejor modo de conseguir un contrato. Ahora insisten en que hagan cosas para mejorar el paisaje económico de Puerto Rico y su clima de inversión.

John Marino, Editor Gerente de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net