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La votación de Puerto Rico no es tan confusa

por Dick Thornburgh

1 de febrero de 1999
©Marca Registrada 1999 Dick Thornburgh

Como Procurador General de los EE.UU. durante las presidencias de Reagan y Bush, insto al Congreso a auspiciar un proceso democrático para resolver el status de Puerto Rico, basado en los principios constitucionales que reconocen iguales derechos y responsabilidades para todos los ciudadanos, y el gobierno con el consenso de los gobernados. Aunque estos valores básicos rigieron el proceso por el cual nuestra nación resolvió el status de otros 33 grandes y populosos territorios desde 1789, en 1998 el Congreso dejó una vez más sin resolver la postergada cuestión del status de Puerto Rico.

Sin embargo, en lugar de preguntarse por qué el Congreso todavía no tiene planes para poner fin al actual status de limbo político en el que se encuentra Puerto Rico, muchos eruditos reaccionaron ante el reciente plebiscito realizado bajo la ley local de Puerto Rico mostrando su perplejidad por que los partidarios de la estadidad en el territorio no han abandonado su causa a pesar de no haber conseguido la mayoría. Los resultados del plebiscito admiten un escrutinio más profundo. Con una asistencia al comicio del 73% del electorado, el 45,6 votó por la estadidad; el 2,5% por la independencia; apenas el 0.01% por el actual status político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado (ELA); el 0.02% por la independencia con tratado de "asociación" en lugar de unión; y el 50,2% por "ninguna de las anteriores".

Sugerir que la gran -pero al mismo tiempo indescifrable- cantidad de votos por "ninguna de las anteriores" constituye una aprobación del status quo linda con el absurdo, especialmente porque en las papeletas figuraba la opción del status quo en su más correcta formulación y recibió un apoyo ínfimo. El único resultado claro de la votación es que ni el actual status ni la independencia ni la estadidad "ganaron" con la mayoría de los votos emitidos en el plebiscito.

Muchos votantes no quisieron escoger entre opciones de status definidas por leyes locales en lugar de ser directamente fijadas por una ley del Congreso, a pesar de que las definiciones de la ley local reflejaban correctamente la ley federal. Por lo tanto, el 50,2% de los votos por "ninguna de las anteriores" expresa para muchos la incertidumbre sobre las opciones, y para otros el apoyo a un híbrido de estadidad e independencia no permitido por la constitución federal. En cualquier caso, sólo el Congreso puede definir los términos de la estadidad, la nacionalidad independiente o la continuidad del actual status para permitir una bien informada autodeterminación.

La última vez que el Congreso ejercitó el poder que le otorga la cláusula territorial para definir el status y los derechos de los residentes de Puerto Rico fue en 1950, cuando la Ley Pública de los EE.UU. 81-600 autorizó el establecimiento del sistema de autogobierno del ELA en materias que el Congreso o las cortes federales consideren de índole local. Este limitado autogobierno local fue aprobado por los votantes en el referéndum de 1952, auspiciado por el Congreso, pero desde entonces los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico no han tenido oportunidad de expresar sus aspiraciones a alcanzar el pleno autogobierno bajo opciones de status permanente reconocidas por el Congreso.

En la reciente votación, el ELA tal cual existe actualmente bajo la L.P. 81-600 fue rechazado por el 99,99% de los votantes, porque fue definido como territorial. La realidad es que el ELA es territorial, así que el voto contra la territorialidad del ELA le impone al Congreso la obligación de establecer un proceso que reestablezca el gobierno con el consenso de los gobernados.

Hasta que eso suceda, Puerto Rico se encuentra una vez más en la misma situación en que estaba antes de 1950. Los 3.8 millones de ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico permanecen privados de sus derechos civiles en el proc!eso político federal que los rige; y la administración por parte de los EE.UU. bajo el ELA creado por el Congreso no es un status consensual o de pleno autogobierno. A diferencia de 1950, el Congreso debe ahora decidir cuál de las opciones de status disponibles está dispuesto a considerar, e informar a los votantes sobre los términos y condiciones para la continuidad del actual status o para su reemplazo por un nuevo status permanente.

Así es como procedió el Congreso desde 1916 hasta la aprobación e implementación en 1946 de los términos para la independencia del ELA territorial de las Filipinas. El Congreso también manejó de este modo la transición hacia la estadidad de los 32 territorios que se convirtieron en estados, entre los que se incluyen Alaska y Hawaii, luego de la Segunda Guerra Mundial. La historia territorial demuestra que la reciente votación de Puerto Rico fue apenas un paso más en un largo proceso de autodeterminación en el cual el Congreso tiene la responsabilidad final.

Por ejemplo, en el territorio de Wisconsin el voto por la estadidad obtuvo el 25% en 1842, el 30% en 1843, y el 22% en 1844. Después de cada uno de estos fracasos, los partidarios de la estadidad peticionaron que el Congreso estableciera los términos para la admisión a fin de permitir una elección bien fundada (exactamente lo mismo que están haciendo los líderes puertorriqueños). Una vez que el Congreso respondió definiendo los términos para la admisión, los votos por la estadidad en Wisconsin subieron al 83% en 1886, lo que motivó su incorporación.

Algo similar ocurrió en el que sería el Estado de Washington, donde el voto por la estadidad alcanzó el 47% en 1869 y el 30% en 1871. Luego de que el Congreso aprobara la legislación que estipulaba los términos de adm!isión, el 60% de los votantes aprobó la estadidad.

Por lo tanto, en lugar sentirnos confusos porque los líderes de la estadidad en Puerto Rico demandan que el Congreso actúe sobre las bases del reciente plebiscito, recordemos que América se convirtió en la nación más grande de la historia de la humanidad otorgándole al pueblo las herramientas para la autodeterminación. Tarde o temprano el Congreso tendrá que hacer lo mismo con Puerto Rico, y cuanto antes lo haga, mucho mejor para Puerto Rico y la nación en su conjunto.