Para muchos puertorriqueños, el doble acontecimiento hubiera sido mejor si se hubiera tratado de la Oficina del Contador General del Congreso la que hubiera dado a conocer un informe positivo sobre la economía de la isla, y fuera la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe la que hubiera retrasado su informe para recopilar más datos – y no de la otra forma, como en realidad sucedió.

Después de todo, el estudio de la OCG, una evaluación arrolladora de la economía de Puerto Rico, fue ordenado por el Comité de Finanzas del Senado para poder considerar en mayor profundidad las peticiones del ELA de nuevos incentivos económicos federales. Recientemente, dichas peticiones se han visto alimentadas por el eminente fin de las reducciones fiscales de la Sección 936 y la Sección 30A, que tienen fijada su eliminación gradual hasta desaparecer completamente en el 2006. Los expertos en dinero dicen que la solicitud de tiempo adicional significa que el Congreso no actuará sobre la economía de Puerto Rico hasta al menos el 2005.

Pero el mensaje de la ONU. no se debe dejar perder por la demora federal. Especialmente porque propaga una firme nota de confianza de que Puerto Rico aún puede tener éxito en un entorno donde la pérdida de incentivos federales y la relajación de las restricciones comerciales entre los Estados Unidos y los competidores regionales conspiran para erosionar las ventajas que la isla ha tenido durante décadas al habérsele concedido un acceso único al mercado estadounidense.

El punto esencial: Puerto Rico, con décadas de experiencia como competidor en el mercado estadounidense, lleva millas de ventaja a los competidores regionales en su capacidad para navegar sus aguas.

Ambas ventajas son claramente tangibles (un sector manufacturero, impulsado por las inversiones con base en EE.UU., que representa el 40 por ciento de la economía) y en menor grado (años de contactos comerciales, la familiaridad con las costumbres comerciales de EE.UU. y una floreciente clase profesional y empresarial).

Además, Puerto Rico ya lleva 10 años viviendo la realidad de la nueva economía global; desde la llegada del Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio, México ha disfrutado básicamente del mismo acceso que Puerto Rico al mercado estadounidense.

Desde hace mucho tiempo, la isla se ha centrado en el desarrollo de sus industrias del "conocimiento", fabricación de alta tecnología como por ejemplo la producción farmacéutica, ya que no puede competir en base a los salarios contra los competidores de la región en cuanto al trabajo de producción de mano de obra intensiva. Dichos competidores se enfrentan ahora con el hecho de tener que emprender una transformación similar de sus economías al perder los trabajos de bajo nivel tecnológico ante China y otros destinos de inversión en Asia con salarios bajos.

El informe de la ONU subraya que Puerto Rico necesita prepararse para el futuro, basándose en sus ventajas y planificando la vida sin reducciones fiscales federales – sea cual sea el punto de vista sobre el status de cualquier partido que esté en el poder. Si llegan más reducciones fiscales federales, deberán considerarse como 'dinero fácil'. Planificarlo es sencillamente arriesgado, especialmente ante la reticencia del Congreso para actuar sobre nuevos incentivos fiscales desde empezar por suprimirlos radicalmente en Puerto Rico y establecer un calendario de eliminación paulatina para los actuales beneficiarios que comenzó a contar en 1996.

También hay alguna buena noticia en el anuncio de la OCG, ya que parece que el análisis de la economía de Puerto Rico podría ser el más exhaustivo hasta la fecha. Los daños causados por la pérdida de los incentivos sobre los impuestos federales, por un lado, será yuxtapuesto a las ganancias que ha visto la isla en los gastos federales de educación y sociales a los largo de la última década.

El informe comparará el tratamiento impositivo de Puerto Rico y la recepción de gastos sociales federales con otros estados y territorios. También asumirá un estudio de décadas de indicadores económicos, inversiones en ultramar y flujo de capital entre Puerto Rico y los Estados Unidos, así como del ELA a países extranjeros.

Lo cual debería al menos proporcionar valiosa información en abundancia para trazar el rumbo del futuro económico, incluso si no tiene necesariamente como resultado una nueva reducción fiscal futura.

Harían un buen servicio a Puerto Rico si los lideres políticos echaran un vistazo a estos informes al planificar el futuro. Resaltarán las ventajas de la isla, sus fallos y los retos económicos a los que se enfrentará.

Los informes servirán como una resonante verificación de la realidad para aquellos políticos que creen que le progreso económico puede lograrse con nuevos mandatos del gobierno sobre las prestaciones de los trabajadores, una mayor fuerza laboral del gobierno del ELA y más normativas sobre la industria privada.

La recién acabada sesión legislativa contenía un buen número de medidas que podrían perjudicar en lugar de ayudar al clima inversor de Puerto Rico. Afortunadamente, algunas de esas medidas, como el anteproyecto antimonopolio propuesto, sucumbió ante la fuerte oposición.

Pero otras medidas -- como por ejemplo un impuesto sobre los prestamos bancarios de ultramar, una medida otorgando mayores prestaciones a los trabajadores a tiempo parcial y un anteproyecto que permite la sindicalización de los empleados de los tribunales – se han aprobado.

Se espera que la Gobernadora Calderón vete algunas, pero no todas estas medidas.

Desde el punto de vista de hoy en día, este activismo legislativo en el Capitolio representa una mayor amenaza para la economía de Puerto Rico que cualquier acontecimiento provocado por la globalización.