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¿Quiénes son? Aquellos que aceptaron la oferta de clemencia y pueden salir en libertad de inmediato:
Aceptó la oferta de clemencia, pero debe cumplir cinco años más de prisión:
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WASHINGTON -- La Casa Blanca anunció en la tarde del martes que 12 presos miembros de un grupo nacionalista puertorriqueño aceptaron la oferta condicional de clemencia del presidente Clinton. Once de ellos podrán ser liberados en pocos días, mientras que al restante le fue reducida drásticamente su condena de 55 años y podrá salir en libertad bajo palabra dentro de cinco años . Diez de los 12 presos decidieron mudarse a Puerto Rico cuando sean liberados, a pesar de que muchos de ellos no han vivido allí desde que eran niños. Los dos restantes se reunirán con familiares en Chicago, donde la mayoría vivía cuando fueron arrestados a comienzos de los años '80. Los 12 formaban parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), que puso más de 100 bombas en Nueva York y Chicago en la década del '70 y a comienzos de los años '80, presionando para que Puerto Rico se independizara de los EE.UU. A pesar de que seis personas murieron y hubo varias decenas de heridos en esos atentados, ninguno de los presos a los que se les ofrece clemencia fue sentenciado por haber causado la muerte o heridas a persona alguna. Fueron condenados por posesión de armas y conspiración sediciosa. Entre las condiciones para su libertad bajo palabra se encuentra la de no cometer otros delitos y la de limitar su asociación con otros nacionalistas puertorriqueños que propongan la violencia. Otros dos prisioneros miembros del grupo radical conocido como FALN, rechazaron la oferta del presidente de conmutar sus sentencias. Clinton exigió como una de las condiciones para su liberación que los presos puertorriqueños renunciaran al uso del terrorismo para alcanzar la independencia del Estado Libre Asociado caribeño. Roberto Maldonado Rivera y Norman Ramírez Talavera, quienes fueron liberados hace varios años luego de cumplir sus sentencias por el robo de un vehículo blindado en West Hartford, Conn., aún no respondieron a la oferta de clemencia y tienen plazo hasta el viernes para hacerlo. La oferta de clemencia les perdonaría el pago de multas que les fueron impuestas en la causa. La oferta de clemencia efectuada el 11 de agosto por el presidente Clinton, que alcanza a 16 miembros del FALN y expira el viernes, se ha convertido en un controvertido tema político, en parte por la eventual participación de su esposa en la campaña senatorial de Nueva York el año próximo. Quienes se oponen a la oferta de clemencia, en particular los agentes del orden que resultaron heridos en los ataques de FALN, criticaron a Clinton por mostrarse blando ante el terrorismo y por tratar de conseguir apoyo para su esposa entre los miembros de la comunidad puertorriqueña de Nueva York. Pero los partidarios del perdón, entre quienes se encuentran el ex presidente Jimmy Carter y el Premio Nobel sudafricano Desmond Tutu, enmarcan el tema en términos de derechos humanos y argumentan que las sentencias de los miembros del FALN fueron desproporcionadas con los delitos cometidos. Los prisioneros recibieron sentencias de entre 35 y 90 años, mucho más duras que las que se aplican a los traficantes de drogas, por ejemplo, o a los asesinos convictos. La mayoría ya ha cumplido 19 años en prisión. "No se trata de quien será el próximo senador por Nueva York", dijo Jan Susler, abogada de los detenidos, en una conferencia de prensa realizada en Chicago. "Estas personas fueron a prisión por la mismo que Nelson Mandela fue encarcelado", argumentó, refiriéndose a las décadas de cárcel que precedieron a la elección de Mandela como primer presidente democrático de Sudáfrica. "Pienso que es una gran victoria y un logro para el pueblo puertorriqueño y para la gente que ama la justicia", afirmó Susler. Pero ella y otro abogado de los miembros del FALN, Michael Deutsch, añadieron que estaban preocupados por la posibilidad de que tras su liberación los nacionalistas sean acosados por los agentes seguridad y les sean negados su derechos políticos. Los abogados dijeron que planeaban crear una red de monitores para controlar que no se restrinjan los derechos de los presos liberados. Los dos nacionalistas que rechazaron la oferta del Presidente y permanecerán en prisión son Oscar López Rivera y Antonio Camacho Negrón. López Rivera fue sentenciado en Chicago en agosto de 1981 por numerosos cargos, entre los que se encuentran la violación de armas y la asociación ilícita para transportar explosivos con intención de destruir propiedad del Gobierno, por los que fue sentenciado a 70 años de prisión. Clinton le había ofrecido reducir su sentencia. Camacho Negrón fue sentenciado en Connecticut en junio de 1989 por asociación ilícita para robar un banco y tráfico de dinero robado al exterior. Fue condenado a 15 años de prisión. Camacho Negrón había sido puesto en libertad bajo palabra, pero volvió a prisión en febrero de 1998 por asociarse con activistas del movimiento independentista e involucrarse personalmente una vez más. Mientras tanto, Hillary Clinton se expuso a las críticas de los líderes latinos por el anuncio que efectuó el sábado de que se oponía a la oferta de clemencia de su esposo. Su posición la puso en el mismo bando que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudulph W. Giuliani (Rep.), su probable rival en la competencia para ocupar una banca en el Senado, y provocó el clamor de la políticamente influyente comunidad hispana. La señora Clinton dijo que la oferta era un "error" y que la falta de respuesta por parte de los prisioneros, especialmente en lo que respecta a la renuncia a la violencia, "resultaba significativa". (Un comunicado de prensa emitido por el abogado de los detenidos el 2 de septiembre aclaró que éstos aceptaban renunciar a la violencia). La intervención de la señora Clinton se produjo un día después de que los abogados de la Casa Blanca fijaran el 10 de septiembre como último plazo para que respondieran los miembros del FALN. Los líderes latinos expresaron su malestar por la posición de la señora Clinton, calificándola de prematura y sugiriendo que actuó para contrarrestar las denuncias de que la administración intenta complacer a su comunidad. En el Día del Trabajo, la primera dama trató de mitigar los agravios mediante estratégicas llamadas telefónicas, pero aparentemente no consiguió disminuir el malestar existente. Tanto Fernando Ferrer, presidente del municipio del Bronx, como la representante Nydia M. Velázquez (Dem.-NY) confirmaron hoy que hablaron el lunes con la señora Clinton. Sin embargo, ninguno de ellos dio precisiones sobre lo manifestado por la primera dama en las conversaciones. Ferrer declaró: "Le dije que había cometido un gran error". El representante José E. Serrano (Dem.-NY), quien amenazó durante el fin de semana con retirar su apoyo a Clinton y reafirmó esa postura hoy, expresó que no recibió ninguna llamada el lunes. "Ellos no me llaman", dijo. En una conferencia de prensa ofrecida en Manhattan, Serrano, Velázquez, Ferrer y otros 11 funcionarios latinos criticaron a la señora Clinton por hacer política con un tema que les pertenece, que es muy caro para los políticos latinos y que debería haber sido puesto más allá del debate político. Todos estos dirigentes son demócratas y difícilmente apoyarían la candidatura de Giuliani al Senado; pero, a pesar de ello, hicieron conocer su desagrado con claridad a la señora Clinton. "El asunto es que apoyamos la liberación", dijo emocionada la representante Carmen Arroyo, miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York. "Nosotros encomiamos al presidente. A quién le importa ahora Hilary Clinton". "O para el caso, Rudolph Giuliani", dijo Ferrer. "Nosotros queremos ver libres a los prisioneros", dijo Arroyo. A pesar de la polvareda política, Howard Wolfson, un portavoz del comité de la campaña senatorial de Clinton, dijo que los enfurecidos dirigentes latinos eran "amigos" de la señora Clinton. "Hillary Clinton comprende que sus amigos tengan profundos sentimientos sobre este asunto -explicó Wolfson-, pero mantiene su postura (del sábado)." |
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