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Impuestos Arancelarios Podrían ser Eliminados en Puerto Rico

ROBERT WALZER
06/10/98

Journal of Commerce
(Copyright 1998)

Puerto Rico está empujando dos iniciativas que podrían sacudir al mundo de la carga aérea.

Una, impulsada por un grupo de legisladores del partido en el poder, eliminaría los derechos arancelarios de un 6.6% que hoy gravan la mayoría de las mercancías que entran a la isla, lo cual constituye una carga costosa y poco popular entre los transportistas.

Mientras tanto, el gobierno de Pedro Rosselló está gestionando transferir la administración del segundo aeropuerto en importancia de la isla, situado en la ciudad de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico, a un operador privado. Se espera que el ganador de la licitación invierta en el mismo centenares de millones de dólares, durante la próxima década, cuando el tráfico de carga aérea de Aguadilla se duplique, no obstante una reciente disminución.

CRECIENTE VOLUMEN

Las iniciativas llegan en un momento en que el volumen de carga aérea en Puerto Rico ha crecido en un promedio mayor de un 4% durante los últimos dos años, a un total de unas 804 millones de libras en 1997.

El congestionado Aeropuerto Internacional Luís Muñoz Marín de San Juan, manejó alrededor de las cuatro quintas partes de ese volumen, estimulando las tentativas del gobierno de descentralizar el tráfico de carga aérea y eliminar los onerosos derechos arancelarios.

El impuesto sería reemplazado por un menor impuesto sobre el consumo, iniciativa tendiente a eliminar los costos de los consumidores y a reducir costosos retrasos en los embarques.

"Todo se reduce a una cuestión de competitividad para Puerto Rico", comentó Kenneth McClintock Hernández, senador del Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, quien está a cargo de la iniciativa. "Para que el comercio pueda desarrollarse, tenemos primero que asegurarnos que los transportadores de carga aérea puedan controlar sus mercancías, en vez de ceder ese control a una agencia sub regional". Los embarques que llegan a Puerto Rico pueden retrasarse hasta dos días mientras los inspectores del Departamento de Hacienda del ELA inspeccionan las mercancías para determinar los impuestos a cobrar. Ciertas mercancías, como las medicinas, están exentas.

EVITANDO UNA DEMANDA LEGAL

La remoción del impuesto también evitaría una demanda legal que está siendo considerada por la Air Transport Association, la cual desafía la legalidad de los aranceles en el comercio interestatal, añadió el señor McClintock. El senador, y otros oponentes del arancel, declaran que los impuestos violan las leyes de los Estados Unidos, que prohiben cualquier interferencia en el comercio interestatal que pueda afectar los precios de los embarques.

"Creo firmemente que las restricciones comerciales de Puerto Rico violan las leyes federales", comentó José Julián Alvarez Maldonado, consejero legal de United Parcel Service en Puerto Rico. "Las leyes (federales) prohiben a los Estados de la Unión y al ELA promulgar cualquier ley que afecte los servicios, precios o rutas de las aerolíneas". McClintock, quien patrocinó una resolución aprobada por la legislatura en febrero, para estudiar los efectos económicos potenciales de la sustitución de los aranceles por un impuesto al consumo, dijo que las medidas para compensar la destrucción causada el mes pasado por el huracán Georges retrasó su ley, la cual espera someter a principios del año próximo.

Pero para los transportadores aéreos, los ahorros son claros. UPS, la cuarta transportadora aérea más grande de Puerto Rico, ahorraría por sí sola $7 millones al año en costos administrativos, dijo el señor Alvarez.

La compañía emplea unas 40 personas en su centro de conexión de Louisville, Kentucky, para manejar exclusivamente el difícil papeleo y procedimientos relacionados con los aranceles de Puerto Rico.

"Le ahorraría dinero a las aerolíneas, a los embarcadores, a todo el mundo", comentó Anthony Tirri, presidente de Caribbean Airport Facilities Inc., con sede en San Juan. "Todo el mundo tiene a uno o dos oficinistas extra, sólo para bregar con el arancel".

CAMBIOS GRANDES

Para los consumidores puertorriqueños, acostumbrados como están a pagar sólo el precio de las mercancías, el impuesto sobre las ventas representaría un cambio mayor. Y aquí entra la política del problema.

El Partido Popular Democrático de oposición, que apoya el mantenimiento del actual status político de Puerto Rico como estado libre asociado, favorece la mayor autonomía política y fiscal para la isla, fuera de la independencia.

El Partido Nuevo Progresista, que defiende la estadidad para la isla de 3.8 millones de habitantes, generalmente trata de conformar las leyes locales al modelo estadounidense, eliminando así los obstáculos legales a sus metas políticas.

La batalla se desencadenará durante la próxima sesión legislativa, en enero, cuando otros asuntos fiscales estén sobre el tapete.

Mientras tanto, seis licitantes cualificados deberán someter sus planes al Banco de Fomento de Puerto Rico antes del 23 de noviembre, para competir por los derechos de operación a largo plazo de la antigua Base Ramey de la Fuerza Aérea, ahora llamada Aeropuerto Rafael Hernández.

Se espera que la propiedad de 1470 acres en Aguadilla, ahora principalmente un aeropuerto de carga con la pista comercial más larga de todo el Caribe, recibirá varios millones de dólares en inversiones de infraestructura, durante la próxima década. Un licitante, que solicitó quedar en el anonimato, declaró que su propuesta lo compromete a una inversión directa de unos $100 millones. A su vez, esto atraería varios centenares de millones de dólares adicionales en inversiones de operadores privados, dijo.

Los licitantes son Borinquen Air Facilities of Puerto Rico; Airports 3rd Millenium, de Bennett, Colorado; American Port Services, de Teterboro, N.J.; Aviation Development Services LLC, de Oak Ridge, N.J.; TBI PLC, de Londres, Inglaterra; y YVR Airport Services Ltd., de Vancouver, Canadá.

El licitante ganador tomará el control, a fines de 1999, de un aeropuerto que movió 155 millones de libras durante el año fiscal de 1997, lo cual sitúa a Aguadilla como segundo centro de transportación de carga en Puerto Rico, seguido por la sureña ciudad de Ponce y Mayaguez, ciudad del suroeste. Sin embargo, el total en 1997 fue un 17 por ciento menor que en el año anterior, después de que Federal Express y otros transportadores mudaran sus operaciones a San Juan, donde los costos son menores. Además de la privatización, el gobierno pretende revertir esta caída, concediendo incentivos fiscales a las empresas que se establezcan en Aguadilla, y mejorando la transportación por carretera al aeropuerto, dijo Raúl Torres, portavoz de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico. "Aguadilla será una instalación de carga de importancia mayor ", comentó Tirri. "Nos estamos quedando sin espacio aquí, y ese lado de la isla necesita ser mejor servido".