La racha de maniobras legales que se ha producido a raíz de una de las carreras gubernatoriales más ajustadas en la historia de la isla, solo ha aportado hasta ahora más calor que luz.

Y los puertorriqueños que se sientan a cenar en familia este largo fin de semana del Día de Acción de Gracias, tienen tan poca idea de quien será su próximo gobernador como en esa confusa noche de las elecciones a principios de mes.

La situación se ha deteriorado por culpa de una aparente batalla entre el Tribunal de Distrito de los EE.UU. en San Juan y el Tribunal Supremo de Puerto Rico respecto a quien tiene la última palabra sobre las cuestiones legales que surgen de las elecciones.

En decisiones enfrentadas dadas a conocer el martes, ambos dejaron claro que salvaguardaban celosamente lo que cada uno considera su jurisdicción en el caso. Ambos tribunales pidieron la calma pero sus actuaciones por separado han creado un ambiente muy cargado que es todo lo contrario.

Perdido entre los agitados titulares en torno a las elecciones, se encuentra el hecho de que un significativo obstáculo ha sido aclarado. Ambos tribunales ordenaron a la Comisión de Elecciones Estatales que llevara a cabo de inmediato un recuento de las papeletas, junto con el escrutinio a mano que se está llevando a cabo de las papeletas con nombres añadidos a mano y de los ausentes, y el largo repaso de las hojas de recuento de los centros electorales, que ha dado como resultado un gran número de errores matemáticos.

El recuento completo, que el Partido Popular Democrático ha estado tratando de aplazar, podría ser un factor determinante en las elecciones, ya que el aspirante del PPD Aníbal Acevedo Vilá tenía una ventaja de 3.880 votos sobre el aspirante del Partido Nuevo Progresista Pedro Rosselló la mañana después del Día de las Elecciones, cuando la CEE dejó de trabajar con unas30.000 papeletas todavía por tabular.

El recuento es la razón primordial de que el PNP haya presentado una demanda ante el tribunal federal. La otra fue detener el proceso de transición de gobierno que Acevedo Vilá había iniciado, basándose en el hecho de que llevaba ventaja cuando la CEE levantó acta de los resultados preliminares de las elecciones.

Pero la cuestión candente que todavía surge de las disputas legales es si unas 28.000 papeletas de voto mixto deberían considerarse válidas o no. Las papeletas tienen una marca debajo de la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño y otras dos al lado de los candidatos del PPD, Acevedo Vilá y su compañero de carrera Roberto Prats.

Un puñado de papeletas tienen marcas en colores y tanto el PIP como el PNP argumentaron que deberían ser descontadas como fraudulentas. Pero el PNP es el único de los partidos políticos de Puerto Rico en argumentar que todas las papeletas de voto mixto en cuestión deberían ser desechadas como nulas. El PNP argumenta que a los votantes solo se les permite hacer dos marcas en la llamada papeleta estatal porque solo figuran en ella dos candidatos.

La CEE, el PPD y el PIP dicen que poner una marca debajo de la insignia del PIP es un modo de decir los votantes que se consideran miembros del partido. Esta medida favorece que el partido retenga la acreditación de la CEE, lo cual les da ciertos derechos como por ejemplo fondos públicos electorales y participación minoritaria en la Legislatura.

Dicen que no existe una prohibición en contra de hacer tres marcas en la papeleta estatal y que dichas papeletas han sido contadas como votos válidos para ambos candidatos y el partido político desde 1996, cuando se estableció por primera vez un sistema de votación con tres papeletas (una para gobernador y comisionado residente, una para candidatos legislativos y una para carreras municipales).

Desde entonces, todos los triunfadores gubernatoriales, incluido Rosselló, se han beneficiado de dichos votos, dicen los funcionarios de la CEE. Los críticos alegan que ninguno de los anuncios de orientación de votantes de la CEE abordaba de forma explícita el tema de las papeletas con triple marca, pero los funcionarios de la CEE replican que tampoco las prohíbe. Los candidatos del PPD y sus responsables pidieron abiertamente dichos votos en las últimas semanas de la campaña. Y muchos Independentistas dijeron públicamente que votarían de ese modo para detener a Roselló.

Realmente sería difícil no tener en cuenta la voluntad de unos 28.000 votantes puertorriqueños. Aún mas, el PNP no está impugnando las papeletas por un motivo cualquiera. La amplia mayoría de dichos votos eran de miembros del PIP que abandonaban las filas a favor del PPD. La oposición del PNP a las papeletas con triple marca llegó tarde, mucho después de que se celebrase la carrera. No empezó a quejarse de ello hasta días después de las elecciones, cuando un miembro del PNP que trabajaba en las elecciones se negó a adjudicar una papeleta mixta.

Las normas pueden ser, y probablemente deberían ser, cambiadas para la próxima ocasión. Pero realmente resultaría difícil tratar de cambiarlas ahora para un juego que acaba de tener lugar.

El Tribunal Supremo ya ha fallado que los votos deberán ser contados como válidos cuando la CEE lleve a cabo un recuento completo. El Juez de Distrito de EE.UU., Daniel Domínguez, ha fallado que dichos votos deberán ser contados, pero deberán dejarse a un lado y no ser adjudicados, pendientes de una nueva revisión por su parte. Ha dejado claro que el tribunal federal mantendrá su jurisdicción sobre los votos y ha prohibido a la CEE que nombre un ganador en la carrera gubernatorial hasta que él emita un veredicto definitivo.

Ha indicado que solo emitirá un veredicto sobre la validez de las papeletas con voto mixto si se las considera un "factor determinante" en las elecciones. (No hay que romperse la cabeza. Si los votos se dejan a un lado, no hay forma de que Rosselló pierda).

El juez federal mantiene abiertas sus opciones, lo cual solo está alimentando la ansiedad en San Juan. El hecho de que sea un reconocido partidario de la estadidad, mientras que personas nombradas por el PPD controlan el Tribunal Supremo, solo está aumentando la tensión.

Domínguez parece estar analizando si los que trabajaban en las elecciones contaron las papeletas de voto mixto de modo diferentes, o si violaron el principio "un hombre, un voto".

No soy abogado, pero si yo fuese Domínguez encontraría la manera de contar esas papeletas de voto mixto y luego eliminaría la Ley Electoral que las permite por anticonstitucional. Sencillamente, parece algo justo.

En vista de esto, parece absurdo poder votar por un partido sin votar por ninguno de sus candidatos. No solo da una ventaja injusta al partido minoritario, el PIP, si no que de hecho permite a un solo votante expresar su apoyo a dos partidos. (Un partido puede mantener su acreditación si recibe el 7 por ciento de los votos bajo su insignia, o el 5 por ciento de los votos tanto en la carrera gubernatorial como para comisionado residente. Por lo tanto las papeletas mixtas en cuestión están siendo contadas para acreditar tanto al PPD como al PIP).

Este cambio en la ley electoral local sería sin duda bien recibido por las nuevas organizaciones que tratan de inscribirse como partidos políticos locales. Ya han sostenido con éxito batallas ante los tribunales federales que han revocado aspectos de la ley electoral local por anticonstitucional, porque suponían una carga indebida para los grupos que tratan de convertirse en partidos políticos inscritos.