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THE ORLANDO SENTINEL

Los eventos de Washington incitan al nacionalismo: una mirada desde la isla

por Ivan Roman

3 de octubre de 1999
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San Juan, Puerto Rico - El campeón de peso wélter, Félix "Tito" Trinidad, no es una figura de la política local.

Pero su festejo de bienvenida, en el que participaron más de 100 mil personas envueltas en banderas puertorriqueñas, paralizando el tránsito en las calles de San Juan, también podría haber sido un nuevo round en el largo combate de box que mantienen Puerto Rico y Washington.

Los miles de personas que aguardaban el paso de la caravana por el parque manifestaron su desagrado cuando apareció en escena un arreglo floral con las banderas de Puerto Rico y de los Estados Unidos formadas por claveles. Pronto se escucharon los gritos pidiendo que se retirara la bandera estadounidense, porque el triunfo de Trinidad era una victoria de Puerto Rico.

"¡Una sola estrella! ¡Una sola estrella!", cantaba la multitud, refiriéndose a la bandera de Puerto Rico.

En cualquier otro momento, hubiera sido un incidente trivial, incluso perdonable, o quizás sólo una natural muestra de orgullo por un puertorriqueño que alcanzó un triunfo, fama o fortuna.

Pero para Puerto Rico estos no son tiempos normales, porque los eventos ocurridos en Washington D.C., podrían estar causando el resurgir del nacionalismo local.

Algunos dicen que se debe, principalmente, al resentimiento hacia los Estados Unidos, que tomó el control de la isla hace 101 años como botín de la guerra Hispano-Americana. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero muchos se identifican más como isleños separados.

Esa es la razón por la cual cientos de miles de manifestantes con banderas puertorriqueñas demandaron el 4 de julio que la Marina de Guerra estadounidense abandone la isla-municipio de Vieques, usada desde 1941 como campo de tiro. Surgió como tema público luego de que una bomba errante matara a un guardia de seguridad el 19 de abril. Los organizadores de la marcha pidieron que no se usaran banderas estadounidenses porque podía convertirse en un elemento de discordia.

Pocas semanas después, muchas más personas llenaron 20 cuadras de una avenida en la zona bancaria de la ciudad, reclamando la incondicional liberación de los ex presidiarios a los que ellos llaman patriotas, y a los cuales otros en el continente les aplican el rótulo de terroristas. Los ex prisioneros fueron condenados por conspiración sediciosa contra los Estados Unidos por su participación en las actividades del FALN, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. El FALN se atribuyó la responsabilidad de unos 130 atentados explosivos en los Estados Unidos, en los que murieron 6 personas y hubo varias docenas de heridos.

La bienvenida triunfal que recibieron nueve de los prisioneros liberados en el aeropuerto de San Juan el fin de semana de su liberación reavivó el fuego de la controversia que ya envolvía a la oferta de clemencia del presidente Clinton.

Muchos se preguntan por qué una población que nunca apoyó la independencia de una manera significativa en las elecciones de los últimos 50 años le dio la bienvenida a los presidiarios que querían pelear una revolución armada contra los Estados Unidos.

"¿Qué está ocurriendo aquí, gente?", preguntó recientemente el Comisionado Residente, Carlos Romero Barceló, en una convención del Nuevo Partido Progresista. "¿Por qué permanecen en silencio cuando algunos dicen que queremos destruir nuestros valores democráticos?".

Existe cierta dicotomía por la cual la mayoría en Puerto Rico no es antiamericana y realmente valora su ciudadanía estadounidense, pero al mismo tiempo -según una encuesta del diario El Nuevo Día- quiere que la Marina de Guerra se retire de Vieques.

Inclusive los políticos partidarios de la estadidad, entre los que se encuentra Romero Barceló, prometen sumarse a los manifestantes independentistas que acampan en el campo de tiro, en un acto de desobediencia civil que busca evitar que la Marina reasuma los bombardeos. Algunos defensores de la estadidad están tan preocupados por la posibilidad de parecer antiamericanos que llaman a los programas radiales para pedirle a sus líderes que pongan fin a su distanciamiento con la Marina. Un legislador incluso propuso realizar una marcha a favor de América, con banderas estadounidenses por doquier.

Para quienes alientan desde hace mucho la independencia, la complejidad y las aparentes contradicciones son señales de un creciente nacionalismo. Sin embargo, para otros, simplemente refleja la frustración por lo que consideran una falta de respeto de Washington, particularmente del Congreso, que a menudo a expresado su desdén o falta de consideración por las preocupaciones del pueblo puertorriqueño. Por ejemplo, cuando se realizaron las primeras audiencias en el senado sobre el tema de Vieques, el 22 de septiembre, los representantes del punto de vista puertorriqueño ni siquiera fueron invitados.

"La gente se ha dado cuenta de que los Estados Unidos no son tan buenos como le dijeron", sostuvo la historiadora Ivonne Acosta. "En esta cuestión de Vieques, ellos están viendo ahora el lado oscuro. Están enojados por los daños causados y el abuso, y están enojados porque la gente de Washington no nos entiende".

Muchas personas de la isla, de todas las ideologías políticas, recuerdan los días de estricto régimen colonial y represión política. Ellos están dispuestos a respetar a aquellos que dieron sus vidas por su causa. Les muestran cierta reverencia, por ejemplo, a los nacionalistas liberados en 1979, que fueron condenados por el ataque al Congreso en 1954, en el que fueron heridos cinco legisladores.

Para quienes buscan que Puerto Rico se convierta en una nación independiente, el asunto de Vieques es un paso hacia la desmilitarización y la libertad, mientras que los partidarios de la estadidad lo consideran una cuestión de derechos civiles y justicia social para los ciudadanos americanos.

Estas complejas distinciones y sus explicaciones hacen que las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico sean difíciles de entender.

Favorecida por la mano de obra barata y la exención impositiva a las corporaciones estadounidenses, Puerto Rico tiene el más alto standard de vida de Latinoamérica y sus ciudadanos gozan de muchos derechos civiles otorgados por la constitución local y la de los Estados Unidos. Mientras siguen recibiendo miles de millones de ayuda federal y la migración ofrece la necesaria válvula de escape, la mayoría de los puertorriqueños está satisfecha, a pesar de verse atrapados en el turbulento debate político por el status.

Aunque le fue concedida cierta autonomía hace 47 años, Puerto Rico no se autogobierna por completo. En la isla, algunos sostienen que sigue siendo poco más que una colonia, a pesar de presentar las características tradicionales de un estado democrático.

Arraigado en la historia de la isla se encuentra el miedo a expresar cualquier tipo de nacionalismo. La historia también muestra una resistencia de parte del congreso a los cambios en el status político que afecten los intereses militares o económicos del país. Esta combinación ha impulsado a algunos grupos locales a la resistencia, a veces de manera violenta.

Para crear el actual status de Estado Libre Asociado (ELA), los residentes insulares fueron autorizados a organizar un gobierno basado en una constitución por ellos adoptada, que debía contar con la aprobación del Congreso. Sin embargo, el Congreso, que ya había proscrito la estadidad o la independencia como opciones, hizo cambios a la constitución aprobada, a pesar de las protestas de los dirigentes insulares. Los votantes de Puerto Rico ratificaron el status de Estado Libre Asociado en 1952.

Una ley aprobada localmente en 1948, y luego abolida nueve años después, convirtió en delito promover el derrocamiento o destrucción del gobierno insular o publicar, vender o exhibir cualquier literatura que amenazara al gobierno. Primero se la empleó para poner en prisión a los líderes nacionalistas, pero luego fue aplicada a los ciudadanos comunes que tenían banderas puertorriqueñas o que visitaban las tumbas de quienes habían sido famosos por apoyar la independencia. Conocida como la Ley Gag, tuvo el duradero efecto de hacer que esas personas se convirtieran en parias de la sociedad, siendo muchos rechazados en los empleos y viéndose otros obligados a emigrar fuera de la isla.

Pero, a pesar del resentimiento que crearon tales políticas, nunca hubo un movimiento de importancia a favor de la independencia. En el último plebiscito de diciembre, ampliamente boicoteado por algunos grupos partidarios del status independiente, solamente el 2 % votó por la independencia. El gobernador Pedro Rosselló, un miembro del partido que alienta la estadidad, no ve los eventos actuales como señales de un resurgimiento del nacionalismo. El lo llama "un sentimiento de puertoriqueñidad".

Si Puerto Rico fuera a reclamar su independencia ahora, argumentó Roselló, el Congreso se la concedería mañana, dadas las "manipuladas y orquestadas " imágenes que hacen que la isla parezca antiamericana para quienes están en Washington.

"Si el pueblo de Puerto Rico quiere la independencia, no necesita poner bombas o robar bancos", dijo en referencia a los miembros del FALN liberados recientemente. "Lo que tiene que hacer es votarla".

Algunos dicen que dada la historia de Puerto Rico, esta opinión resulta un poco ingenua.

"La expresión nacionalista en Puerto Rico siempre ha sido cultural, y esa expresión cultural nunca es vista en términos electorales porque sólo hemos tenido los últimos 12 años sin represión", explicó el analista político Juan Manuel García Passalacqua.

Aludía al descubrimiento, realizado en 1987, de 146 mil prontuarios de aquellos que se sospechaba eran partidarios de la independencia, efectuados por la policía puertorriqueña a pedido del FBI

"Mientras era un delito ser independentista, ¿quién iba a votar a favor de la independencia?", preguntó.

García Passalacqua cree que detrás del constante flamear de banderas y de la encendida retórica también subyace un rencor. Los últimos 10 años de frustrada legislación y audiencias sobre el status de la isla en el Congreso no han producido una ley que apunte a una auténtica autodeterminación de Puerto Rico, y significan un claro mensaje de rechazo a una sociedad relativamente pobre, que habla otro idioma y tiene una cultura diferente a la de los Estados Unidos.

Durante las audiencias realizadas el año pasado, el Congreso anuló cualquier posibilidad de otorgar mayor autonomía al actual status, el ELA, dispuso que sólo discutirá la independencia si las bases estadounidenses quedan permanentemente en la isla, e impulsó el mandato para la educación pública en inglés en caso de que se considere la estadidad.

Más recientemente, en las audiencias sobre Vieques realizadas en 22 de septiembre, la subcomisión de Preparación Militar del Senado, alentó ese resentimiento cuando su presidente, el senador James Inhofe, Rep. Okla. , sólo buscó presentar la opinión de la Marina en esta confrontación. Sus amenazas de clausurar la Estación Naval Roosevelt Roads y de recortar los beneficios de la ayuda federal si no se permitía la permanencia de la Marina fueron ampliamente considerados en la isla como un intento de chantaje. Por otra parte, las criticas de los políticos estadounidenses al acuerdo de clemencia hacen que crezca aún más el sentimiento en contra de Washington.

Ya sea que encuentren su origen en el resentimiento o en el nacionalismo, los recientes eventos de Puerto Rico señalan dicotomías que según algunos no encierran contradicción alguna. Dadas las décadas de complejos sentimientos entre los puertorriqueños sobre los Estados Unidos, la resistencia contra Washington no es incompatible con la valoración de la ciudadanía americana. Muchos tampoco ven como un conflicto poner en primer lugar la identidad puertorriqueña mientras se mantienen estrechos lazos con los Estados Unidos.

Más allá de que el pueblo piense que Puerto Rico debe ser un estado, un país independiente o continuar ligado a los Estados Unidos en un "nuevo y mejorado" ELA, hay una nueva disposición para desafiar a Washington.

"Es la nueva personalidad de Puerto Rico", afirmó Noel Colón Martínez, ex titular del Colegio de Abogados y activista independentista.