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SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
COMISION DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES

Audiencia para considerar los resultados del plebiscito de diciembre de 1998 en Puerto Rico

6 de mayo de 1999

Selección de la declararación escrita de la
Dra. Miriam J. Ramírez de Ferrer

Presidente de Puertorriqueños para la Acción Civil
("Puerto Ricans in Civic Action")
Box 3225, Mayaguez, PR 00681
(787) 834-0726, (787)306-1725

Muchos miembros (de la Cámara de Representantes y del Senado) han expresado su frustración porque el pueblo de Puerto Rico continuamente urge al Congreso a actuar sobre el asunto (del status) ya que piensan que la responsabilidad inicial debería recaer sobre los mismos residentes de Puerto Rico.

Los 3,8 millones de ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico han tomado seriamente esa responsabilidad. De hecho, la legislación sobre autodeterminación de la última sesión (Cám. Rep. 856/Sen. 472) fue presentada como reacción al referéndum de 1993, sancionado por la isla. Puerto Rico ha tomado la iniciativa con este referéndum, pero cuando los líderes de la isla presentaron los resultados al Congreso, las relevantes subcomisiones de Recursos de la Cámara y las Comisiones de Relaciones internacionales encontraron que las opciones de status, como estaban definidas, eran constitucionalmente inaceptables.

La definición que las comisiones hallaron objetable fue la de Estado Libre Asociado. La definición pro ELA (PPD) estaba lejos de ser un reflejo del status quo. Describía un pacto bilateral entre los EE.UU. y Puerto Rico que otorgaba la ciudadanía estadounidense permanente con garantía constitucional, la provisión ilimitada de fondos en programas federales, el mantenimiento de la exención impositiva, la facultad de firmar tratados con naciones extranjeras, poder de veto sobre leyes federales y más. En síntesis, es la misma formula que "prometía la luna" por la que hacía campaña el PPD para el plebiscito de diciembre.

El PPD pudo confundir una vez más la cuestión en ausencia de una acción definitiva del Senado sobre la S 472 del año pasado. El PPD pudo convencer a los votantes de que de alguna manera, bajo el ELA, el pueblo de Puerto Rico podría conseguir más. En ausencia de una acción definitiva y de clarificación sobre las opciones de status por parte del Congreso, ¿qué podía impedir que los votantes se aferraran a la noción de que podían tener lo mejor de la estadidad, la soberanía independiente y el ELA, todo junto con muy pocas responsabilidades?

Dejando de lado la retórica de todos los partidos, los votantes rechazaron claramente el status quo en diciembre. La opción de la papeleta -un claro reflejo del status quo- alcanzó el 0.01% de los votos. En una elección en la que participó el 70% del padrón electoral de toda la isla, se puede decir con certeza que el status quo ya no tiene ningún apoyo popular.

A pesar de que a algunos les gustaría pensar lo contrario, el voto por "ninguna de las anteriores" no puede ser considerado como un apoyo al status quo, dado que la realidad del actual arreglo de ELA estaba claramente presentada en las papeletas y fue manifiestamente rechazada.

Más aún, resulta absurdo que cualquier partido pretenda reclamar los votos por "ninguna de las anteriores". Son votos por la nada. Aquellos que emitieron votos de protesta, aquellos realmente confundidos por una papeleta con cinco opciones de status, y los votantes indecisos también estarían mezclados en esta amplia categoría.

De las opciones de status viables, la estadidad obtuvo el mayor apoyo, con el 46,5%. Sin embargo, No pretendo esperar que tal cifra resulte en un petitorio de estadidad. Reconozco que este plebiscito es apenas una parada más en el largo camino hacia la autodeterminación. Lo que espero es que los confusos resultados de otro defectuoso plebiscito efectuado en isla pongan claramente de manifiesto a nuestros amigos en ambas cámaras de que la verdadera autodeterminación sólo será posible si el Congreso establece oficialmente los parámetros para cada opción viable de status. Mientras la retórica política local sobre la isla continúe sin ser revisada, nuestros esfuerzos para asegurar un proceso libre y justo serán en vano.

Sería ingenuo no reconocer que cualquier legislación relativa al status de Puerto Rico será obligatoriamente controvertida. Aquellos que dentro y fuera del Congreso hicieron una infatigable campaña para abortar el proyecto de ley sobre el status de Puerto Rico en la última sesión justificaron su oposición señalando los potenciales peligros y escollos de un estado puertorriqueño. Tratar el básico interrogante de si casi 4 millones de ciudadanos estadounidenses que carecen del derecho a votar merecían un libre y justo proceso de autodeterminación fue un tema que aparentemente no interesó.

La cuestión de los costos siempre entra en discusión cuando se considera la posibilidad de que la isla opte eventualmente por la estadidad. Muchos argumentan en contra de la incorporación de un estado que reemplazará a Mississippi como el más pobre de la unión, yo considero extraño que los costos actuales raramente se discutan (es decir, los costos del ELA).

Quienes se oponen a la autodeterminación están tan centrados en la idea de "incorporarnos" como si fuéramos una nación independiente, que no son capaces de reconocer que Puerto Rico está "adentro", que hemos sido parte de los Estados Unidos durante un siglo. En realidad, tanto formamos parte de esta nación que la actual inversión Federal en Puerto Rico está en un promedio de $ 10.000 millones anuales.

Si la economía de Puerto Rico es tan poco atractiva y tan gravosa, por qué no hacer algo para mejorar la situación en lugar de continuar malgastando dinero en ella.

Al debatir el asunto del status, nadie parece preguntarse por qué la economía puertorriqueña está tan retrasada con respecto a la de los estados o como comenzar a resolver los problemas económicos de la isla; en cambio, la economía es empleada como una herramienta para bloquear la autodeterminación.

Padecemos las consecuencias de un inestable cima de inversión y una pesada estructura impositiva, y el Tesoro estadounidense y cada contribuyente americano sufren la pérdida de miles de millones de dólares federales en un sistema económico quebrado y sin solución a la vista. La continua inacción legislativa no hace otra cosa que perpetuar este agujero negro por el que se vierten los dólares de los contribuyentes estadounidense.

Además de la pérdida de capitales, la isla enfrenta la realidad de la pérdida de los jóvenes con mejor nivel de educación... ante la pobre oferta del mercado laboral insular.

Existe la impresión tanto en Puerto Rico como en la prensa continental, de que Puerto Rico tuvo su oportunidad en el Congreso y que no supo presentar su causa para lograr un proceso de autodeterminación sancionado legislativamente. Cualesquiera que san los próximos pasos, confío en que los miembros de esta comisión comprenden que el ELA nunca fue concebido como una solución permanente para Puerto Rico. En un futuro cercano, los costos económicos y políticos del ELA tornarán tan prioritaria esta materia para el Congreso como lo es para los 3,8 millones de sus ciudadanos en Puerto Rico.

En realidad, esa hora puede llegar mucho antes de lo que muchos anticipan. La trágica muerte de un guardia de seguridad civil de 35 años, ocurrida recientemente en Vieques, puede afectar de manera permanente el tono y el ritmo del debate sobre el status.

Los residentes insulares (...) han sido atormentados con el interrogante de cómo pudo haber ocurrido esto. Ningún estado en la unión toleraría un entrenamiento militar tan intenso a una distancia tan peligrosamente corta de una población civil.

¿Porqué, entonces, se está haciendo Puerto Rico? Primero y principal, no tenemos voz a nivel Federal y esta tragedia, le permite ver a nuestros residentes cuán serio es este problema. En segundo lugar, el Tío Sam nos necesita. El Tío Sam también necesitó a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico en cada conflicto americano desde la Primera Guerra Mundial. Nosotros en Puerto Rico no hemos rehuido de las obligaciones que la bandera que flamea sobre nuestra isla trae consigo. Lo que no podemos entender es porqué después de 100 años de dominio estadounidense no se nos otorga el mismo respeto que a los demás ciudadanos estadounidenses.

La marea está volviendo en Puerto Rico. Hemos servido a esta nación por más de un siglo, y valoramos nuestra ciudadanía estadounidense. Todo lo que pedimos es que nuestro gobierno traiga el mismo nivel de compromiso con los ideales democráticos que sostenemos en todo el mundo a nuestras propias costas.

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