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| Cuadro 1: Bienes de empresas norteamericanas en Puerto Rico, 1998 | |
| Total de los bienes | $61.00 mil millones |
| Bienes depreciables | $14.82 mil millones |
| Terrenos | $ 0.29 mil millones |
Estas cifras corresponden a empresas que en su mayoría venden sus productos al mercado norteamericano. Empresas estadounidenses han invertido también en el comercio directo con el mercado puertorriqueño, particularmente en los sectores del mercado minorista y en el turismo. Las cinco tiendas del almacén grande J. C. Penny's que mejor desempeñan se sitúan en Puerto Rico. Walmart, Kmart, y Walgreens también realizan una actividad importante en la isla. La mayoría de las empresas hosteleras norteamericanas más importantes también tienen una presencia en la fuerte industria del turismo. Choice Hotels International anunció recientemente que invertirá $15 millones en la construcción de un nuevo hotel y casino en la isla.
La independencia de Puerto Rico también tendría un efecto sobre el mercado de viviendas en Puerto Rico, poniendo en riesgo el gobierno federal que garantiza y asegura los préstamos en Puerto Rico y las empresas norteamericanas que garantizan los valores que financian las hipotecas en Puerto Rico. Si hubiera una salida importante de puertorriqueños de la isla, una bajada de los valores inmobiliarios podría seguir, amenazando el gobierno norteamericano y los inversores con una concentración excesiva de riesgos de financiamiento en el mercado puertorriqueño. Sumado, un estimado de $11 mil millones podría estar a riesgo. El gobierno federal garantiza o asegura más de $8 mil millones en préstamos para viviendas, y Freddie Mac y Fannie Mae tienen garantías sobre $3 mil millones en valores garantizados en hipotecas basados en préstamos efectuados en Puerto Rico.
El gobierno federal. La Administración Federal de Viviendas (Federal Housing Administration-FHA) y la Administración de Veteranos (Veteran's Administration-VA) garantizan hipotecas de viviendas en Puerto Rico. La Administración Federal de Viviendas actualmente ha asegurado 165.460 préstamos en Puerto Rico, lo que representa un valor sumado de $8,14 mil millones (5). El gobierno federal actualmente provee $905 millones en seguros hipotecarios por medio de la Administración Federal de Viviendas cada año en Puerto Rico. La Asociación Nacional de Hipotecas (Government National Mortgage Association (Ginnie Mae)) garantiza los préstamos de la Administración Federal de Viviendas y de la Administración de Veteranos en venta como valores garantizados con hipotecas en el mercado norteamericano. Ginnie Mae informa que tiene $6,9 mil millones en valores vendidos en el mercado norteamericano que están sostenidos por préstamos efectuados en Puerto Rico (6).
Las sociedades anónimas. Freddie Mac (Sociedad Federal de Préstamos Hipotecarios de Vivienda-Federal Home Loan Mortgage Corporation) y Fannie Mae han comprado aproximadamente $3,3 mil millones en préstamos puertorriqueños, que ahora, convertidos en valores garantizados con hipotecas, sus titulares son efectivamente los inversionistas norteamericanos. Ambas sociedades estarían en riesgo en caso de un trastorno de bienes en Puerto Rico, porque garantizan los pagos sobre los valores. Ninguna de las sociedades se ha sujetado a un análisis económico que toma en cuenta tal posibilidad, por ser considerada tan poco probable.
| Cuadro 2: Concentración creditaria norteamericana en el mercado puertorriqueño de viviendas | |
| Administración Federal de Viviendas (FHA) | $ 8.14 mil millones |
| Freddie Mac y Fannie Mae | $ 3.30 mil millones |
| Total | $ 11.44 mil millones |
Puerto Rico representa un mercado importante para los productos norteamericanos, e importó aproximadamente $12 mil millones en 1996. Si nos basamos en la estimación del Departamento del Comercio que $1 mil millón de exportaciones corresponde a 20.000 empleos, el comercio con Puerto Rico sostiene más de 250.000 puestos de trabajo en los EE. UU. Mientras que cualquier convenio comercial entre los EE. UU. y un Puerto Rico independiente es puramente especulativo, cualquier restricción de la entrada de productos y servicios norteamericanos al mercado puertorriqueño resultaría en una pérdida de empleos para norteamericanos. En particular, el partido independentista se ha enfocado en los productos agrícolas para tales restricciones, con motivo de proteger a los agricultores locales. Sin embargo, es improbable que Puerto Rico se convierta en una entidad competitiva en productos agrícolas por varias razones: una mano de obra más cara, la falta de economía de escala, y el costo elevado del transporte de abastecimiento.
En particular, Florida depende de una economía sana en Puerto Rico. Este estado maneja un estimado $3 mil millones por año en comercio con la isla y es domicilio para 250.000 hispanos de origen puertorriqueña. Florida despacha el 45% del total de comercio estadounidense con los países caribeños, y maneja el 54% de las exportaciones norteamericanas hacia esa región (7).
4.3 LOS RIESGOS PARA LOS TITULARES ESTADOUNIDENSES DE LA DEUDA DE LA MANCOMUNIDAD
La independencia de Puerto Rico podría poner en riesgo a los inversionistas norteamericanos que son titulares de $20,6 mil millones de la deuda del gobierno puertorriqueño (véase el cuadro 3). Mientras que el nuevo status bajo independencia de los bonos emitidos por el gobierno actual de Puerto Rico es pura especulación, es probable que su clasificación de valores rebajaría (8).
| Cuadro 3: La Deuda de Sector Público en Puerto Rico | |
| 31 de enero de 1998 | |
| Deuda directa de Puerto Rico | $ 4,919,668 |
| Deuda municipal | $ 880,904 |
| Deuda de las empresas públicas | |
| Deuda garantizada de Puerto Rico | $ 446,442 |
| Deuda apoyada por asignaciones e impuestos de Puerto Rico | $ 8,216,736 |
| Otras deudas no garantizadas | $ 6,128,558 |
| Total de deudas empresariales | $ 14,791,714 |
| Total de deuda del sector público | $ 20,592,286 |
El gobierno de Puerto Rico ya sufre del peso elevado de su deuda. En marzo de este año, el Moody's Investors Service calculó que $14,9 mil millones de la deuda de Puerto Rico están apoyadas en impuestos, lo que da una proporción de deuda apoyada en impuestos a renta personal de 41% (9). Esa proporción representa casi cuatro veces más que la misma proporción obtenida en el caso del estado con el nivel más elevado-Hawaii, y largamente superior a la cifra mediana en los EE. UU. de 2,1%. Las dificultades fiscales a que está sometido un país independiente amenazan estos bonos con el riesgo de falta de pago. La eliminación de transferencias federales (es decir, un tercio de los ingresos en Puerto Rico) y los gastos aumentados de una nueva nación supondría una presión sobre la capacidad del gobierno para realizar las condiciones del servicio de la deuda.
En gran parte, los bonos del gobierno de Puerto Rico están tenidos por inversionistas en los EE. UU (10). Los titulares de bonos puertorriqueños se forman por un conjunto de inversionistas individuales, fondos comunes de inversión, e inversionistas institucionales que en su mayoría son empresas de seguro. Del mismo modo que en el caso de los bonos municipales en los EE. UU., los titulares individuales son mayormente individuos de altos ingresos que pueden gozar de la totalidad del status de franquicia de impuestos.
El periodo de transición. La Tesorería de los EE. UU. ahorraría durante un periodo de transición comparado con la situación actual del status de mancomunidad. El partido independentista ha propuesto que los EE. UU. proporcione a Puerto Rico un pago fijo "compensatorio" cada año a lo largo de un "periodo razonable de transición" (11). Una legislación (H. R. 856 y S. 472) actualmente ante el Senado incluye un periodo de transición "que no excedería" a los diez años (12). Bajo la propuesta del partido independentista, las transferencias durante dicho periodo se basarían sobre el nivel actual de más de $4 mil millones de transferencias federales a la isla, netas de las prestaciones sociales. A lo largo del periodo de transición, la independencia ahorraría a la Tesorería de los EE. UU. el costo del ajuste para la inflación sobre las transferencias netas, comparado con la opción del caso de la mancomunidad.
A largo plazo, la independencia pondría un fin delimitado al aumento de las transferencias federales a Puerto Rico. Bajo el status de mancomunidad, Puerto Rico cuesta al gobierno federal más de $8 mil millones cada año en beneficios no ganados y exoneraciones fiscales, al mismo tiempo que sus ciudadanos y negocios no pagan impuestos federales sobre la renta ganada en la isla. Desde 1953, el costo que la Mancomunidad ha significado para la Tesorería de los EE. UU. una suma de $150 mil millones (13).
No obstante, existe el riesgo que los ciudadanos norteamericanos no se quedarían en Puerto Rico a causa de la reducción paulatina de sus beneficios federales y su fin eventual bajo la independencia. Además, es improbable que un nuevo gobierno en Puerto Rico sería capaz de sustituir dichos beneficios federales, dado los ingresos reducidos, los costos aumentados y las dificultades de obtención de créditos. Podría ser el caso también que muchos puertorriqueños tomarían la decisión de desplazarse a los EE. UU. si sus beneficios y medios de vida se vieran amenazados. (Los puertorriqueños ya son ciudadanos norteamericanos y tienen el derecho de desplazarse según desean entre Puerto Rico y los cincuenta estados.)
Se ha sugerido que durante y después de la transición hacia la independencia, los EE. UU. pagaría hasta $690 millones por año para mantener sus bases militares en Puerto Rico (14). Estos cálculos se basan en cantidades de ayuda en el extranjero por el "derecho a tener bases" que se proporcionan a las Filipinas y a otros países, ajustando por el tamaño y el valor de las bases en Puerto Rico. Cualquier acuerdo parecido tendría que ser negociado entre los EE. UU. y Puerto Rico.
El costo de respaldar una transición hacia un sistema de seguridad social independiente en Puerto Rico sería entre $43 y $64 mil millones. El partido independentista ha propuesto que los recipientes actuales continúen a recibir los beneficios y que los residentes de Puerto Rico que han cotizado el sistema sean compensados por sus contribuciones (15).
Dicho de modo simple, el sistema estadounidense de seguro social no funciona de tal modo. La Seguridad Social es un sistema en la cual se pagan los gastos según vayan surgiendo; es un sistema en que los contribuyentes pagan los beneficiarios actualmente jubilados. Cualquier transición a un nuevo sistema resultaría extremadamente costosa si el gobierno de los EE. UU. tendría que pagar (de un sólo golpe o a plazo largo) 1) los recipientes actuales y 2) compensar los no jubilados por sus contribuciones (las cuales efectivamente ya se han gastado en previos jubilados) sin recibir las cotizaciones de la Seguridad Social de Puerto Rico.
Para el conjunto de los cincuenta estados, la Administración de la Seguridad Social ha calculado que la suma de obligaciones pendientes a contribuyentes actuales y a pensionistas representa $9 billones. El Presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, declaró recientemente que el costo actual de la remuneración de las obligaciones en el porvenir para los actuales y futuros jubilados en los EE. UU. sería $9,5 billones (16). En Puerto Rico, una estimación de este costo da en una cifra entre $43 y $64 mil millones, si el caso es que los jubilados actuales continúen a recibir sus beneficios, y que los trabajadores actuales sean compensados por sus contribuciones (17).
Hemos de suponer que mientras que esté pagando los beneficiarios, el gobierno federal también renunciaría a los ingresos provenientes de las contribuciones al seguro social. Entre los años 1989 y 1997, por ejemplo, los puertorriqueños pagaron un estimado $16,1 mil millones en contribuciones al seguro social. Las contribuciones estimadas para 1997 suman $2,4 mil millones (18).
Del mismo modo que los recipientes en los estados continentales, los puertorriqueños valoran y dependen de sus beneficios que provienen de la Seguridad Social. Es improbable que los ciudadanos estadounidenses aceptarían cualquier riesgo para su fuente principal de beneficios de jubilación. Además, es probable que los ciudadanos norteamericanos se desplazarían a los EE. UU. si se ven amenazados con la eliminación del programa de la Seguridad Social, a lo cual han estado contribuyendo durante décadas, a cambio de una ubicación bajo el nuevo sistema del gobierno de Puerto Rico.
La incertidumbre crea riesgos. Con la retirada de la participación del gobierno de los EE. UU., Puerto Rico se verían cargado de los costos de nuevas responsabilidades, y el sólo hecho de llevar los costos no garantiza su desempeño. El Caribe ha sido una región importante para la seguridad nacional durante los últimos cien años, y la presencia continua de los EE. UU. ha fomentado un ambiente de paz y ha mantenido la estabilidad. Cualquier instabilidad política o económica en la región caribeña afecta directamente a los EE. UU., como se ha demostrado en los casos de Haití y Cuba. Se teme que la partida de los EE. UU. crearía una instabilidad en la región.
4.6.1 El riesgo de una emigración aumentada a los EE. UU.
El movimiento de ciudadanos norteamericanos en Puerto Rico entre la isla y el continente ya es muy sensible a las condiciones económicas y políticas de la isla. La independencia amenaza con aumentar de modo significativo los niveles existentes de emigración al continente, por razones de instabilidad general en el ámbito político y económico, la eliminación de la ciudadanía estadounidense para los que nacen en la isla, y la pérdida de beneficios federales.
Siendo ciudadanos norteamericano, los puertorriqueños ya tienen libertad de movimiento absoluta para ir y venir de los EE. UU. De hecho, viajan con frecuencia para visitar a sus familias y amigos, y para trabajar. Los mercados de trabajo de los EE. UU. y Puerto Rico son estrechamente integrados y los movimientos de los niveles de desempleo están del mismo modo estrechamente correlacionados en las dos economías (19).
Varios estudios han encontrado que un 30 a 40% de los puertorriqueños indican que dejarían la isla en el caso que la isla se independice (20). En encuestas más recientes, el 85% de los puertorriqueños identificaron el hecho de tener la ciudadanía norteamericana como su principal preocupación política. Dado este fuerte indico de lealtad, es particularmente probable que los EE. UU. experimentaría una inmigración en gran escala en el caso de independencia.
Hipotéticamente, la población de origen puertorriqueña en los EE. UU. podría verse aumentado de 2,7 a 4,0 millones, si el caso es que el 35% de los puertorriqueños decidan dejar la isla bajo independencia. Los costos de la asistencia social se desplazarían de Puerto Rico a Florida, Nueva York, y otros estados. Los ahorros federales anticipados en bonos para comestibles, por ejemplo, se convertirían en costos de $483 millones (21).
La probable eliminación del sueldo mínimo en Puerto Rico sería otro estímulo para la emigración hacia los EE. UU. Un estudio reciente de los efectos del nivel de sueldo mínimo sobre la migración concluyó que la emigración neta a los EE. UU. alcanza su cima bajo la opción de la independencia. El Profesor Santiago de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) descubrió que la emigración bajo independencia sería un 19% mayor a lo que sería en el caso de status de mancomunidad, y casi el doble del nivel en el caso de la estadidad (22).
Puerto Rico ya sirve como un conducto importante para las drogas ilegales que entran en los EE. UU. y la independencia reduciría la eficacia del esfuerzo federal para combatir tal tráfico. En reconocimiento del aumento de tráfico de drogas por vía de Puerto Rico, en el año 1994, la Agencia de Lucha Anti-Drogas (Drug Enforcement Agency-DEA) señaló Puerto Rico y las Islas Vírgenes como uno de los siete "Áreas de Alta Intensidad de Narcotráfico." La DEA se incautó de 17,6 toneladas de cocaína en Puerto Rico y el Caribe oriental en 1994.
Puerto Rico tiene una ubicación ideal para realizar el contrabando de drogas hacia los EE. UU. Es un centro importante de transporte aéreo y marítimo, dueño del tercer puerto de mar más frecuentado en América del Norte y el número 14 en el mundo (23). Puerto Rico tiene 300 millas de costa con numerosas bahías aisladas y ensenadas. Los más de seis millones de millas cuadradas de alta mar entre Colombia y los EE. UU. suponen también una dificultad suprema a la hora de vigilar y incautar el contrabando.
La experiencia norteamericana en Sud y Centroamérica ha demostrado la realización de acciones anti-droga en países independientes puede ser frustrante e inefectivo. Si Puerto Rico se hiciera independiente, las agencias federales que actualmente combaten el narcotráfico en Puerto Rico perderían su jurisdicción y a resulto, gran parte de su eficacia.
La independencia ofrecería a un cierto grupo de individuos la oportunidad de tomar las riendas del destino de Puerto Rico. Bajo el status de mancomunidad, los ciudadanos norteamericanos en Puerto Rico no tienen el derecho de votar en las elecciones congresionales o presidenciales, y su representativo tiene una voz, pero no tiene voto. El gobierno federal toma decisiones que afectan profundamente a la economía de Puerto Rico sin que la influencia de los votantes se haga sentido. El pueblo de Puerto Rico sería claramente más involucrado si el proceso fuera realmente suyo.
La economía y el gobierno de Puerto Rico sigue en su necesidad urgente de reformas. La independencia colocaría a su economía en concurrencia directa con otros países en vía de desarrollo en Latinoamérica y en Asia. Estas economías están ya implementando programas de privatización, de libre comercio, y de liberalización económica. Sería sorprendente que un país recientemente independizado tuviera la firmeza política para llevar a cabo las reformas necesarias.
El sector público provee empleos a la tercera parte de la mano de obra en la isla, el doble del porcentaje en los EE. UU. (16%). Los sindicatos se han opuesto ferozmente y de forma irresponsable a los intentos de privatización bajo el gobierno de Rosello. A pesar de haber dado algunos pasos positivos, el gobierno se ha visto forzado a replegarse sobre el terreno seguro del desarrollo dirigido por el estado y de las exoneraciones fiscales. Un gobierno independiente en Puerto Rico no sería capaz de juntar el capital político para implementar las políticas difíciles necesarias que son para el crecimiento.
El desempeño económico de los países independizados después de la Segunda Guerra Mundial sirven como una muestra de las dificultades que resultan de la imposición de reformas. Con pocas excepciones, estas nuevas naciones han vivido un camino económico tortuoso. Singapur ha demostrado un crecimiento sobresaliente, pero es un país que empezó teniendo los mejores recursos de Malasia, un gobierno profesional y honesto, una mano de obra educada, y hasta ahora, una ausencia de tradición democrática, lo que conlleva sus ventajas y desventajas.
Si Puerto Rico fuera una nación independiente, se inclinaría a una convergencia con las economías en Latinoamérica y el Caribe. Si fuera una parte integral de los EE. UU., se esperaría que Puerto Rico participara en la marcada convergencia que experimentan los estados, en que con el tiempo, los más pobres alcanzan a los más ricos. Estudios recientes indican que Puerto Rico no ha estado convergiendo con la economía de los EE. UU. como se ha esperado, y culpan la incertidumbre del status territorial como el factor que impide esa convergencia (24).
El economista chileno, Fernando Lefort, calculó que el ritmo de crecimiento en Puerto Rico hubiera sido entre 2,2 y 3,5% más rápido si estuviera convergiendo con la economía norteamericana, del modo de los demás cincuenta estados. Bajo la independencia, la economía de Puerto Rico continuaría la tendencia que ha demostrado en los últimos dos décadas de una divergencia con los niveles de renta en los EE. UU. y estaría en convergencia con las economías de América Latina y el Caribe.
¿Cómo podrá Puerto Rico atraer a la inversión con su nuevo status independiente? ¿Cómo se distinguiría de la República Dominicana, Costa Rica, Chile u otros países en vía de desarrollo? Su clima tropical no es una particularidad en Latinoamérica o el Caribe. Su ubicación como puente entre los EE. UU. y Latinoamérica tampoco lo distingue de las demás economías en la región. Puerto Rico está situado a mil millas de Miami. Cuba, por ejemplo, está situado a 90 millas de Key West. Los precios relativamente altos de la mano de obra en la isla dificultan aún más sus esfuerzos de atraer a fábricas buscando una producción de bajo costo. En la industria manufacturera, el sueldo promedio en Puerto Rico por hora es $8, lo que representa el 60% de los sueldos en los EE. UU. Los precios de agua, del alcantarillado y de la electricidad son aproximadamente el doble de lo que se encuentra en los estados continentales.
El sistema legal y regulatorio de los EE. UU. que está vigente en la isla ha sido la clave de la estrategia competitiva de Puerto Rico. La ausencia del cuadro económico y político de los EE. UU. implicaría una pérdida de seguridad que a su vez amenazaría a la capacidad de Puerto Rico de atraer nuevas inversiones y también a las empresas existentes que dependen de ventas en el mercado norteamericano (25). El cambio a un nuevo sistema monetario también crearía numerosos riesgos en Puerto Rico tanto para los inversionistas norteamericanos como para los externos. La economía perdería su fuente principal de la estabilidad en su mercado: el hecho de tener una economía basada en el dólar, hecho que reduce el riesgo de la inflación o de una devaluación de la moneda, y rebaja los gastos de comerciar para las empresas norteamericanas y puertorriqueñas.
La incertidumbre sobre el porvenir crea la posibilidad de una fuga de capitales de la isla, particularmente dado la historia de un gobierno amplio, del desarrollo del sector público, y de los beneficios articulados por el partido independentista. Muchos inversionistas eliminarían progresivamente a sus operaciones en Puerto Rico a la espera de un aclarecimiento de los efectos de la política económica del nuevo país y de las previsiones sobre su futuro. El periodo de transición se convertiría efectivamente en un purgatorio económico con una masa de capital muy disminuida. Es improbable que los inversionistas considerarían a Puerto Rico como un destino viable para su capital hasta tres a cinco años pasados de la fecha de independencia, o sea, doce a vente años desde el principio del periodo de la transición.
La independencia de Puerto Rico tendría un efecto negativo sobre los ingresos del turismo proveniente de los EE. UU., lo que constituye el 70% de la suma de ingresos del turismo en la isla. Cada año, 2,2 millones de turistas norteamericanos gastan $1,32 mil millones en Puerto Rico (26). El establecimiento de una nación independiente desanimaría y reduciría futuros viajes a la isla. Los visitantes norteamericanos hoy día gozan de la comodidad de una economía basada en el dólar, las protecciones legales del gobierno de los EE. UU., y una aduana abierta. Es probable que cada uno de esos beneficios sería eliminado bajo la independencia para ser reemplazados por los temores que frecuentemente se asocian con una visita a un "país del tercer mundo."
La normalización de las relaciones entre los EE. UU. y Cuba también supone una amenaza para la industria del turismo en Puerto Rico. Sólo unos 15.000 a 20.000 ciudadanos norteamericanos visitan a Cuba cada año a causa de la prohibición de viajar impuesto por los EE. UU. Sin embargo, los ingresos del turismo en Cuba han aumentado de forma dramática en los últimos años, sumando $1,65 mil millones en 1996, poco inferior a Puerto Rico y la República Dominicana (27). Si la prohibición de viajar a Cuba fuera eliminada, el potencial para el desarrollo del turismo norteamericano a Cuba es importante; Rosalie Schwartz estimó en su libro reciente, Pleasure Island-Tourism and Temptation en Cuba, que los gastos turísticos serían el doble del presente nivel.
Bajo la independencia, Puerto Rico podría experimentar dificultades en la financiación de su déficit elevado de la cuenta corriente. Cualquier inhabilidad de financiar su balanza de pagos resultaría en una reducción de la producción económica y en la renta real para los puertorriqueños. Como notó el Oficina Presupuestaria del Congreso (Congressional Budget Office) en 1990, un déficit de la cuenta corriente es "inevitable para un país, como Puerto Rico, que genera pocos ahorros domésticos al mismo tiempo que mantiene una inversión importante" (28). Como demuestra el Cuadro 4, el déficit en la balanza de pagos se sumó a $5,4 mil millones en 1996.
| Cuadro 4: La balanza de pagos de Puerto Rico (millones de $US) | |||
| Balanza del Comercio de Mercancías | |||
| Servicios Reales | |||
| Renta de los Factores | |||
| Movimientos netos del Capital | |||
| Transacciones desconocidas | |||
| Interés neto de los gobiernos de la Mancomunidad y de los Municipios | |||
| Transferencias Unilaterales | |||
| Transferencias Federales | |||
| Balanza | |||
Puerto Rico ha financiado este déficit por medio de una combinación de inversiones empresariales externas, transferencias federales y préstamos tomados por el gobierno. La independencia supondría una presión sobre las tres fuentes del financiamiento. Las transferencias federales para los programas sociales se paralizarían y eventualmente dejarían de existir bajo la opción de la independencia. Los riesgos latentes para la moneda, la política, y la economía de Puerto Rico también supondría una amenaza al nivel corriente de inversiones empresariales. En último lugar, la cantidad los préstamos tomados por el gobierno tienen la posibilidad de ser disminuido, y su costo aumentado de forma dramática en el caso de la independencia. Cualquier inhabilidad de financiar el déficit en la balanza de pagos (una "brecha de financiamiento") resultaría en reducciones en la producción y la renta para la isla.
La política y la economía de Puerto Rico siempre han mantenido una relación estrecha. La independencia constituiría una resolución definitiva del debate sobre el status político de Puerto Rico. La incertidumbre sobre el futuro y el debate eterno sobre el status ha distraído la atención necesitada por los problemas reales que existen en la economía (29). La incertidumbre sobre el status presente ha comprometido la capacidad de Puerto Rico de atraer las inversiones. La nebulosidad del status territorial también ha desanimado la inversión y el comercio en Puerto Rico.
Recientemente, una empresa que fabrica en Puerto Rico fue denunciada ante el Tribunal de Comercio de la Comunidad Europea por fijar etiquetas "Made in USA" sobre sus productos. La denuncia alegó que la etiqueta era falaz porque los productos en cuestión no provenían de un Estado, y que los productos fabricados fuera de los EE. UU. frecuentemente provienen de "países de sueldos bajos." La independencia aclararía el status de Puerto Rico a los ojos de los inversionistas y eliminaría la incertidumbre persistente que pesa sobre el futuro status político.
Un Puerto Rico independiente tendría que hacer frente a una presión fiscal intensa a causa de los costos iniciales elevados, la eliminación eventual de las transferencias federales, y los costos aumentados del crédito. Este nuevo país también tendrían que invertir miles de millones en la amelioración de su infraestructura débil y su sistema inadecuado de educación. Bajo estas condiciones, ¿cómo podrá el nuevo país mantener los beneficios y servicios existentes sin un aumento importante de los impuestos sobre los individuos y las empresas?
Los costos iniciales para el nuevo gobierno. El establecimiento y el mantenimiento de un gobierno nacional es un proyecto caro y complejo, como se ha manifestado en innumerables países en África, Asia, y Latinoamérica fundados en el periodo de la posguerra. Al presente, el gobierno de los EE. UU. provee la infraestructura y los servicios que corresponden al gobierno federal: defensa, aduanas e inmigración, servicios de correos, garantías de seguridad de los productos, la regulación pertinente a la comunicación y al transporte, la protección del medio ambiente, la lucha anti-droga, las relaciones diplomáticas, etc. Un Puerto Rico independiente tendría que encargarse de estas responsabilidades fiscales. Una cuestión que tendría que ser negociada entre el nuevo gobierno y los EE. UU. es si Puerto Rico tendría que comprar los terrenos y emplazamientos federales en existencia.
Las Transferencias Federales. Eventualmente, Puerto Rico perdería todas las transferencias federales para los programas del bienestar social que al presente componen un tercio del total de los ingresos de la isla ($2,6 mil millones de la suma total de $7,9 mil millones de ingresos en el año fiscal 1996). También perdería numerosos beneficios federales, como por ejemplo el crédito federal para el alojamiento de personas de rentas bajas, lo que hoy día representa una fuente importante de financiamiento para viviendas de precio accesible en la isla.
Los costos aumentados del crédito (véase la sección 5.8). Al presente, Puerto Rico depende de préstamos para financiar las operaciones gubernamentales, los proyectos de desarrollo económico, y las inversiones en la infraestructura. En el año fiscal 1998-1999, Puerto Rico invertirá $3,5 mil millones en proyectos de infraestructura (en su gran mayoría con medios creditarios) lo que incluye las amelioraciones a la red eléctrica, a la canalización de las aguas, y a los edificios públicos (30). En 1997, el gobierno de la Mancomunidad tomó prestado de más de $2 mil millones, principalmente por medio de los mercados norteamericanos para bonos de bajo precio y libres de impuestos.
Las bases militares. La presencia militar de los EE. UU. en Puerto Rico siempre ha sido un punto contestado en la relación, en particular para el partido independentista que ha declarado en varias ocasiones que su intención última es una desmilitarización completa de la isla. Mientras que las Fuerzas Armadas norteamericanas estén allí, se ha propuesto que Puerto Rico debería ser el recipiente de $670 millones por año en ayudas por el "derecho a tener bases" durante y seguido al periodo de la transición a la independencia (31). Incluso si estos acuerdos fueran posibles, los ingresos representarían sólo la quinta parte de los ingresos federales que se perderían. Sin embargo, dado el contexto del cierre y la reorganización de bases en los varios lugares del mundo, las Fuerzas Armadas norteamericanas no podrán fácilmente justificar un alquiler tan elevado.
Cualquier contrato referente a las bases militares que pertenecen ahora al gobierno de los EE. UU. tendría que ser el resultado de negociaciones entre los EE. UU. y el gobierno independiente de Puerto Rico. Si los EE. UU. toma la decisión de mudar las bases a otro sitio, el impacto económico sobre Puerto Rico sería grave. Los gastos del Departamento de Defensa de los EE. UU. en sueldos, salarios, y adquisiciones en Puerto Rico generaron más de $1 mil millón en actividad económica en 1997. La suma de los sueldos, salarios, y adquisiciones directos fue $589 millones (32), y generó una actividad económica indirecta de $442 millones adicionales en la isla (33).
La defensa nacional para un Puerto Rico independiente. La cuestión de las bases conlleva otro lado que es él de la defensa de Puerto Rico bajo la independencia. Más de 200,000 puertorriqueño han servido en las guerras norteamericanas desde 1917. Cuatro soldados isleños han sido condecorados con la Medalla Congresional de Honor. ¿Establecería Puerto Rico sus propias fuerzas armadas, o continuaría a depender de los EE. UU. para su protección?
Los costos de las exoneraciones y las subvenciones fiscales. En los esquemas que se han elaborado para atraer el capital exterior bajo la independencia, se destaca una dependencia pronunciada sobre las exoneraciones y las subvenciones fiscales. Es improbable que un Puerto Rico independiente tendría los recursos fiscales disponibles para financiar un programa de incentivos parecido, dado la pérdida de las transferencias federales, los costos aumentados de los créditos, y los costos aumentados asociados con el nuevo gobierno. Las exoneraciones fiscales tienen su precio. Las exoneraciones fiscales de la Sección 936 para las empresas que operan en Puerto Rico siguen costando a la Tesorería de los EE. UU. más de $3,4 mil millones en ingresos perdidos cada año, y desde 1976 han costado $72 mil millones en dólares ajustados por la inflación. Cómo Puerto Rico será capaz de ofrecer un programa de incentivos que le distinguiría de Méjico, Chile, Brasil, u otros países en vía de desarrollo, queda un misterio.
La pérdida de los préstamos y los seguras garantizados por el gobierno federal. El partido independentista ha pedido la continuación de las garantías y seguras federales sobre los préstamos existentes en Puerto Rico. Sin embargo, es cierto que el gobierno federal dejaría de garantizar o asegurar a los nuevos préstamos para viviendas. Al presente, el aseguro hipotecario de la Administración Federal de Viviendas (FHA) juega un papel importante que permite a muchos puertorriqueños de comprar nuevas casas. Sólo durante el año fiscal 1997, el gobierno federal proveyó $905 millones en seguras hipotecarios para viviendas, $207 millones para condominios y $27 millones en préstamos garantizados y asegurados para veteranos en la isla (34). ¿Tendrá un Puerto Rico independiente la capacidad de garantizar o asegurar préstamos para viviendas para los desaventajados a niveles similares?
5.8 LOS COSTOS AUMENTADOS DE LOS CRÉDITOS PARA EL GOBIERNO
El gobierno puertorriqueño verá los costos de los créditos subir de forma significativa bajo la independencia, si es que tenga acceso a los mercados de deuda externa. En 1990, la Oficina Presupuestaria del Congreso notó que los créditos para el gobierno de Puerto Rico se haría "por lo menos, más caros, con la posibilidad que sean recortados de forma significativa" (35). En particular, el gobierno de Puerto Rico depende de los préstamos para financiar sus operaciones y sus proyectos de infraestructura. Se ha previsto que el gobierno tome prestado $2,1 mil millones durante el periodo de 1997 a 1998, y $2,4 mil millones en 1998-99 por medio de préstamos y emisiones de bonos, lo que significaría una subida de 14% (36).
La pérdida del status de zona franca en sí resultaría en un aumento de los costos de los créditos por la razón que los inversionistas requieren beneficios comparables a otros valores imponibles. Bajo la independencia, Puerto Rico perdería el acceso a los mercados en los EE. UU. para bonos libres de impuestos, donde existe al presente una demanda amplia para la deuda puertorriqueña, que es libre de impuestos estatales y locales. Bajo la independencia, el costo de los créditos también dependería de la clasificación de valores que se basa en parte sobre el nivel de la deuda y la habilidad del gobierno de serviciarla, además de la situación de la balanza de pagos. El gobierno de Puerto Rico pagó $3,2 mil millones en el servicio de la deuda en 1997-98, de lo cual $1,3 mil millones fueron pagados por sociedades públicas, $458 millones por el gobierno central, y $452 millones por deuda extra-constitucional (37).
Al presente, Puerto Rico recibe una valoración relativamente alta de sus bonos comparado con la mayoría de los países en vía de desarrollo (38). El Apéndice 1 proporciona las clasificaciones de los bonos gubernamentales de los países en vía de desarrollo en Latinoamérica y en el Caribe. El resulto es que Puerto Rico paga un precio distinto para sus créditos. En el Cuadro 5, se presentan las tasas de intereses pagadas por varios países en Latinoamérica y el Caribe y la diferencia con los bonos de la misma duración emitidos por la Tesorería de los EE. UU. El costo de los créditos para Puerto Rico está a unos 55 centésimos de punto porcentual por debajo de las de la Tesorería a causa de ser libres de impuestos estatales (39). Aunque varía por país, el cuadro ilustra que el costo del capital para los gobiernos latinoamericanos y caribeños es muy superior al que está sujeto los EE. UU. Las tasas de intereses están entre tres a cinco puntos porcentuales (329 y 522 centésimos de punto porcentual) superiores al de los bonos de 30 años de la Tesorería y medio punto porcentual superior a lo que paga Puerto Rico al presente (384 a 577 centésimos de punto porcentual).
| Cuadro 5: El Costo del Crédito para los Gobiernos en Latinoamérica y el Caribe. | |||
| País | Vencimiento | Rendimiento | Diferencia con la Tesorería de los EE. UU. (centésimos de punto porcentual) |
| Argentina | 11.1999 | 7.29% | 179 |
| 12.2001 | 8.09% | 251 | |
| 12.2003 | 8.37% | 278 | |
| 01.2017 | 10.32% | 454 | |
| 09.2027 | 10.32% | 454 | |
| Brasil | 11.2001 | 8.53% | 296 |
| 05.2008 | 10.29% | 471 | |
| 05.2027 | 10.99% | 522 | |
| Costa Rica | 05.2003 | 7.87% | 228 |
| Ecuador | 05.2002 | 10.44% | 487 |
| Jamaica | 07.2002 | 10.47% | 489 |
| Méjico | 02.2001 | 7.50% | 193 |
| 01.2007 | 8.82% | 323 | |
| Panamá | 02.2002 | 7.95% | 238 |
| 09.2027 | 9.07% | 329 | |
| Venezuela | 06.2007 | 10.07% | 448 |
| 09.2027 | 10.91% | 514 | |
Bajo la independencia, Puerto Rico experimentaría un costo de crédito por lo menos 2 a 3,5 puntos porcentuales superiores al nivel presente. Este incremento refleja la diferencia entre la tasa libre de impuestos que paga el gobierno de la Mancomunidad al presente, y la tasa pagada por los países mejores clasificados de Latinoamérica como Chile o Méjico, tomando en cuenta factores fiscales, financieros, y comerciales, entre otros, la pérdida del status de zona franca.
Hasta ahora, la opción de la independencia para Puerto Rico ha recibido un apoyo electoral tan flojo que sus implicaciones económicas casi nunca se han examinados. No obstante, lo que queda claro es que la independencia supondría un ambiente económico e inversionista radicalmente distinto a lo que es hoy. Nuevos países crean la incertidumbre, y la incertidumbre, sea económica o política, conlleva un precio alto. Existen beneficios concretos y riesgos importantes asociados con la independencia, tanto para Puerto Rico como para los EE. UU.
Para los EE. UU., un Puerto Rico independiente supone cuestiones difíciles. ¿Cuantos ciudadanos norteamericanos dejarían la isla en el caso de la independencia, la instabilidad política o económica, o la pérdida de los beneficios federales? ¿Los costos de una transición del sistema de seguro social serían pagados por los EE. UU., y tendría la nueva nación los recursos suficientes para encargarse de las obligaciones enormes? ¿Habrá una bajada del valor de los bonos del gobierno de Puerto Rico para sus titulares norteamericanos? ¿Qué parte del grado de concentración empresarial y gubernamental se vería amenazado en el caso de una crisis económica? ¿Podría un Puerto Rico recientemente independizado destabilizar una región de valor crítico para los EE. UU.? ¿Qué serían los costos de una operación de rescate si Puerto Rico sufre una crisis económica importante?
En cuanto a Puerto Rico, surgen otras preguntas. ¿Tendría Puerto Rico la voluntad política para implementar las reformas necesarias? Bajo esta presión, ¿cómo podrá Puerto Rico continuar su estrategia competitiva a base de exoneraciones e incentivos fiscales fiscal? ¿Cómo podrá Puerto Rico distinguirse de las demás economías latinoamericanas y caribeñas? ¿Cómo podrá Puerto Rico manejar el peso fiscal sin imponer una estructura de impuestos que ahogaría al crecimiento económico? ¿Cómo podrá Puerto Rico realizar la inversión necesaria en su infraestructura y su pueblo con los fondos reducidos y un acceso restringido a los mercados mundiales de deuda?
¿Cómo deberíamos afrontarnos a estas preguntas? Desde el punto de vista de Puerto Rico, sus ciudadanos gozarían por fin de una participación activa en la gestión de su economía. Sin embargo, la implementación medidas de reforma duras rozarían, si no es que sobrepasaría, el límite aceptable a los votantes. Quizás, la pregunta más difícil es: ¿porqué invertir en Puerto Rico? y ¿porqué invertir hoy día?
Desde el punto de visto de los EE. UU., la independencia significaría un fin de las transferencias federales para Puerto Rico. Al mismo tiempo, los ahorros anticipados de la reducción de las transferencias federales podrían ser ilusorios, por ser muy probable que los ciudadanos norteamericanos en Puerto Rico emigrarían a los EE. UU. No obstante, la independencia llevaría alguna ramificación más probable que otra (al extremo, un caso parecido a Cuba, un aumento de la inmigración ilegal y del tráfico de drogas fuera de la jurisdicción estadounidense), y el costo de esto para los EE. UU. podría ser asombroso.
Apéndice 1. Clasificación de bonos gubernamentales por
país
(plazo largo, tipos de cambio extranjeros)
| Países caribeños | Plazo largo | |
| Bermuda | Aa1 | |
| Bahamas | A3 | |
| Barbados | Ba1 | |
| Trinidad and Tobago | Ba1 | |
| Jamaica | Ba3 | |
| Países de América Latina | Plazo largo | |
| Chile | Baa1 | |
| Méjico | Baa2 | |
| Colombia | Baa3 | |
| El Salvador | Baa3 | |
| Uruguay | Baa3 | |
| Costa Rica | Ba1 | |
| Panamá | Ba1 | |
| Venezuela | Ba2 | |
| Argentina | Ba3 | |
| Brasil | B1 | |
| Ecuador | B1 |
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