La mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara está encabezando una investigación que supuestamente demuestra que funcionarios de la administración del antiguo Gobernador Pedro Rosselló conspiraban con la dirección de compañías multinacionales para blanquear dinero y ocultar millones en beneficios de los impuestos federales y locales, canalizándolos a través de subsidiarias de la isla y de un fondo de incentivos para desarrollo económico y otros vehículos de inversión.

La investigación se centra en el uso indebido del dinero vertido en el Fondo para Incentivos Industriales de Puerto Rico y que el Comité Blue Ribbon, escogido personalmente por la Gobernadora Calderón, reconoce costó a los contribuyentes puertorriqueños la enorme cantidad de $1.4 mil millones.

Resulta una lectura interesante, y las noticias sobre el informe, así como las filtraciones al público sobre la investigación del FBI sobre el PRIIF, ha estado ocupando los titulares de las primeras páginas de San Juan toda esta semana. Aún así, solo se trata de conjeturas, y el Departamento de Justicia local ya ha cerrado el caso.

El caso es un poco raro ya que se apoya en la Sección 936 del código impositivo federal, que aparentemente hizo posibles todos los supuestos delitos. La deducción tributaria ha constituido la columna vertebral del programa económico del PDP desde que fue fundado a mediados de los años 70 hasta la actualidad, cuando casi ha desaparecido gradualmente. Aún así, la investigación legislativa señala a la antigua administración del Partido Nuevo Progresista como la creadora de un esquema para que las compañías obtuvieran un trato tributario preferencial a cambio de Inversiones en el PRIIF y, quizás, sobornos ilegales.

También resulta raro porque, aunque los investigadores se están quejando en privado de las presiones políticas para acabar con la investigación, esas presiones no se remontan a la anterior administración, si no a la actual administración Calderón. Y esto es debido a que el anterior Secretario de Desarrollo Económico de la gobernadora, y actual esposo, Ramón Cantero Frau, ha sido mencionado por el panel Blue Ribbon por haber aprobado un dudoso acuerdo de $5 millones que fue un total desastre para el gobierno. Aparentemente, el fango de esta investigación puede manchar a aquellos que visten de rojo así como a los que visten de azul.

Existen dos aspectos de esta investigación. Una que tiene más fundamento, según las apariencias iniciales, de cualquier manera, gira en torno a cómo el dinero invertido en el fondo por las compañías multinacionales era utilizado por los funcionarios y compañías locales.

Se cita en el informe a dos antiguos funcionarios del gobierno por infringir la Ley de Ética del Gobierno, al beneficiarse del fondo inmediatamente después de dejar el gobierno y reincorporarse al sector privado. El informe también les acusa de cobrar unos honorarios escandalosos por las subsiguientes transacciones que emprendieron relacionadas con el PRIIF.

Otras alegaciones se centran en el desembolso de fondos del fondo de inversión, que eran concedidos a compañías locales para espolear nuevos negocios y expansiones. Tuvieron lugar bajo el antiguo director del PRIDCO, Xavier Romeú, así como de Cantero Frau, el primer nombramiento de Calderón para dirigir la agencia de Desarrollo Económico.

En algunos casos, incluido el de Cantero Frau, los acuerdos citados en el informe parecen solo malas decisiones comerciales en lugar de delitos. Pero las alegaciones aún no demostradas señalan a comisiones ilegales y donativos políticos a cambio de subvenciones de desarrollo económico.

El segundo aspecto de la investigación es algo más difícil de digerir; alega que muchas firmas 936, a través de inversiones en el PRIIF a cambio de un favorable trato fiscal local, también violaron la ley de impuestos federales mediante la repatriación acelerada de beneficios a las empresas madre en la zona continental que los incentivos fiscales locales hacían posible.

Si se tratara de un plan para que las compañías evadieran la tributación federal, se trataría de algo muy público en aquel momento. Cubrí seminarios sobre esta cuestión ofrecidos por los funcionarios del gobierno a los ejecutivos de las compañías 936. Hasta ahora, a pesar de los gritos de los legisladores del PPD, existen pocas pruebas de que una contabilidad agresiva se pasara de la raya hasta el blanqueo de dinero o el fraude fiscal.

Y recuerden, Puerto Rico cuenta con algunos de los contables de más talento del mundo que asesoran a las compañías 936; no es un secreto que las mayores firmas contables del mundo establecieron sucursales en la isla conforme las deducciones tributarias federales echaron raíces aquí. Los argumentos entre el Tesoro federal y las compañías 936 sobre la atribución de sus beneficios a las subsidiarias de la isla se han desarrollado violentamente desde que existen las deducciones tributarias federales. Ante este hecho, el hallazgo del informe Blue Ribbon de que firmas en la zona continental han violado la ley tributaria federal mediante ciertas inversiones que podrían no haber cualificado para su exención, parece francamente ingenuo.

El hecho de que las autoridades federales estén investigando la cuestión significa que probablemente exista algún fuego que origine todo el humo que sale de las audiencias del Capitolio. El STAR de San Juan informó el jueves que la investigación sobre el PRIIF forma parte de una investigación mucho más amplia que incluye a otras agencias federales tales como la Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU., conocida como FiNCEN y el Servicio Regulador de Impuestos. Si ese es el caso, es probable que la oficina local esté investigando sobornos ilegales mientras otras agencies podrían muy bien estar investigando los aspectos de la investigación que se refieren a las firmas 936 y las acusaciones de fraude tributario federal.

Pero las sesiones de investigación en el Capitolio también tienen una parte de política, y no pueden divorciarse de la batalla electoral que se desarrolla entre el PNP y el PPD.

Las últimas encuestas ponen a Rosselló por delante de su rival del PPD Aníbal Acevedo Vilá por 9e puntos de porcentaje, mientras que los indecisos quedan encuadrados en un 9 por ciento de los encuestados.

Las sesiones legislativas y las filtraciones sobre investigaciones federales son una forma de reiterar el tema de la corrupción, ya que el PPD espera poder asestar un fuerte golpe al PNP para mejorar las cifras de la encuesta conforme se aproximan las elecciones.

Pero gran parte del mensaje de la delantera que lleva Rosselló debe ser que el PPD tiene que ofrecer mucho más que tratar de pintar a su oponente como corrupto con el fin de retener el poder. Debe hacer llegar al público el porqué sería un mejor administrador del gobierno del ELA que el PNP.

Entretanto, los políticos del PNP deberían tomar nota de los grandes aspectos negativos asociados por el público a su partido en la cuestión de la corrupción. Acusar a los funcionarios federales de "persecución política" no será de mucha ayuda. Ocupan el primer plano, no porque el público crea que el partido está siendo perseguido. Van por delante porque hay más que creen que harán un mejor trabajo de gobierno que el PPD.