El Capitolio ha estado lleno de actividad últimamente, los legisladores se apresuran para impresionar durante esta temporada electoral, en un flagrante intento por asirse a sus escaños.

Después de todo -- con un coche pagado por el gobierno, chofer y teléfono móvil, más un salario anual de $60,000, mejorado aún con una suma adicional de unos $20,000 a $30,000 como pago de dietas anuales libres de impuestos -- no es un mal trabajo. De hecho, se trata probablemente de uno de los mejores trabajos que se pueden tener en esta isla encantada.

Pero un reciente estudio llevado a cabo por un grupo comercial reconoció que cuesta al publico unos $100 millones anuales mantener a flote a los legisladores y su personal. Con razón, las demandas de que se efectúen recortes en el Capitolio van en aumento.

¿Qué hacen los legisladores para ganarse su pan diario?

Esta pasada semana pueda resultar esclarecedora.

Comenzó con el Portavoz de la Cámara Carlos Vizcarrondo y el Representante Jorge Colberg Toro pidiendo la creación de una nueva agencia para luchar contra el azote del tráfico de drogas con el consiguiente crimen violento que produce.

Todo el mundo está a favor de hacer cualquier cosa que ponga freno al crimen, especialmente cuando la actual oleada de asesinatos ha marcado a Puerto Rico como uno de los lugares más peligrosos de los Estados Unidos.

Pero la iniciativa del Partido Popular Democrático en la Cámara no actúa a favor de mejorar los esfuerzos de los departamentos de Policía y de Justicia, las numerosas fuerzas de la policía municipal de toda la isla, ni la Oficina para el Control de Drogas, creadas por la administración Calderón y que siguen tratando de encontrar el equilibrio para llevar a cabo esta misión.

La iniciativa Vizcarrondo-Colberg Toro podría crear toda una nueva burocracia -- La Agencia Estatal Contra el Tráfico de Drogas y Armas Ilegales. No solo tiene un nombre con el que se le llena a uno la boca. Funcionando con autonomía fiscal y operativa, la nueva agencia propuesta haría gran parte del trabajo que actualmente manejan las agencias para la lucha contra el crimen ya existentes.

En lugar de tratar de obtener información del actual Superintendente de Policía Agustín Cartagena, el dúo de la Cámara optó por contratar al antiguo jefe de policía Víctor Rivera, que dimitió en diciembre alegando problemas monetarios, para ayudar a desarrollar la idea para una nueva agencia.

La propuesta podría aparentar supuestamente una amenaza real a la creciente burocracia del gobierno y a los confusos esfuerzos actuales por la lucha contra el crimen. Pero llegando en la etapa final de una administración sin poder efectivo, justo cuando se está caldeando la campaña para la reelección, resulta más ridícula que peligrosa.

También esta semana, el Senado finalmente aprobó una masiva remodelación del Código Penal de la isla, con el objetivo de aclarar el derecho penal y ponerlo al día.

Uno de sus principales autores la calificó como la legislación más importante aprobada este mandato. Pero resultaba revelador que durante la misma sesión en la que los senadores aprobaban el nuevo código, aprobaran la legislación que creaba un comité para enmendarla, incorporando una lista de cambios deseados por La Fortaleza.

En diversos casos, las enmiendas endurecerían las penas y probablemente mejorasen el código. Pero la cuestión sigue siendo que después de tres años de debate ¿porqué no podía la administración Calderón haberlo preparado con la suficiente antelación para insistir en los cambios cuando el anteproyecto estaba pasando por lo que ha sido un proceso legislativo arduo?

Se trata de una más entre otras propuestas aparentemente progresistas -- remodelar la estructura fiscal, pedir medidas sobre el status y la reforma legislativa durante el próximo mandato gubernatorial y discutir los planes de desarrollo a largo plazo -- que son un buen ejemplo del legado de la administración Calderón y de la Legislatura controlada por el PPD.

Ese legado hace que la mayoría de los políticos relacionados con el PPD que pretenden la reelección estén hablando sobre promesas de lo que harán durante el próximo mandato de cuatro años, en lugar de hablar de los logros del que está próximo a finalizar.

Casi tan ocupado como los legisladores de la isla ha estado el Controlador Manuel Díaz Saldaña. Se han dado a conocer numerosas auditorias en días recientes y se esperan que lleguen más mientras su oficina trabaja para sacar a la calle los informes que ya están en marcha antes de que las elecciones estén demasiado próximas.

Los informes descubren las acostumbradas irregularidades fiscales entre los alcaldes de la isla y las agencias del gobierno. El Controlador lanzó la acusación de que el servicio público de electricidad, propiedad del gobierno, había cobrado a los clientes millones en exceso y que debería devolver el dinero, mientras que el anterior alcalde de Cataño, Edwin Rivera Sierra, gastó $11 millones en el controvertido monumento a Colón, bebida y proyectos inacabados.

Pero una de las mayores sorpresas del Controlador esta semana iba incluida dentro de una auditoria sobre la Legislatura, que descubrió que los $3 millones asignados para mantener a flote una facultad de derecho privada en Mayagüez eran ilegales.

Díaz Saldaña dijo que los pagos infringían la prohibición constitucional sobre el uso de fondos públicos para facultades privadas. Una parte del dinero que la Legislatura concedió a la facultad también fue utilizado para pagar una vieja deuda fiscal, lo cual el Controlador también argumentó que era ilegal.

Pero yendo más lejos, la auditoria también sirvió para poner bajo el foco de atención otro ejemplo de una aventura legislativa que iba mal encaminada desde el comienzo.

Tratar de mantener a flote la escuela de derecho es una idea absurda cuando en la actualidad las facultades de derecho de Puerto Rico producen más abogados de los que pueden encontrar trabajo. Y está moralmente mal que el gobierno ayude a una facultad cuando está compitiendo con universidades privadas y públicas para conseguir estudiantes.

Se trata tan solo del tipo de recetas legislativas que los legisladores del Capitolio están haciendo famosas una vez más, conforme otro mandato llega a su fin y el Día de las Elecciones está a dos pasos.

John Marino, Editor Gerente de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net