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CITIZENS EDUCATIONAL FOUNDATION

Cómo entender la votación por el status de Puerto Rico

14 de diciembre de 1998
©Marca Registrada 1998 Citizens Educational Foundation

En el plebiscito de Puerto Rico, la estadidad fue aprobada por el 46,5% de los votantes, el más alto número de votos entre todas las opciones de status presentadas en las papeletas. Entre las restantes opciones de status reconocidas por la ley estadounidense, la independencia recibió el respaldo del 2,5% de los votantes, el actual Estado Libre Asociado (ELA) un escaso 0,1%, y la independencia con un tratado de libre asociación obtuvo sólo el 0,2% de los votos emitidos.

Las papeletas con la opción "Ninguna de las anteriores" consiguió el 50,2% de los votos. Esto confirma la necesidad de que el Congreso averigüe la voluntad del pueblo de Puerto Rico sobre las opciones que éste está dispuesto a considerar. Esto puede lograrse si el Congreso auspicia un referéndum mediante ley federal e informa a los votantes sobre los términos para continuar con el actual status o para cambiarlo por uno nuevo.

El rechazo de los votantes hacia el ELA vigente actualmente y el rechazo a la independencia de cualquier tipo, combinados con la resistencia de los electores a escoger entre las opciones conocidas, reflejan la necesidad de una reforma de la política territorial federal que el Congreso no puede seguir ignorando. Porque solamente el congreso tiene la autoridad y la responsabilidad, conforme la Constitución de los EE.UU., para definir los términos sobre los que se resolverá el status de Puerto Rico.

Es más, el movimiento en contra del ELA es legal y políticamente significativo porque el actual status territorial fue creado por el Congreso en 1950, mediante la Ley Publica de los EE.UU. Nº 600, sobre la base del consentimiento de los votantes en un referéndum auspiciado por el Congreso. El rechazo del ELA establecido por la L.P. 600 significa que sólo el Congreso puede establecer un proceso para restaurar el gobierno por consentimiento.

Debido a la falta de acción del Congreso, Puerto Rico se encuentra ahora, una vez más, en la misma situación que antes de 1950. Los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico se encuentran privados de sus derechos bajo el proceso político federal al cual son sometidos y la administración por parte de los EE.UU. bajo el ELA creado por el Congreso no es un status consensual o de absoluto autogobierno

El dilema es acentuado con la votación por "Ninguna de las anteriores", que carece de sentido legal. En lugar de un acto de autodeterminación entre alternativas factibles a las cuales el Congreso podría dar respuesta, un significativo !número de votantes prefirió evitar una elección informada. Además, la campaña partidaria que apoyaba la columna "Ninguna de las anteriores" abrazó doctrinas contradictorias: la unión permanente con ciudadanía estadounidense y la anulación de los elementos constitucionales y legales de la ley estadounidense ofrecidos en las cuatro opciones factibles de status correctamente presentadas en las papeletas.

La histórica votación que favoreció a la estadidad por sobre las otras opciones disponibles prepara la escena para la futura integración de Puerto Rico dentro del sistema político, económico y fiscal de la nación. Finalmente, El Congreso debe ejercer su exclusiva autoridad para definir los términos en los cuales Puerto Rico permanecerá bajo la soberanía de los Estados Unidos u obtendrá una soberanía separada. Sólo entonces podrán los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico hacer una elección informada en un proceso de autodeterminación con auspicio legislativo, con el fin de resolver de manera permanente la cuestión del status del territorio.

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