El PNP ha depositado $1.7 millones en la cuenta del Tesoro para obtener una cantidad equivalente en fondos del gobierno para la tercera carrera a por La Fortaleza del antiguo Gobernador Pedro Rosselló, mientras que el Partido Popular Democrático ha depositado solo $105,000 para la carrera a Gobernador del Comisionado Residente Aníbal Acevedo Vilá, según informes recientes de la prensa.

Lo cual quiere decir que el PNP ya tiene unos $3.4 millones que inyectar en una campaña en lo medios, mientras que el PPD tiene en la actualidad $210,000.

En privado, los responsables del PNP expresan su confianza de que hasta ahora la batalla para recaudar fondos presagia una rotunda victoria de Rosselló cuando llegue noviembre. Entre tanto, el PPD insiste en que sus insignificantes depósitos son hasta ahora el resultado de una estrategia de campaña que va por buen camino y que Acevedo Vilá finalmente ganará las elecciones.

Es verdad que últimamente los populares han perfeccionado una campaña que se basa en un empujón de última hora en la campaña para lograr la victoria en las urnas; y que acompañó los triunfos del PPD en el plebiscito de 1998 y la elección de Sila Calderón como gobernadora en 2000. pero también es verdad que Rosselló -- gobernador durante dos mandatos con importantes contactos en el mundo empresarial y los líderes locales y nacionales y con un historial de ocho años como administrador público, es mejor recaudador de fondos que Acevedo Vilá.

No obstante, cuáles sean las verdaderas perspectivas para las elecciones de noviembre se analizarán mejor en otra columna, quizás en algún momento de los tórridos días de agosto o de la estación de los huracanes de septiembre. De forma más inmediata, el hecho de que la carrera para recaudar fondos sea una parte tan integral de la actual campaña señala a los fallos de la reforma de la financiación de campañas de la administración Calderón, así como el poco entusiasta apoyo público mostrado recientemente por la gobernadora a lo que una vez fuera la piedra angular de su lucha contra la corrupción.

Calderón había anunciado su intención de emprender una reforma de la financiación de las campañas con fondos públicos en vista de las acusaciones contra el antiguo Secretario de Educación Víctor Fajardo e innumerables antiguos contratistas de las agencias estatales en un complot para la apropiación indebida de $3.4 millones, habiendo sido canalizado casi un tercio del dinero al PNP y otros fines políticos, según los fiscales federales.

A principios del 2001, la recientemente elegida gobernadora argumentaba que la reforma de la financiación de campañas era una parte integral de su lucha contra la corrupción. Pondría fin a la necesidad de que los partidos políticos recaudasen tantos millones con el fin de ganar unas elecciones, y con ello la tentación de buscar atajos e infringir la ley con el fin de conseguir el dinero.

El hecho de que la reforma no logra hacer exactamente eso, es la mayor prueba de que merece ser echada para atrás o cambiada sustancialmente. De hecho, alcanzar la marca de los $4 millones para recaudar el máximo en fondos públicos equivalentes para la campaña, parece resultar un esfuerzo máximo tanto para el PNP como para el PPD.

Los arquitectos de la reforma, un extraño ejercito de arquitectos de La Fortaleza y ex funcionarios del gobierno de diversas ideologías políticas, habían argumentado que los partidos políticos tenían que ser cortejados para que participasen en el programa de financiación con fondos públicos porque la garantía de libertad de expresión significa que la participación obligatoria era anticonstitucional. Por lo tanto, calcularon que lo que los partidos se gastaron en las elecciones del 2000, era un factor en la inflación, y luego sacaron de pronto el límite de $11 millones que los candidatos gubernatoriales pueden gastar en publicidad.

Bajo la reforma, cada partido recibe una base de $3 millones en fondos públicos para financiación de campañas y pueden recaudar hasta $4 millones en donativos privados, que el gobierno igualará, para llegar al total de $11 millones.

Pero al colocar el baremo tan alto, la reforma no hace nada para sirve para poner freno a la necesidad de los partidos de recaudar millones con el fin de ganar las elecciones. Solo se trata de echar a la mezcla más millones en fondos públicos. De hecho, la reforma puede costar al Tesoro hasta $35 millones en cada ciclo electoral, pero una cifra de $25 millones es más probable.

La reforma tampoco es suficiente para prohibir los antiguos vacíos legales utilizados por los partidos para saltarse las bastante restrictivas leyes electorales. Se trata de un maratón para recaudar fondos (un gran modo de que las aportaciones de los donantes excedan los límites de la campaña) y de comités de acción política (que los partidos utilizan para eludir los limites sobre gastos de campaña).

Desde el comienzo, personajes públicos como el Controlador, Manuel Díaz Saldaña, y el Presidente de la Comisión de Elecciones Estatales, Aurelio Gracia, advirtieron que la reforma era demasiado costosa y que los beneficios que se esperaban de ella no eran algo seguro. Otra queja era que al aprobar la reforma dentro de las líneas partidistas, la administración Calderón rompía la tradición en la política de Puerto Rico de que las reformas electorales solo se llevarían a cabo con respaldo tripartita.

La reforma de la financiación de campañas fue una enorme inversión para un gobierno que andaba escaso de fondos y hasta ahora sus beneficios parecen ilusorios. Lo que sí es seguro es que en este año electoral se gastará mucho más en publicidad que jamás en el pasado.

La reforma puede estar vigente, pero como es habitual en Puerto Rico se trata de la política en año electoral, y la carrera para recaudar fondos está en marcha.