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THE NEW YORK TIMES

Las agencias federales se oponen a la indulgencia para los 16 militantes

por David Johnston

27 de agosto de 1999
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WASHINGTON - Un amplio rango de agencias federales de aplicación de la ley a las que se les pidió que revisaran el pedido de clemencia presentado por los prisioneros del grupo nacionalista puertorriqueño se opusieron unánimemente a cualquier tipo de indulgencia en las semanas previas a que el presidente Clinton ofreciera conmutar la sentencia de 16 miembros de la organización, afirmaron el jueves diversos funcionarios.

El pedido de clemencia fue abiertamente denegado por Agencia Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia de Prisiones, y United States Attorneys (¿Abogados de los Estados Unidos?)de Illinois y Connecticut, dijeron los funcionarios.

A pesar de que su oposición fue mencionada en un informe final del Departamento de Justicia a la Casa Blanca, el mismo no daba recomendaciones específicas como a menudo se hace en tales informes. En cambio, el reporte sobre los 16 miembros del grupo independentista puertorriqueño conocido como Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) contenía, según funcionarios de la justicia, un cuidadoso análisis que ofrecía al presidente múltiples opciones para cada prisionero, que iban desde la libertad incondicional a ningún tipo de indulgencia.

Los funcionarios dijeron que el hecho de ofrecer a la Casa Blanca diferentes opciones, con un formato multiple choice, es algo inusual en los reportes de clemencia altamente confidenciales, y que se sugerían una diversidad de puntos de vista que no existen entre las agencias. Los funcionarios, que manifestaron estar disconformes con la decisión, reconocieron que no tenían evidencia de que alguien en el Departamento de Justicia o en la Casa Blanca hubiera buscado intencionalmente distorsionar el proceso de toma de decisiones.

Jim Kennedy, un vocero de la Casa Blanca, dijo el jueves que no discutiría los detalles de las comunicaciones entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, pero agregó que Charles F.C. Ruff, por entonces consejero de la Casa Blanca, estaba al tanto de los puntos de vista de las agencias y se los había comunicado fielmente a Clinton.

"El Presidente y su consejo entendieron en su plenitud los diferentes puntos de vista sobre este asunto y no fueron privados del necesario asesoramiento", dijo Kennedy. Los funcionarios de las agencias federales no han abordado públicamente esta cuestión, pero se quejaron en privado por la decisión presidencial del 11 de agosto que, según uno de los funcionarios de mayor antigüedad, dejó "estupefactos" e "indignados" a los agentes de la justicia por la oferta de indulto condicionado.

El jueves, Ruff reconoció haber mantenido largos debates con abogados en la oficina del Subprocurador General en el Departamento de Justicia. No comentó las conversaciones en detalle, pero dijo que no ocurrió "nada fuera de lo ordinario".

La mayoría de los 16 miembros del grupo fueron sentenciados por crímenes cometidos en una serie de casos ocurridos en la década del 70. Entre los delitos cometidos se encuentran la posesión ilegal de armas de fuego, el tráfico interestatal ilegal de un vehículo robado , la interferencia violenta al comercio interestatal y el tráfico interestatal de armas de fuego con la intención de cometer un crimen. Ninguno de estos cargos fue específicamente vinculado con los crímenes que produjeron muertes o heridas.

A pesar de ello, los miembros del FALN recibieron sentencias de 50 o más años de cárcel, y la mayoría ya ha permanecido en prisión más de 19 años.

De acuerdo con los términos de la oferta de Clinton, 11 presos estarían en condiciones de ser liberados de inmediato y 2 deberían permanecer un tiempo más en prisión para ser habilitados a salir en libertad. A otros 3, que ya han sido liberados, se les reducirían las multas aplicadas.

Pero los términos de la oferta presidencial están condicionados. Para que se les conmuten sus sentencias, los presos del FALN deben aceptar cooperar con las autoridades y renunciar al uso de cualquier tipo de violencia. Hasta el momento ninguno de los 16 presos ha aceptado la oferta presidencial.

En sus recomendaciones, los oficiales del FBI manifestaron su desacuerdo con que se otorgaran indulgencias a los miembros de un grupo militante que ha reconocido la autoría de actos terroristas en momentos en que los Estados Unidos están involucrados en una batalla mundial contra el terrorismo. Los funcionarios de la Agencia de Prisiones, que monitorean las visitas, llamadas telefónicas y cartas de los miembros del FALN, llegaron a la conclusión de que, en el caso de ser liberados, estos reasumirían sus conductas criminales aunque renunciaran a ello.

Dos abogados de los Estados Unidos que fueron consultados se manifestaron contrarios a la indulgencia. Se trata de Scott R. Lassar, de Chicago, donde 12 de los presos fueron sentenciados, y de Stephen C. Robinson, de New Haven, donde cuatro miembros del grupo fueron condenados por crímenes relacionados con el robo a un vehículo blindado. Funcionarios de ambas agencias declinaron hoy hacer declaraciones al respecto.

Sin embargo, el poder para otorgar indultos recae exclusivamente en el Presidente, y la Casa Blanca no siempre ha aceptado las recomendaciones del Departamento de Justicia. En indultos, conmutaciones y casos de clemencia, el Departamento y sus agencias sólo cumplen un papel de asesoramiento.

Miles de personas han firmado un petitorio e hicieron presión a favor de la liberación de los prisioneros, entre ellos el ex presidente Jimmy Carter y prominentes defensores de los derechos humanos como Desmond M. Tutu, de Sudáfrica, Premio Nobel, y Coretta Scott, viuda del Reverendo Martin Luther King Jr. . Varios legisladores demócratas de Nueva York también reclamaron a Clinton la liberación de los 16 prisioneros, entre los que se cuentan los representantes José E. Serrano Charles B. Rangel, Nydia M. Velázquez y Eliot L. Engel. Entre otros argumentos, sostienen que los tiempos de prisión son excesivos y que los presos ya han cumplido largas condenas.

Más aún, es muy inusual que el presidente rechace las recomendaciones unánimes de agencias de aplicación de la ley como el FBI, particularmente en un caso relacionado con un grupo responsable de atentados con explosivos que cobraron seis muertes y dejaron lisiadas a docenas de personas, entre las que se encuentran varios oficiales de la policía de Nueva York.

La oferta de indulto ha sido criticada por políticos como el alcalde de Nueva York, Rudolph W. Giuliani, quien le pidió a Clinton que la rescindiera, y el alcalde de Chicago, Richard M. Daley, un demócrata que raramente cuestiona a la Casa Blanca.

Algunos republicanos criticaron a Clinton por considerar que la oferta de clemencia parecía ser un esfuerzo para obtener el apoyo de la vasta población hispana de Nueva York, justo cuando Hilary Rodham Clinton está a punto de participar en la competencia para representar a ese distrito en el Senado. Funcionarios de la Casa Blanca negaron que la decisión fuera un esfuerzo para favorecerla, manifestando que las deliberaciones comenzaron antes de que la primera dama considerara postularse.

Jan Susler, abogada de Chicago que representa a los prisioneros puertorriqueños, dijo hoy que sus clientes querían tomar una decisión uniforme, pero que se encontraban dispersos en 11 prisiones federales diferentes.

Agregó que habían considerado cuidadosamente la oferta, pero "tiene un montón de problemas con las propuestas", en parte por tratarse de una oferta condicionada, que podría restringir sus actividades una vez fuera de la cárcel, incluyendo la posibilidad de reunirse entre sí.